Texas despoja a las mujeres de salud y derechos

Por Amy Goodman

 

SAN ANTONIO— En Texas, es posible medir cuánto han avanzado las mujeres en función del camino que deben recorrer. Una gran cantidad de establecimientos médicos  han debido cerrar sus puertas en Texas, dejando así a casi un millón de mujeres a cientos de kilómetros de los centros de salud que podrían resultarles necesarios. ¿El motivo? Uno de los servicios que brindaban estos centros médicos era el aborto legal y seguro. La semana pasada, el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó las restricciones impuestas por el estado de Texas al acceso al aborto, lo que provocó el cierre inmediato de otras trece clínicas. En total, el 80% de las clínicas de Texas que incluían entre sus servicios el aborto han cerrado desde que entró en vigor dicha normativa.

Imaginemos que un día nos encontráramos con la siguiente noticia: “Un tribunal de apelaciones de Texas determinó el cierre del 80% de las armerías de Texas”. Los autoproclamados patriotas de Texas se levantarían en armas. Pero en el estado de la estrella solitaria, no todos los derechos nacen iguales. El derecho de una mujer a elegir sobre su maternidad, su derecho a poner fin a un embarazo, su derecho a la privacidad fueron establecidos por la Corte Suprema en 1973, hace más de 40 años, en el histórico fallo emitido en el caso Roe contra Wade.

En 2013, el poder legislativo de Texas, el Gobernador Rick Perry y el Fiscal General (y actual candidato republicano a gobernador) Greg Abbott establecieron una serie de leyes que impusieron barreras al funcionamiento de las clínicas de Texas que practican abortos. En primer lugar, se exigió que los médicos de dichas clínicas contaran con derechos de admisión en hospitales cercanos. Luego se establecieron una serie de requisitos edilicios, aplicables únicamente a clínicas en que se practican abortos, los cuales exigieron importantes reformas a fin de que los establecimientos pudieran permanecer abiertos.

Los grupos que defienden el derecho al aborto calificaron a estas leyes de reglamentación selectiva de los centros en que se practican abortos como “leyes TRAP”, sigla que en inglés significa “trampa”. El instituto de investigación en torno a asuntos de salud reproductiva Guttmacher Institute informó recientemente que “26 estados del país cuentan con leyes o políticas que regulan a los centros médicos que proveen abortos y que exceden lo que resulta necesario para garantizar la seguridad de las pacientes. La totalidad de dichas normativas se aplica a las clínicas en que se practican abortos quirúrgicos”.

Jeffrey Hons, presidente y director ejecutivo de la organización de planificación familiar Planned Parenthood South Texas, me dijo: “El nuestro es el centro ubicado más al sur y más al oeste en el que se puede acceder a un aborto en Texas, pero hay una buena parte de Texas que se encuentra aún más al sur y al oeste que nosotros”. La clínica de Hons es una de las solo tres que quedan en San Antonio que realizan abortos.

Hons describió el impacto en las mujeres más vulnerables, que ahora deben viajar grandes distancias para practicarse un aborto: “Para una mujer que se encuentra en estas zonas alejadas e intenta encontrar un centro quirúrgico, la distancia que debe recorrer, los puestos de control de inmigración que ella y su pareja deben atravesar y el miedo de atravesar estos controles de inmigración, porque puede ser que tengan o no los documentos en regla… todo ello representa una verdadera carga. Y la carga psicológica de saber que debemos abandonar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra localidad, nuestro mundo para ir en busca de este tipo de asistencia médica tan privada e íntima, tras un proceso de toma de decisiones que resulta tan difícil, es muy grande. Y más ahora sabiendo que hay que hacerlo en un lugar donde no contamos con nuestra red de apoyo para que nos contenga”.

El Centro de Derechos Reproductivos, que fue la organización que defendió el derecho constitucional al aborto ante el tribunal de apelaciones, destacó que el fallo del tribunal hace que “casi un millón de mujeres de Texas se enfrenten a un viaje de ida y vuelta de casi 500 kilómetros como mínimo para poder ejercer su derecho constitucional a un aborto”.

Lindsay Rodriguez, presidenta del Fondo Lilith, que brinda apoyo económico y educación a mujeres que necesitan acceder a un aborto, expresó: “Todo el tiempo escuchamos historias de gente que tiene que viajar desde zonas como el Valle de Rio Grande hasta San Antonio para intentar acceder a este tipo de atención de la salud”. Rodriguez agregó: “En su gran mayoría, las personas que se van a ver más afectadas por estas leyes son las personas con menos recursos económicos, las personas que tal vez enfrenten problemas migratorios. Puede que sean personas que, por diversos motivos, se encuentran con más barreras para poder acceder a la asistencia médica en general, no sólo para acceder a un aborto, sino para acceder a asistencia médica”.

Estos viajes más largos y más costosos tendrán como consecuencia que las mujeres demoren el procedimiento, lo cual lo tornará más complejo y oneroso. Con el cierre de estas clínicas, la ley reduce además el acceso a métodos anticonceptivos, lo cual provoca más embarazos no deseados, perpetuando así la demanda de abortos.

Tras el fallo del tribunal de apelaciones, el Centro de Derechos Reproductivos, junto a otras organizaciones, entabló inmediatamente un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Estados Unidos en procura de una orden judicial contra la ley de Texas.

Mientras tanto, los ciudadanos de Texas se preparan para elegir nuevo gobernador. En una de las contiendas seguidas más de cerca en todo el país, el Fiscal General Greg Abbott se enfrenta a su contrincante demócrata, Wendy Davis. Sus posturas no podían ser más opuestas. En junio de 2013, siendo senadora estatal, Davis se opuso y obstruyó esta ley de restricción del aborto durante once horas, demorando así su aprobación, al tiempo que miles de personas se habían congregado en el recinto para brindarle su apoyo. Recientemente, Davis reveló haber puesto fin a dos embarazos por motivos de salud en la década de 1990. Para ella, al igual que para todas las mujeres del país, este asunto político resulta profundamente personal. Se trata de un asunto que debería unir a personas provenientes de todo el espectro político. Se trata de vernos libres de la injerencia del gobierno a la hora de tomar las decisiones más íntimas de nuestras vidas.

 

Con la colaboración de Denis Moynihan

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About Ramón Jiménez

Ramón Jiménez, actual Managing Editor de MetroLatinoUSA. Periodista que cubre eventos de las comunidades latinas en Washington D.C., Maryland y Virginia. Graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Distrito de Columbia. Galardonado en numerosas ocasiones por parte de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP) y otras organizaciones comunitarias y deportivas de la región metropolitana de esta capital. También premiado en dos ocasiones como Mejor Periodista del Año por la cobertura de la comunidad salvadoreña; premios otorgados por la Oficina de Asuntos Latinos del Alcalde de Washington (OLA) y otras organizaciones. Ha sido miembro del jurado calificador en diferentes concursos literarios, de belleza y talento en la región metropolitana. Ha visitado zonas de desastre en Nicaragua, Honduras y El Salvador e invitado a esos países por organizaciones que asisten a personas de escasos recursos económicos. Antes trabajó en otros medios de prensa de Virginia y Washington, D.C., incluyendo reportajes para una agencia noticiosa mundial.

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