Aborto en El Salvador: “Si esta fuera mi mujer, yo ya le hubiera volado la cabeza”

Las mujeres en El Salvador solían poder abortar en casos de violación, o si la salud del bebé o la madre estaban en riesgo. Pero una nueva ley promulgada bajo un gobierno conservador en 1998 prohibió el aborto por completo.

Las mujeres en El Salvador solían poder abortar en casos de violación, o si la salud del bebé o la madre estaban en riesgo. Pero una nueva ley promulgada bajo un gobierno conservador en 1998 prohibió el aborto por completo.

Por Katy Watson

Carmen Guadalupe Vásquez Aldana se ríe cuando me dice que no quiere esperar demasiado para ser madre.

De no ser por la historia que me acaba de contar, sería un comentario común y corriente para una mujer de 25 años en El Salvador, un país que tiene una de las leyes más estrictas sobre el aborto en el mundo.

A los 17, fue violada por un vecino de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica.

Temerosa de las amenazas del hombre, no denunció el crimen.

Esposada en el hospital

En la última etapa del embarazo empezó a sufrir hemorragias y, sin permiso para irse a dar a luz, tuvo al bebé en la casa donde trabajaba.

El bebé murió.

Finalmente fue llevada al hospital después de que su empleadora vio el mal estado en que estaba y le dijo que no quería dos muertes en su casa.

Vásquez despertó al día siguiente esposada a su cama de hospital y acusada de haber asesinado a su bebé.

En las semanas posteriores asegura que no se le dio la oportunidad de explicar lo ocurrido.

“Los policías me decían: ‘Si esta fuera mi mujer, yo ya le hubiera volado la cabeza’. O sea, criticándome sin saber cómo fue porque no estuvieron conmigo ellos cuando me sucedió lo que me sucedió. Me estaban criticando sin saber”, recordó en conversación con BBC Mundo.

Vásquez fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado.

Cargos de asesinato

En el pasado, las mujeres en El Salvador podían abortar en casos de violación, o si la salud del bebé o la madre estaban en riesgo.

Pero una nueva ley promulgada bajo un gobierno conservador en 1998 prohibió el aborto por completo.

El Salvador no es el único país de América Latina que cuenta con este tipo de leyes estrictas, pero es particularmente riguroso en su aplicación.

Los médicos deben informar a las autoridades si creen que una mujer ha intentado abortar. Si no denuncian estos casos, ellos también podrían enfrentar largas condenas de cárcel.

Una situación que deriva en lo que grupos de derechos humanos consideran es la criminalización de los abortos involuntarios y las emergencias médicas.

El castigo por abortar es de hasta ocho años de cárcel, pero en muchos casos se cambia la acusación a la de homicidio agravado, que tiene una pena mínima de 30 años de prisión.

De acuerdo con la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, 129 mujeres fueron condenadas por delitos relacionados con el aborto entre 2000 y 2011.

Veintiséis se enfrentan a cargos de asesinato.

Indulto

Vásquez pudo salir de la cárcel en febrero.

Tras siete años y tres meses presa, recibió un indulto luego de que las autoridades reconocieron “errores judiciales” en la acusación inicial.

Por ahora, la historia de María Teresa Rivera es otra. Me la contó cuando la visité en el Centro Penitenciario de Ilopango.

Su pesadilla comenzó en noviembre de 2011 cuando se despertó para ir al baño y comenzó a sangrar.

Le dijo a su suegra que se comunicara con los servicios de emergencia. Esperaba que la llamada al 911 le salvara la vida, pero la llevó a la cárcel.

Cuando llegó al hospital, la enfermera le dijo: “¿Dónde está el bebé?”.

“¿Qué bebé?”, preguntó Rivera.

Era la primera vez que escuchaba que estaba embarazada.

No sabe de cuánto estaba. Asegura que no había notado nada extraño en su cuerpo y que seguía menstruando.

La policía encontró al bebé en el fondo de la letrina en la parte trasera de su casa y Rivera fue condenada a 40 años de cárcel.

En el patio de la cárcel hablo con Alba, de 27 años. Lleva cinco años presa, y en su sentencia quedan 25 años más.

Está allí acusada de haber matado a su bebé, un crimen que, dice, nunca cometió.

Quedó embarazada tras ser violada pero evitó contarle a su familia del ataque. Tras sentirse enferma, dio a luz de apuro en su vivienda y luego fue a la casa de su vecina, una partera.

Con las prisas, tropezó y el recién nacido cayó al suelo. Pero aclara que estaba vivo cuando lo recogió. Luego falleció y su vecina, en lugar de ayudarla, le dijo a las autoridades que había matado al niño.

Al día de hoy no puede comprenderlo. Alba detiene su relato, llora. Sus dos hijas ya no la visitan en la cárcel y lleva un año sin verlas.

“Se vulneran derechos”

“Ha surgido un ambiente de inseguridad jurídica porque ahora las denuncias que surgen de los hospitales son incluso por abortos espontáneos o partos extrahospitalarios espontáneos en donde se presume la culpabilidad de las mujeres desde un primer instante”, le dice a BBC Mundo el abogado Dennis Muñoz.

Una situación, añade, en la que “se vulneran derechos a la salud, a la vida y al debido proceso”.

Entrega de firmas en la Asamblea Legislativa
Organizadores locales e internacionales entregaron 300.000 firmas a las autoridades para pedir las despenalización del aborto.

 

El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, ha dicho que la legislación del país es “medieval”.

En declaraciones a la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) la semana pasada, Reyes dijo que la normativa demoniza a las mujeres que fueron víctimas.

El sistema, asegura la directora para las Américas de AI, discrimina a aquellos que son pobres.

“Una mujer que tiene acceso a los recursos financieros para pagar un médico privado no va a ser denunciada por él”, le dijo a BBC Mundo Erika Guevara-Rosas.

“Esto es realmente penalizar a las mujeres que son de las comunidades marginadas”.

AI y otras organizaciones sociales presentaron 300.000 firmas el 22 de abril al gobierno, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema para pedir la despenalización del aborto.

“Dr. Infierno”

Pese a los riesgos, algunos doctores deciden asistir a las mujeres.

Un médico conocido por el seudónimo “Dr. Infierno” asegura realizar tres abortos al mes.

A las que pueden pagar, les cobra hasta US$1.000. La intervención es gratuita para quien no tiene los recursos, asegura.

“Como profesional de la salud le doy el seguimiento en base a lo que ella quiera”, le dice el doctor a BBC Mundo.

“Si de repente me dice: ‘Mira, este embarazo es un problema para mí’, yo le puedo ofrecer otro tipo de ayuda a pesar de las leyes vigentes”.

Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador
Toda vida humana es sagrada. Eliminarla es un asesinato”, asegura el obipo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.
“Es un problema de salud”, añade, “y tengo que darle una respuesta indiferentemente a mi situación emocional y religiosa”.

Hay historias de mujeres que han muerto como resultado de un embarazo ectópico, cuando el óvulo fertilizado se desarrolla fuera del útero y no puede sobrevivir.

Puede ser mortal para la madre pero en casos así hay médicos que en sus reportes aseguran que sienten un latido y escriben, en mayúsculas: “ES CONTRA LEY DETENER ESTE EMBARAZO”.

Y, como resultado, la madre muere.

Muchos en El Salvador tienen puntos de vista profundamente religiosos, y una encuesta reciente sugiere que alrededor del 50% de la población se considera católica y otro 35% es cristiana evangélica.

El obispo auxiliar de la Iglesia católica en la capital San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, asegura que los principios religiosos deben ser respetados.

“Toda vida humana es sagrada. Eliminarla es un asesinato. Y si hay dos vidas en peligro, madre e hijo, hay que salvar la vida del más débil, del hijo”, le dice a BBC Mundo.

Pero para muchos eso viola los derechos de las mujeres salvadoreñas que, tras la tragedia de perder un embarazo, se enfrentan a décadas de prisión por un fallo judicial.

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About Ramón Jiménez

Ramón Jiménez, actual Managing Editor de MetroLatinoUSA. Periodista que cubre eventos de las comunidades latinas en Washington D.C., Maryland y Virginia. Graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Distrito de Columbia. Galardonado en numerosas ocasiones por parte de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP) y otras organizaciones comunitarias y deportivas de la región metropolitana de esta capital. También premiado en dos ocasiones como Mejor Periodista del Año por la cobertura de la comunidad salvadoreña; premios otorgados por la Oficina de Asuntos Latinos del Alcalde de Washington (OLA) y otras organizaciones. Ha sido miembro del jurado calificador en diferentes concursos literarios, de belleza y talento en la región metropolitana. Ha visitado zonas de desastre en Nicaragua, Honduras y El Salvador e invitado a esos países por organizaciones que asisten a personas de escasos recursos económicos. Antes trabajó en otros medios de prensa de Virginia y Washington, D.C., incluyendo reportajes para una agencia noticiosa mundial.

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