Río de Janeiro, Haití do Brasil

Fuente imagen: INDYMEDIA.org

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Por Juan Luis Berterretche

La favela no puede hoy ser entendida a partir de una serie de peculiaridades culturales -en el sentido de costumbres en común/1- exclusivas de su proceso histórico de formación bajo la mirada costumbrista benevolente de las élites, que le reservaron sólo su derecho a hegemonizar el carnaval y proveer personal de servicio. Se debe comenzar por ubicar su actual rol en la relación Capital/trabajo, siglo XXI.

Favelas: Guetos de explotación y discriminación de clase y étnica

Río de Janeiro y en especial su estructura urbana que combina gran cantidad de viviendas precarias e infraestructura miserable, con barrios de altísimo padrón edilicio y amplitud de servicios, es un territorio clave para entender la desigualdad en Brasil. Porque Río hace años que tiene sucesivos gobernadores y prefeitos en la avanzada de las políticas que encaminan la in-justicia, la represión, la especulación inmobiliaria, la discriminación étnica y económica y en conjunto todas las medidas institucionales y corporativas necesarias para una defensa irrestricta de la continuidad de la desigualdad en el país. Es en verdad una vidriera de todos los aspectos e interrelaciones estructurales que articulan la persistencia de esa enorme desigualdad social brasileña.

Los guetos favelados y su discriminada existencia conviven en Río con barrios y zonas residenciales y empresariales con instalaciones privativas sociales y culturales, en forma de enclave excluyente, en áreas separadas de otras partes de la ciudad por barreras sociales, económicas y muchas veces físicas como los condominios cerrados o los shoppings que impiden el ingreso a sectores populares.

Para el arquitecto/urbanista Roberto Rocco /2 la favela no es un gueto, “en lo que se refiere a los beneficios que la élite realiza con su existencia”. Pero reconoce que se trata de “una fuente de mano de obra barata y descalificada que se traduce en un ejército de domésticas, porteros, obreros de la construcción, empleados de empresas de seguridad, que se encargan de mantener el mundo de las clases privilegiadas funcionando”…”son parte de un modelo de desarrollo excluyente que amplifica las ganancias de la clase dominante por la vía, entre otros factores, de las bajas inversiones en vivienda social, dándole prioridad a las inversiones en infraestructura para las zonas de “clase alta” facilitando la especulación inmobiliaria y la consecuente acumulación de capital”.

La favela no es, estrictamente un gueto clásico de exclusión racial, cultural o religioso como aquellos donde fueron recluidos los judíos en la Edad Media o bajo el nazismo. Pero Peter Marcuse /3 utilizó con propiedad el término gueto para nombrar las zonas pauperizadas de los suburbios urbanos que combinan la exclusión de clase con la “racial”. Es este un fenómeno que se expande desde el siglo pasado en el mundo. Un nuevo tipo de gueto que “armoniza” la discriminación étnica con la explotación de clase. En las favelas brasileñas es indudable que el factor etnia (afro descendientes) se interrelaciona con la pertenencia al más bajo estamento de una clase social que trabaja a cambio de un salario.

La descripción de Rocco sobre la favela y sus trabajadores descalificados se ajusta más a la existencia favelada del siglo XX, donde habitaba un sub proletariado que a lo más que podía aspirar era a cumplir funciones de “servicios personales” de la clase media y la burguesía. Con la inclusión en el mercado procesada por el “lulismo” de ese sub-proletariado que abarca decena de millones de nuevos trabajadores y que, en significativa medida, habitaba y habita las favelas, en la actualidad hay una explotación de clase por el capital por la vía de acceder a puestos de trabajo “con remuneraciones por debajo de 2 salarios mínimos (R$ 1.448 en 2014) principalmente en el sector empresas de servicios y con alta rotación, precarización, fragmentación y menor presencia en un centro de trabajo fijo” /4.

Es decir estamos frente a territorios que antes del “lulismo” eran habitados mayormente por ese sub-proletariado que no era parte de la relación capital/trabajo, era discriminado, sin los derechos de los trabajadores sindicalizados y segregado por su pertenencia a la etnia afro-descendiente. Y que ahora integran el sector de la clase obrera más pauperizado. Pero que están en la actualidad en un proceso de conquistas indudables de nuevos derechos como trabajadores, así como etnia discriminada.

 

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Rocco también afirma con justeza que existe una resistencia -entre otras académica- a reconocer el factor étnico como determinante en su discriminación social. Se responsabiliza del prejuicio excluyente a la “nefasta herencia del esclavismo”, sin reconocer abiertamente en el país la notoria existencia de un “racismo” estructural, institucional e interpersonal /5.

 

Es por esas características mencionadas de los nuevos empleos, -diferentes al trabajo industrial sindicalizado-, que en muchos casos la protesta contra la desigualdad explota a partir del ámbito de convivencia común, -en el espacio de la favela- antes que en el lugar de trabajo.

 

Aquí es importante la relación que el Estado siempre creó con la favela “lazos de clientelismo electoral y de corrupción política con el dinero del tráfico”…”En el caso brasileño, la favela es más que nada un producto del Estado, que se excluye de asumir sus responsabilidades naturalizando la pobreza y apuntando a la favela como ‘infeliz producto de la historia’ “. Explicación ideológica que intenta exculpar al Estado de su real responsabilidad. A la vez que se demoniza a los favelados por los “reinos de terror en torno del crimen organizado” que el propio Estado desarrolló /6.

La favela es entonces un área donde se combina la discriminación y explotación de clase con la étnica. A la que se suma la incomprensión de ese proceso en los viejos sindicatos y centrales de trabajadores y movimientos sociales antiguos, así como en la mayoría de la “izquierda” tradicional, que pretende encuadrar al nuevo proletariado en las organizaciones sociales del siglo pasado.

 

Déficit habitacional

Aunque en los últimos 10 años entre los trabajadores con ingresos familiares mayores de 3 salarios mínimos el déficit de vivienda disminuyó, en los hogares con ingreso por debajo de 3 salarios mínimos el déficit aumentó un 3%, pasando de 70,5% en 2007 a 73,6% en 2012. La razón es que el ingreso familiar menor a 3 salarios mínimos no cumple los requisitos de la Caixa Económica para intervenir en los planes “Minha casa, Minha vida”. Las medidas “asistencialistas” del “lulismo” no incluyeron predecir las demandas por vivienda que surgirían del seno de ese nuevo proletariado con ingresos familiares menores a 2 o 3 salarios mínimos. Menos aún se anticiparon a las protestas callejeras que se desatarían como expresión de ese déficit, que en un 81% es urbano /7.

 

Confiados en su control de los movimientos sociales institucionalizados, los gobiernos petistas no previeron que se multiplicarían las demandas urbanas por el acceso a los servicios públicos y el ejercicio de nuevos derechos como el de la vivienda. Y ubicaron como centro del desarrollo nacional, la inversión estatal en obras de infraestructura que darían impulso al capitalismo brasileño y responderían a necesidades de las clases medias (profesionales y tecnócratas) y de algunos estamentos más favorecidos del trabajador industrial.

Durante los dos ejercicios que gobernó Lula se lanzaron los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC I y II) apuntando a realizar las obras de infraestructura que permitieran un crecimiento que transformaría a Brasil en la “China latinoamericana”. El PAC I contó con US$ 370 mil millones para la realización de 2471 proyectos de infraestructura. El PAC II anunciado oportunamente antes de iniciarse la campaña electoral de 2010, destinó US$ 878 mil millones con igual objetivo. Una enorme inyección de capital que favoreció en primer lugar a las constructoras transnacionales de capital brasileño y que -en algún caso- se derramó incluso hacia las inversiones de capital de origen delictivo /8.

El gobierno de Dilma lanzó un Plan Nacional de Logística (PNL) dirigido al desarrollo de la infraestructura del país, (autopistas, ferrovías, puertos, aeropuertos, etc.) así como a las obras “necesarias” para alojar mega eventos deportivos (copa de las confederaciones -2013- campeonato mundial de futbol -2014- y Juegos olímpicos de 2016). Y utilizó y utiliza ese Plan para realizar una contra reforma urbana en las principales ciudades del país. La mayoría de los desplazamientos de pobladores favorecieron una “limpieza de indeseables” en zonas conflictivas, donde se trató de desmontar la organización comunitaria. En todo Brasil fue desatendida la mejoría de condiciones de vida de la población carente, en los aspectos de infraestructura urbana, vivienda, saneamiento básico, salud, enseñanza y transporte. Dándole prioridad a grandes emprendimientos que desarrollaran la especulación inmobiliaria.

 

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Como David Harvey señala “la producción del espacio urbano se conecta cada vez más a la forma mercadería que sirve a las necesidades de la acumulación promoviendo cambios, exigiendo readaptaciones de usos y funciones de los lugares en la ciudad, reproduciéndose bajo la ley de lo reproducible. Esto es así porque hoy, cada vez más, el espacio producido como mercadería entra en el circuito del intercambio atrayendo capitales que migran de otros sectores de la economía de modo de viabilizar la reproducción en un momento de super-acumulación del capital que coacciona y solapa la producción de la ciudad como espacio-tiempos de realización de la vida humana.” Y concluye “El capital tiene la capacidad de construir las ciudades que quiera sin importarle lo que necesita la gente. Como individuos nos vemos obligados a vivir en el tipo de ciudad que el capital quiera y el tipo de ciudad que es coherente con mantener la acumulación de capital” /9.

 

Mientras el tema habitacional se destacó como el principal problema urbano de las capitales estaduales. São Paulo ya engendró un enorme movimiento urbano por vivienda que se organiza en el Movimento dos Trabalhadores Sem-teto (MTST) y que obtuvo con sus movilizaciones y ocupaciones de tierra un importante reconocimiento en la votación por los vereadores (ediles) de la ciudad, del Plano Director de São Paulo (julio 2014), con la aprobación de varias Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS), para construcción de viviendas populares.

 

Este factor de déficit de vivienda, aumenta en Río de Janeiro la situación de rebelión social de las favelas. Río es la segunda ciudad del país con el mayor déficit habitacional en números absolutos. Sólo pierde para São Paulo. Pero en relación a la población, São Paulo tiene casi el doble de pobladores, tanto en la ciudad propiamente dicha, como en su región metropolitana /10. Lo que convierte al déficit habitacional carioca en el peor del país, en relación al número de pobladores. Déficit que se concentra en las favelas.

 

En Río, en la medida que el problema de la ausencia o pésima calidad de las viviendas se fue transformando en consciencia de necesidad /11, la comprensión sobre la desigualdad social se hizo más evidente y la lucha popular por viviendas se intensificó. Es lo que pasó en los últimos años. Pero alcaldes -prefeitos- y gobernadores estaduales con apoyo federal han dado prioridad a una política de “seguridad” exacerbada contra las poblaciones de favela, con el objetivo de entorpecer la organización y el desarrollo de las luchas de los sin-techo y de las poblaciones sin los servicios públicos indispensables del Estado.

 

De cualquier forma la situación social de Río por la complejidad y diversidad de factores que la enervan se ha convertido en algo explosivo. Durante junio y julio de 2014 el escenario de las luchas populares en la ciudad se ha visto agravado por la persecución policial y judicial contra los activistas de las protestas. A la vez que, a la tradicional violencia mortífera de policías militares y milicias para-policiales se sumó una intervención de las fuerzas armadas en varias favelas y el intento judicial de instalar una abierta ilegalidad de “estado de excepción” en su territorio. Lo que ha transformado a la ciudad en un escenario de intolerancia institucional negativa, ejemplar para todo Brasil.

 

Amarildo: Los crímenes de la PM y de la “policía pacificadora”

 

La notoriedad nacional e internacional que tomó el caso del trabajador de la construcción Amarildo de Souza, de la favela Rocinha, desaparecido en las manos de la policía carioca, llevó a tomar consciencia de una situación delictiva de las fuerzas de seguridad del estado: el aumento de los desaparecimientos estarían encubriendo crímenes policiales.

 

La investigación presionada por la movilización social, terminó comprobando que Amarildo fue torturado dentro de la propia sede de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) y que ese “método” era utilizado allí con asiduidad. Las “técnicas” usadas incluían asfixia con saco plástico, choque eléctrico en la planta de los pies mojados y “submarino” en el inodoro. Es decir no se las puede definir con el eufemismo estadounidense de “técnicas innovadoras de interrogatorio”. Lo de las torturas de la “policía pacificadora” volvió a revelarse el mes pasado: la organización Human Rights Watch denunció el 28 de julio, 64 casos de torturas y violaciones de los derechos humanos en Brasil en los últimos cuatro años y afirmó que por lo menos 150 policías estarían implicados. La denuncia está en un comunicado enviado por el grupo de DDHH a presidencia y al Congreso Nacional /12.

 

Durante los dos ejercicios de Sérgio Cabral como gobernador, los “tipificados” como “auto de resistência” en la jerga policial, es decir muertes de civiles en falso “enfrentamiento con la policía” que eran la norma, han pasado a ser desaparecimientos forzosos. Y las muertes por arma de fuego son clasificadas ahora como “muertes violentas de causa indeterminada”, para prescindir en ambos casos de cualquier investigación. Existen varias investigaciones independientes que concluyen con igual convencimiento sobre este tema /13.

 

El abogado João Tancredo, que representa a la familia de Amarildo en la Justicia, define con claridad esta tesis:

 

“Para mí, el ‘auto de resistência’ hoy en día se ha tornado desaparecimiento. ¿Por qué? El “auto” tiene los nombres de las víctimas y de los policías militares que intervinieron en el hecho. Si la familia de la víctima exige que se investigue y la sociedad civil se moviliza, el PM que ejecutó cobardemente va a la cárcel. Para el gobierno del estado es mejor no ser evidenciado por la brutalidad policial. El aumento de los desaparecidos tiene sentido en esta idea. Desaparecimiento no tiene autor evidente” /14.

En el período 2007-2013 bajo el mandato de Sérgio Cabral como gobernador de Río, las propias estadísticas del Instituto de Seguridad Pública (ISP), vinculado a la Secretaría de Seguridad Pública, registraron casi 35 mil desaparecidos!! Un verdadero genocidio que supera las desapariciones en Chile bajo Pinochet y lo asemeja con la actuación de la junta militar argentina. Si lo relacionamos al tamaño de las poblaciones, el estado de Río y Chile son similares, pero Argentina tiene más de 2 veces y media la población del estado brasileño. Al ritmo de desapariciones hasta el año pasado, al fin de 2014 los desaparecidos sumarían más de 40 mil. Lo que hace imperioso la instalación de una Comisión de Verdad sobre desaparecidos que realice una amplia y exhaustiva investigación independiente. De acuerdo al mismo ISP, en 22 años las desapariciones sumaron 92 mil personas /15.

 

Río: Prototipo de desigualdad e injusticia

 

Según el censo demográfico de 2010 de IBGE, el primer mundo y el último conviven en los 1.182 kilómetros cuadrados del estado de Río de Janeiro. Los barrios “nobles” poseen un Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre los diez primeros mayores IDH del mundo. Gávea tiene el mismo IDH que Australia (0.970) que está en segundo lugar en el listado mundial. Leblon tiene un IDH (0.967) mayor que Canadá (0.966) que ostenta el cuarto lugar en el mundo. Jardim Guanabara iguala en IDH a Suecia (0.963) que se ubica séptimo e Ipanema con 0.962 supera a Francia (0.961) octavo en el ranking, Lagoa iguala a Finlandia (0.959) décimo en el mundo.

 

En el extremo opuesto tenemos el barrio de Manguinhos con un IDH (0.726) menor que el de Mongolia (0.727) que se ubica en el lugar 115 en el mundo; el Complexo do Alemão con un IDH (0.711) menor que Guinea Ecuatorial (0.719); la favela de Rocinha con un IDH (0.735) menor que los Territorios Palestinos y Jacarecinho con un IDH (0.731) menor que el de Honduras (0.732).

 

De acuerdo al censo de 2010 el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) en los denominados por el Instituto “aglomerados subnormales” en términos de vivienda (con que se nombra a todos los asentamientos irregulares conocidos como favelas, invasiones, grotas, baixadas, comunidades, vilas,, ressacas, mocambos y palafitas, entre otros) dan la pauta de la desigualdad social en las ciudades. La explicación no es difícil: en Río de Janeiro la cuarta parte (25,6%) de la población favelada tiene un rendimiento nominal domiciliar de hasta medio salario mínimo. Mientras que en el resto de la ciudad ese porcentaje baja a poco más del 10% (10,7%).

En educación sólo el 1,2% de la población favelada de Río contaba con curso superior, mientras que en el resto de la ciudad ese porcentaje alcanzaba casi el 15%. En las viviendas de las favelas también hay menos electrodomésticos y menor conexión a Internet, por domicilio.

La circulación interna en las favelas se realiza a través de una infraestructura vial precaria de escaleras, callejones, callejuelas y rampas. La región metropolitana de Río de Janeiro fue la segunda -después de la región metropolitana de Sao Paulo en concentración de domicilios en “aglomerados subnormales” con el 14,9% del total nacional. En la región metropolitana de Río de Janeiro estaban las mayores cantidades de viviendas en fajas laterales de dominio de ferrovías y carreteras /16.

 

La ocupación militar de las favelas de Río

 

Definitivamente, las comunidades miserables de Haití sirvieron de laboratorio para la actuación del ejército brasileño en las favelas de Río. Así como la Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) sirven como modelo para la organización de la policía haitiana. En mayo de 2013 el gobernador Sergio Cabral y el primer ministro haitiano Laurent Lamothe firmaron un acuerdo de intercambio de profesionales y de experiencias entre la policía militar de Río y la policía nacional de Haití en el tema de intervención policial en las comunidades pobres. En enero de 2014 llegó a Río un grupo de policías haitianos, para interiorizarse sobre la metodología de las UPPs y la estructura de la policía militar fluminense. La nueva policía nacional de Haití que impone la intervención de la Minustah bajo dirección de Brasil, está siendo desarrollada con todos los vicios y transgresiones a los derechos ciudadanos, de las unidades expertas en represión como el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). La intermediaria entre ambas fuerzas policiales es una ONG, Viva Río no Haití, cuyo coordinador Ubiratá Angelo explicó: “el proceso de pacificación engloba la decisión del gobierno, cual área será pacificada, ahí entra la inteligencia policial, después entran las tropas de intervención, por eso los visitantes conversan con esos tres sectores inicialmente” /17.

Morro da Providencia. En 2008 cerca de 200 hombres del ejército, del Comando Militar del Este, ocuparon el “Morro da Previdencia” en la zona portuaria de Río supuestamente para garantizar obras de un proyecto denominado “Cimento social”. “En este morro lo principal era favorecer el proyecto del Porto Maravilha, donde algunas familias fueron removidas por la construcción de un teleférico, y otras sin ninguna justificación desde áreas sin riesgo”…“Esos procesos de remociones dan prioridad a las inversiones empresariales y los negocios y se realizaron a través de un proceso decisorio autoritario, cerrado, no transparente y simbólicamente muy violento” /18. En 2014, en una confraternización con empresarios de la construcción, donde participaba Carlos Carvalho que remodela la zona portuaria, el prefeito de Río, Eduardo Paes (PMDB) se vanaglorió: “Hoy, el puerto es el lugar de la ciudad donde hay más especulación inmobiliaria, y gracias a dios es así.”

 

Bajo la ocupación, en junio de 2008, once militares participaron de la muerte de tres jóvenes supuestos “minoristas de traficantes” de dicho “morro”, que fueron entregados a narcos antagónicos del “Morro da Mineira” para ser torturados y muertos. En realidad los militares vendieron los jóvenes por R$ 60 mil a los traficantes de la “Mineira”. Los hechos se hicieron públicos porque una moradora de la favela salvó a uno de los jóvenes que estaban siendo golpeados por el grupo de militares introduciéndolo en su casa y trancando la puerta.

A raíz de este acontecimiento que se hizo público intervino una jueza de Río que dictaminó la salida de los militares de la favela. Pero una instancia judicial superior decidió mantener los militares en el “morro”. Los efectivos del ejército se redujeron a 60 y la justicia estableció restricciones a su actividad. Según decisión judicial los militares no podrían ejercer actividades que impliquen seguridad pública o garantía de la ley y el orden, ya que dichas funciones les están impedidas constitucionalmente. Este fue el primer intento de ocupación militar de una favela bajo gobierno de Lula, para crear un antecedente en ese sentido. La importancia de esta “operación experimental” y su descrédito fue tal, que el propio presidente Lula se entrevistó con las madres de los jóvenes asesinados y se comprometió a indemnizar a las familias, para detener cualquier acción judicial.

Complexo do Alemão. El último fin de semana de noviembre de 2010 todas las cadenas de TV de Brasil realizaron una cobertura “espectacular” de la invasión a algunas favelas de Río por centenares de policías militares (PM) de elite -el varias veces acusado de corrupción, Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) y 800 infantes de marina del Comando Militar del Este -integrantes de las Fuerzas Armadas con experiencia de represión a civiles en Haití- apoyados por helicópteros y vehículos blindados. La operación comenzó el jueves 25 de noviembre en la Vila Cruzeiro y continuó el domingo 28 sobre el Complexo do Alemão que reúne 13 favelas donde viven unas 150 mil personas. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de muertos que dejó como saldo la acción represiva. Ni imágenes de TV sobre detalles del operativo.

 

Durante la operación en la Vila Cruzeiro y el Complexo do Alemão el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) derrumbó puertas y allanó viviendas y destruyó o sustrajo pertenencias de los pobladores sin ninguna clase de autorización o fiscalización judicial. Ni la Orden de Abogados de Brasil (OAB) ni su filial de Río de Janeiro reclamaron por este obvio abuso del truculento BOPE. Tampoco la Justicia hizo declaraciones al respecto. Se considera axiomático que los favelados no tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos.

 

Comencemos por decir que en los tres años anteriores a la intervención, la policía y los servicios del Estado no ingresaron para nada en dichas favelas. Después de tres años sin aparecer, el lunes 29 de noviembre de 2010 se realizó allí una escenificación de recolección de residuos y de basurales para las cámaras de TV. Escuelas, guarderías y policlínicas o no existen o son insuficientes. La TV Record News combinó escenas anodinas del operativo policial-militar con llamamientos a los favelados para que aplaudieran la intervención de los uniformados y publicidades de la faja abdominal “abdomil” que “le garantiza la pérdida instantánea de 8 centímetros de cintura”. En una modesta guardería para niños de 2 a 5 años estos ya habían aprendido que, al sentir los primeros disparos de una balacera, debían concurrir a un pequeño salón resguardado y cobijarse bajo una mesa. “Para que no nos maten” explica con convicción un niño de 3 años.

El territorio invadido poseía poco más que el 7% de la población de las favelas y no mucho más del 1 o 2% de la superficie favelada de la ciudad. Pero la acción fue presentada como una batalla definitiva contra el narcotráfico de Río. Las fuerzas permanecieron en dichas favelas por casi 2 años.

Favela Santo Amaro. Desde mayo de 2012, cerca de 150 hombres de la Força Nacional /19 ocupan la favela de Santo Amaro, en Catete, Zona Sur de Río de Janeiro. Para este comando de la Força Nacional el 21/07 pasado hubo una ampliación del plazo de permanencia por más 90 días para “continuar dando un supuesto apoyo al programa ‘Crack, é Possível Vencer’. Y ya se prevé que su actuación podrá ser prorrogada nuevamente /20.

 

Complexo da Maré. Desde abril de 2014, 2700 hombres del ejército y la marina substituyeron parte del efectivo de la policía militar de la Maré en la zona norte de la ciudad. El Complexo da Maré es un denso territorio donde viven más de 130 mil personas, auto-organizadas en dieciséis favelas. Estas existen porque sus moradores resisten la exclusión de la ciudadanía y luchan por el derecho a ser parte de la ciudad de Río de Janeiro. Para la gente del “asfalto” el Complexo da Maré, es un lugar peligroso pero de pasaje obligatorio pues arterias fundamentales de movilidad urbana en Río -Avenida Brasil, Linha Vermelha y Linha Amarela- cruzan o circulan el territorio. La ocupación preveía facilitar el desplazamiento de turistas por la Copa del mundo. Es simbólico que el Complexo de Maré sea también conocido como “Faja de Gaza”. El 31/07 la presidente Dilma Rousseff postergó hasta el 31/10 la permanencia del ejército y la marina en el Complexo da Maré.

 

Fuerza Nacional de Seguridad. Para la Copa del Mundo de 2014, la Força Nacional aportó un efectivo de más de 10 mil hombres para actuar en el control y la represión de protestas populares en las 12 ciudades sede de la Copa. En Río de Janeiro, el pedido de prórroga para el mantenimiento de los efectivos en la ciudad, hecho por el gobernador Luiz Fernando Pezão (sustituto de Sérgio Cabral por la campaña electoral de este año). Pezão argumentó que prevé aumento de las demandas populares durante el período electoral, lo que va a requerir la movilización de todo el efectivo de la Policía Militar (PM). O sea las razones para el mantenimiento de la tropa son abiertamente represivas.

 

Para el Ministerio de Defensa, movimientos sociales son “amenazas”

 

Luego de un cierto ocultamiento gubernamental de las disposiciones que se estaban tomando para defender el Mundial de Futbol, a fines de enero de 2014 se dio a conocer la Portaría 3.461 del Ministerio de Defensa, con la firma del ministro Celso Amorim. El documento considera a los movimientos sociales como “fuerzas oponentes” y “amenazas” (p. 15) del Ejército, Marina y Aeronáutica en las situaciones en que éstas fueran accionadas para garantir la ley y el orden, e iguala a las organizaciones populares con cuadrillas contrabandistas y facciones criminosas.

 

El texto está redactado en un lenguaje que recuerda la antigua Doctrina de la Seguridad Nacional de los golpistas del 64. Empleo de “inteligencia y contra inteligencia” y el “uso progresivo de la fuerza” (p. 26). Incluye entre las “principales amenazas” (p. 29) el “bloqueo de vías públicas”, “disturbios urbanos”, “invasión de propiedades e instalaciones rurales y urbanas” y hasta mismo “la paralización de actividades productivas”. Es decir en el documento inquisidor militar no se excluyen de la condena ni las huelgas de los trabajadores /21.

 

La Comisión Nacional de Verdad (CNV) había solicitado a los comandos de las tres fuerzas -ejército, marina y aeronáutica- que informaran a la Comisión sobre el uso ilegal de siete unidades militares, durante la dictadura cívico/militar/empresarial de 1964 a 1985. En esos locales fueron torturados por lo menos 15 personas y muertas por lo menos 9. Sin embargo, en las respuestas enviadas en junio/2014 a la Comisión, los comandantes presentaron tres informes similares sobre el histórico de dichas unidades, afirmando que ellas siempre actuaron de acuerdo con las leyes de la época, sin hacer referencia a casos de muerte o tortura. Argumentaron que mucha documentación fue destruida y concluyen que “no existen registros formales que permitan comprobar el uso de las instalaciones militares para fines diferentes de los que tenían prescripto”.

 

Las Comisiones de Verdad en todo el país comprobaron hechos vergonzosos de tortura y muerte, en el combate militar a un supuesto “enemigo interno”. Las respuestas de las tres fuerzas muestran que el actual comando de las FFAA brasileñas se niega a colaborar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por sus integrantes.

 

Los informes del comando de las FFAA fueron desmentidos al mes siguiente (31/07/2014) por las declaraciones del juez militar jubilado Nelson Guimarães que admitió en su exposición ante la CNV que había tortura sistemática en las prisiones ilegales en dependencias militares y policiales durante la dictadura. Y que tanto el sindicalista Olavo Hansen, como el líder estudiantil Paulo Vannuchi y Frei Tito murieron a consecuencia de la tortura /22.

 

Pero existe un hecho incontrovertible que ubica a los comandantes en jefe de las tres armas en actitud de prepotencia y desprecio a la legalidad democrática. Uno de los 7 centros de represión mencionados por la CNV en su requerimiento de informes a las FFAA, es el conocido DOI-CODI del II ejército, ubicado en la calle Tutoia de la capital paulista. En él fue torturada durante 22 días una estudiante mineira integrante del grupo guerrillero VAR-Palmares, conocida bajo el seudónimo de “Estela”. Cuatro décadas después, la ex-guerrillera Dilma Vana Rousseff, es hoy, como presidente de Brasil, supuesta comandante suprema de las fuerzas armadas. Y éstas, vuelven a ultrajarla con su respuesta a la CNV.

 

Es indudable que estos hechos son el resultado de la impunidad de sus crímenes bajo la dictadura; su desempeño como invasores y represores del pueblo haitiano, en la Minustah, y las nuevas funciones que les está adjudicando el gobierno petista en la ocupación y control de la “seguridad” en la favelas de Río de Janeiro.

 

Inocentes pueden acabar como reos de la justicia militar /23

 

Cualquier persona acusada de cometer un crimen contra militares o instituciones militares federales puede ser juzgada por un tribunal militar de la Unión, sin necesidad de validez de pruebas por la justicia civil. Con la ocupación militar de espacios urbanos, esta posibilidad se acrecienta ya que se convive con posibles abordajes autoritarios de militares que se sienten protegidos por un sistema de justicia en el cual ellos mismos están en el comando.

 

Y esto no es sólo una posibilidad remota. En el Complexo do Alemão en 2011, una joven de 22 años salió de la casa para ayudar un vecino que pedía socorro en cuanto era forzado a entrar en un jeep por militares. Sin entender que pasaba pidió para hablar con él y la respuesta fue un tiro de bala de goma en el pie izquierdo. En el hospital donde la atendieron por tres dedos quebrados, se recusó a firmar un papel en blanco presentado por un oficial militar. La detuvieron acusándola de desacato y otros crímenes. En primera instancia, 5 jueces -cuatro militares y un civil- la condenaron a 6 meses de prisión en base al testimonio de militares del mismo agrupamiento que la agredió. Como apeló fue nuevamente juzgada por el superior tribunal militar -integrado por 15 jueces, 10 militares y 5 civiles- que mantuvo -como era obvio por su integración- la decisión de primera instancia. Los militares agresores contaron con total impunidad. Al contrario de la justicia federal no existe un tercer recurso antes del supremo.

 

Es decir, a pesar de vivirse en una democracia, cualquier ciudadano civil puede transformarse en reo por acusación de desacato o cualquier otra forma de supuesta insubordinación a las fuerzas armadas. La procuraduría general de la república entró con una acción en el supremo tribunal federal (STF) para terminar con ese absurdo. Los militares no quieren perder ese privilegio e intentan presionar a los ministros del STF. Sin embargo la sociedad civil ya comenzó a organizar una gran movilización para desmilitarizar la justicia.

 

La ocupación militar en las favelas favorece crecimiento de las “milicias”.

 

En el caso del Complexo da Maré, la ocupación militar, tiene un comportamiento permisivo respecto a las milicias parapoliciales. El “enemigo interno” es el traficante y no el policial corrupto que integra las milicias. La tarea de “pacificar” se centra en las áreas de influencia del tráfico. Existe un proceso de decadencia de los comandos narcos que se inició en 1990 con la caída del precio de la cocaína y el surgimiento y popularización de drogas sintéticas como ecstasy o LSD comercializados fuera de la favela por traficantes de clase media y media alta. Indirectamente la acción estatal fortaleció las milicias pues su territorio no fue casi alterado desde el inicio del programa de “pacificación”.

 

Existen estimativas de que en cuanto las tres fracciones del tráfico (Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos) controlan hoy el 40,6% de todas las favelas cariocas, las milicias dominan el 42,5% del área total. Pero con el agravante, que el tráfico posee los mercados consumidores menos dinámicos y de más bajo poder adquisitivo. La expansión de las milicias fue muy agresiva por el consentimiento e incluso el estímulo del propio Estado, como solución alternativa a los narcos.

 

El favorecimiento a las milicias pudo comprobarse desde el alcalde (prefeito) de Río de Janeiro César Maia (1993-1996, 2000-2003 y 2005-2008) que apoyó a los grupos de milicias y llegó a llamarlas “autodefensas comunitarias” y un “mal menor que el tráfico” asegurando en 2004 que el fenómeno de las milicias era una reacción natural de los habitantes de las favelas. La gobernadora del estado Rosinha Matheus (2003-2006) no reconocía la existencia de las cuadrillas parapoliciales. El gobernador Sergio Cabral contó con los jefes de las milicias en los actos de su primera campaña electoral de 2006. Reelecto en 2010 por la coalición que lideraba Lula, anunció al inicio de su gobierno que reprimiría las milicias. Pero luego, tanto la policía como el Ministerio Público de Río de Janeiro declararon que la “integración a una milicia no constituye un delito criminal” y la expansión de los parapoliciales se siguió extendiendo. Y Eduardo Paes, actual prefeito carioca, “enumeró y colocó en Internet durante su candidatura al gobierno del estado, en 2006, los ‘benefícios’ que los “milicianos” aportaban a sus territorios en Jacarepaguá.

 

Sin duda los paramilitares se debilitaron con la CPI de las “milicias” realizada en Río en 2008, donde se identificó sus principales áreas de actuación y sus estrategias para lucrar, posibilitando la acusación formal y la casación de muchos agentes públicos de seguridad y políticos envueltos con las cuadrillas. Esto los ha llevado a hacer menos visible su presencia y evitar demostraciones de fuerza públicas. Actuando ahora en centros de tortura clandestinos y casas de muerte con desaparecimiento garantido de cuerpos /24.

 

Primeros presos políticos del siglo XXI en Brasil

 

El ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, en la misma semana del sospechoso atentado con una bengala contra el camarógrafo de la TV Bandeirantes Santiago Andrade y el “brote histérico” represivo promovido por los medios para aprobar una ley anti-terrorista auspiciada por la FIFA, anunció que presentaría a la presidencia un proyecto para reglamentar las manifestaciones. En él se agravan las penas para crímenes cometidos en protestas callejeras.

 

Cuando se pretende tipificar o agravar las penas para delitos “cometidos en protestas callejeras”, el objetivo es amedrentar a quienes concurren en forma pacífica para que dejen de ejercer su ciudadanía.

 

José Mariano Beltrame, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro, con responsabilidad por su cargo en la expansión explosiva de las milicias y de la inmensa “burbuja” de desapariciones forzadas en el estado carioca, concurrió luego del fallecimiento de Andrade a la comisión de Constitución y Justicia del Senado a entregar un proyecto de ley que tipifica “desorden” como crimen.

 

En el proyecto de Beltrame se declara delito con pena de 2 a 6 años de reclusión y multa por “causar desorden en lugar público o accesible al público”…”con el pretexto de protestar o manifestar desaprobación o descontento con relación a actos o situaciones con los cuales no se concuerde” Es decir se tipifica disentir y protestar como delito, con pena de cárcel.

 

Y se responsabiliza a todos los manifestantes por cualquier delito que se cometa en una protesta. Las penas pueden llegar a ser de 6 a 12 años de reclusión y multa, por la simple participación en la protesta, en caso que haya una muerte en la reunión o manifestación pública. Un proyecto que intenta impedir no sólo el derecho a manifestar sino también el derecho al descontento.

 

Aún sin haber sido aprobado, este proyecto se ha comenzado a aplicar en Río de Janeiro desde la víspera del último partido de la Copa del mundo. En una operación denominada “Firewall” la policía ha salido a detener a los que identifica como “activistas” de las protestas, los lleva ante la justicia y ésta los condena a prisión temporaria sin cualquier indicio o pruebas que puedan comprobar las acusaciones. De esta forma se realizaron más de dos decenas de detenciones. Varios diputados federales (Jandira Feghali – PCdoB; Chico Alencar e Ivan Valente – Psol; etc.) han acusado al juez Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau por actuar como si se tratara de un “Estado de Excepción” y accionaron el Consejo Nacional de Justicia contra la decisión judicial. Por eso estas detenciones ya son denunciadas como los primeros presos políticos bajo presidencias petistas.

 

La activista, abogada Eloisa Samy, 45 años, fue presa en Río de Janeiro acusada de hacer reuniones en su casa y de abandonar su actividad profesional para intervenir en las protestas. En base a esos “delitos” se le tipificó “formación de cuadrilla” por la policía civil carioca. Fue detenida en el presidio de Bangú, liberada por un “habeas corpus” y vuelta a procurar por un nuevo pedido de prisión. Samy ganó atención al huir de la detención y pedir asilo en el consulado de Uruguay. Lo que abrió un debate sobre la vigencia del estado de derecho democrático en Brasil.

 

Para ella el país ya no es de hecho un estado de libertades democráticas. Y agrega: “quien experimenta esa situación todos los días son los favelados, las comunidades carentes”…“Yo vivo en una clase privilegiada, por eso tengo el deber de reconocer las personas más vulnerables en ese sentido. Es mi responsabilidad, por los privilegios que tuve, que recibí por los estudios, por el color de mi piel y por los salarios que gano”.

 

La trascendencia de estos hechos obligaron al presidente del PT Rui Falcão, al secretario de Movimientos Populares, Bruno Elias y al coordinador de Derechos Humanos del partido, Rodrigo Mondego a realizar una declaración donde consideran dichas prisiones como violación de derechos y libertades democráticas.

 

Pero lo cierto es que estas graves transgresiones policiales y judiciales en Río son resultado de una política gubernamental, que desde hace algunos años incentiva la compra de armamentos, proyectiles y tanquetas contra movilizaciones callejeras, (principalmente al estado genocida de Israel); creó y desarrolló cuerpos de élite para agredir y perseguir todo tipo de protestas populares. Ha hecho intervenir en la represión a las fuerzas armadas no sólo en aspectos puntuales -como el “resguardo” de la licitación internacional de la cuenca de Libra, del pre-sal sino también en invasiones y ocupaciones de favelas en la capital carioca.

 

En Río de Janeiro 2010 el PT apoyó la reelección del gobernador Sergio Cabral Filho, que bajo su ejercicio impulsó la expansión de las milicias parapoliciales y las desapariciones forzosas; y la elección del actual prefeito Paes (PMDB) un candidato de las grandes constructoras, que no se avergüenza de hacer declaraciones públicas a favor de la especulación inmobiliaria en la ciudad y que también ensalzó las ventajas de la expansión de las milicias en Río.

 

***

 

Como podemos apreciar por todo este panorama, la intervención militar en Río de Janeiro es algo que ha contado con la ayuda y la anuencia del gobierno petista. Y su objetivo es aplastar el movimiento de demandas de un proletariado incipiente y una población ultra-explotada y discriminada por su pertenencia étnica.

 

La acción conjunta de gobernantes estaduales y municipales aliados a las policías, los parapoliciales, los militares y la justicia, ha significado una enorme pérdida de derechos y libertades en la población más pobre de la ciudad. Con las justificaciones de la “seguridad” y el gran embuste de la ficticia “guerra contra las drogas”.

 

Los militares que ocupan las favelas en su gran mayoría vienen de reprimir a la población pobre de Haití. Las fuerzas brasileñas de la Minustah se ejercitan en el pequeño país ocupado hace 10 años por orden del imperialismo, para continuar desplegando su oficio represor en las favelas de Río de Janeiro. Y la naciente policía haitiana es entrenada por la policía militar carioca y sus batallones especiales de pésimos procederes como el BOPE. Por todo esto la capital carioca se está transformando en la Haití de Brasil. Y la intervención en Haití, como ejemplo de ultraje al derecho de autodeterminación de los pueblos, es una afrenta para todo el continente.

 

Notas:

1) Edward Palmer Thompson, Costumbres en Común Barcelona, Crítica. Grijalbo 1995.

2) Roberto Rocco, Favela: Gueto ou enclave? Correio da Cidadania – Columna Cidade Aberta. Rocco es arquitecto-urbanista y doctorado por la Universidad Técnica de Delft, Holanda. http://www.correiocidadania.com.br/antigo/ed388/cidadeaberta.htm

3) Peter Marcuse The Ghetto of Exclusion and the Fortified Enclave Columbia University 1997.

4) J.L.B. Brasil: Estratégia do lulismo* para os próximos dez anos Argenpress 16 07 2014 http://www.argenpress.info/2014/07/brasil-estrategia-del-lulismo-para-el.html

5) ONU: negros ainda sofrem racismo estrutural institucional e interpessoal Instituto Humanitas Unisino 20 12 2013.

Un grupo de trabajo sobre afro-descendientes de la ONU en una visita de 10 días a Brasil, elaboró un informe para presentar en el Consejo de Derechos Humanos de ONU en setiembre de 2014. Allí se afirma que en Brasil existe racismo estructural, institucional e interpersonal; que existe falta de oportunidades para la población afro-descendiente en las áreas de educación y de trabajo; que a pesar de que el grupo de personas de ascendencia africana son más de la mitad de la población brasileña permanecen sub-representadas o invisibles en la mayoría de las estructuras de poder, en los medios de comunicación y en el sector privado; y destacó que además existe situación de desventaja para los negros en la áreas de vivienda, salud e infraestructura. http://www.ihu.unisinos.br/noticias/526844-onu-negros-ainda-sofrem-racismo-estrutural-institucional-e-interpessoal

6) Roberto Rocco, Ibíd.

7) Carolina Gonçalves. Déficit habitacional cai 12% em 5 anos, aponta estudo do Ipea Rede Brasil Atual 18 05 2013. http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/05/deficit-habitacional-cai-12-em-5-anos-6300.html Gabriel Brito y Paulo Silva Junior O déficit habitacional no Río é gritante; vai provocar mais lutas e mobilizações’ Correio da Cidadania 28 04 2014. http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9557:manchete280414&catid=63:brasil-nas-ruas&Itemid=200

8) La constructora Delta que obtuvo la participación en la construcción de varios estadios tenía como socio oculto al “bicheiro” Carlinhos Cachoeira (banquero de máquinas caza-níquel ilícitas) relacionado amistosamente a todo el espectro partidario del Congreso brasileño y a varios gobernadores estatales.

9) Intervención de David Harvey en el marco del VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar entre el 4 y 6 de octubre de 2012, en Buenos Aires.

10) Ana Conceição Déficit habitacional cai no geral, mas cresce na baixa renda, diz Ipea Valor Económico, 25 11 2013. Esta caída del déficit habitacional no se manifestó en los domicilios con renta familiar menor a 3 salarios mínimos. En este sector de la población el déficit de vivienda aumentó. http://www.valor.com.br/brasil/3350444/deficit-habitacional-cai-no-geral-mas-cresce-na-baixa-renda-diz-ipea#ixzz38fDhLbf9

11) “Las clases respiran desde el momento en que, al situarse de desigual manera en la génesis de riqueza, en cuanto a los medios de producción fundamentales, y respecto al consumo de excedente, sus intereses son distintos, aunque las facciones involucradas, en particular, las clases dominadas, puedan no ser conscientes de esos intereses… la construcción de una conciencia en torno a los intereses de clase por una clase, es una elaboración que llega más tarde, pero que supone la existencia de la clase que arribará a esa conciencia”. Edgardo Adrián López, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, Salta capital, provincia de Salta, Argentina. http://www.fisyp.org.ar/media/uploads/thomp17.pdf

12) Human Rights Watch denuncia torturas no Brasil e acusa 150 policiais Gazeta do Povo 28 07 2014 http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1487151

13) Fabio Araújo. Das Consequèncias da “Arte” Macabra de Fazer Desaparecer Corpos – Violência, sofrimento e política entre familiares de víctima de desaparecimento forçado http://es.scribd.com/doc/131456664/Tese-Fabio-Versao-Final Daniel Cerqueira. “Mortes Violentas Não Esclarecidas e Impunidade no Río de Janeiro” Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). Enero 2012. Michel Misse, Quando a polícia mata. Libro ISBN: 9788577291380, 196 páginas 2013. http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=15129 Alba Zaluar y Christovam Barcellos “Saúde Urbana – Homicídios no entorno de favelas do Río”. IESP – Universidad Estadual de Río de Janeiro y Fiocruz. Ver reseña en link: http://www.icict.fiocruz.br/content/pesquisa-realizada-pelo-icict-avalia-novos-rumos-para-politica-de-seguranca-do-rio Ignácio Cano No Sapatinho A evoluçao das milicias no Río de Janeiro 2008-2011 Versión PDF http://br.boell.org/downloads/no_sapatinho_lav_hbs.pdf

14) Giuliander Carpes. Desaparecidos y Esquecidos. Brasil de Fato 27 02 2014. http://www.brasildefato.com.br/node/27590

15) CPI do Amarildo: deputado propõe comissão para investigar desaparecimentos no Río. SRZD 04 10 2013. http://www.sidneyrezende.com/noticia/21785

16) Censo 2010 mostra as características dos aglomerados subnormais e suas diferenças das demais áreas das ciudades – IBGE 06 11 2013 http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2508

17) Flavia Villela. Policiais haitianos estão no Río para conhecer programa das UPPs Agência Brasil 29 01 2014. http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-01/policiais-haitianos-estao-no-rio-para-conhecer-programa-das-upps

18) Sônia Fleury Megaeventos y violación de los derechos humanos en Río de Janeiro. Instituto Humanitas -Universidade do Vale do Río dos Sinos. 28 05 2013 http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/520433-entrevista-especial-com-sonia-fleury

19) La Força Nacional de Segurança Pública con sede en Brasilia (Distrito Federal) fue creada en la primera presidencia de Lula y depende de la Secretaria Nacional de Segurança Pública, del Ministerio de Justicia. El comando se comparte entre la Policía Federal y la Policía Militar y tiene una unidad de élite denominada batallón especial de despliegue rápido. Al parecer como las nutridas y variadas fuerzas represivas federales y estaduales no eran suficientes el gobierno de PT agregó un nuevo escuadrón.

20) Força Nacional permanecerá no Morro do Santo Amaro por mais 90 dias Agência Brasil 21 07 2014. http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-07/forca-nacional-permanecera-no-morro-do-santo-amaro-por-mais-90-dias

21) Portaria 3461 do Ministério da Defesa ¿Criminalização das ruas? EcoDebate e Instituto Humanitas Unisinos – IHU, da Universidade do Vale do Río dos Sinos – Unisinos, em São Leopoldo, RS. http://www.ecodebate.com.br/2014/01/22/portaria-3-461md-do-ministerio-da-defesa-criminalizacaodas-ruas/

22) Juiz militar admite tortura e prisões ilegais na ditadura Comissão Nacional da Verdade 31 07 2014 http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/513-juiz-militar-admite-tortura-e-prisoes-ilegais-na-ditadura

23) Você sabia que no Brasil você ainda pode ser julgado por um tribunal militar? Desmilitarização da Justiça http://desmilitarizacaodajustica.meurio.org.br/

24) Lia Imanishi Rodrigues. Milicias como no tempo da ditadura 17 07 2014 http://outraspalavras.net/brasil/milicias-como-no-tempo-da-ditadura/

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About Ramón Jiménez

Ramón Jiménez, actual Managing Editor de MetroLatinoUSA. Periodista que cubre eventos de las comunidades latinas en Washington D.C., Maryland y Virginia. Graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Distrito de Columbia. Galardonado en numerosas ocasiones por parte de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP) y otras organizaciones comunitarias y deportivas de la región metropolitana de esta capital. También premiado en dos ocasiones como Mejor Periodista del Año por la cobertura de la comunidad salvadoreña; premios otorgados por la Oficina de Asuntos Latinos del Alcalde de Washington (OLA) y otras organizaciones. Ha sido miembro del jurado calificador en diferentes concursos literarios, de belleza y talento en la región metropolitana. Ha visitado zonas de desastre en Nicaragua, Honduras y El Salvador e invitado a esos países por organizaciones que asisten a personas de escasos recursos económicos. Antes trabajó en otros medios de prensa de Virginia y Washington, D.C., incluyendo reportajes para una agencia noticiosa mundial.

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