Estado por estado, las comunidades obran en contra de las restricciones electorales

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Entre el miedo y la confusión que envuelve la supresión electoral, los defensores de los derechos electorales hacen sonar un mensaje de esperanza y determinación.

Estas son las primeras elecciones presidenciales en las que nuevas restricciones electorales estarán vigentes en 15 estados. Las restricciones han sido más fáciles de aprobar – y más difíciles de seguir – como resultado de un fallo de la Corte Suprema de los EUA de 2013 que limitó partes del Acto de Derechos Electorales de 1965.

A pesar de esto, los defensores de los derechos electorales dicen que se está trabajando en estados de todo el país para asegurar que los votantes elegibles puedan inscribirse y votar.

“Se les está negando el voto a personas que son ciudadanas calificadas y a quienes se les debe permitir votar, y no se están contando sus votos”, explicó Anita Earls, directora ejecutiva de la Southern Coalition for Social Justice, una organización sin ánimo de lucro basada en Carolina del norte.

“Pero si los votantes sí tienen problemas, hay defensores listos para intentar a ayudarles votar, incluso el mismo Día de las elecciones”, dijo Earls el jueves en un informe televisado patrocinado por New America Media.

Earls señaló una línea directa nacional en la que “hay una red de abogados voluntarios en todo el país” disponibles para ayudar a la gente que se le ha prohibido entrar a los locales de votación o que está confundida acerca de las nuevas normas electorales. La línea directa está disponible en inglés y español.

También indicó que cada estado tiene disponibles unos recursos online que detallan los requisitos electorales. Por ejemplo, la página web nonprofitvote.org, ofrece información no partidaria para el votante, que es específica para cada estado.

En áreas donde hay una población importante de residentes que no hablan inglés, la ley federal exige que los estados proporcionen traducciones apropiadas, dijo Earls.

Actualmente hay 22 estados que tienen alguna forma de restricción electoral vigente, ya sea exigir una forma de identificación con foto, reducir la votación anticipada o restricciones en la inscripción. Aunque sea difícil de medir su impacto en el número de votantes en general, estas restricciones han tenido un impacto pronunciado en los votantes jóvenes que votan por primera vez y de minorías, así como en los votantes de bajos ingresos y la gente mayor.

En 15 de estos estados, las elecciones presidenciales de este año serán los primeros en las que dichas leyes entrarán en vigor. La gente de color forma el 31 por ciento del electorado de 2016, lo que significa que estas leyes pueden tener un impacto importante en los resultados de las elecciones.

En 2013, el fallo de la Corte Suprema abolió la Sección 5 de la Ley de derecho de voto, que requiere que los estados con una historia de discriminación racial hacia votantes de minorías consigan la aprobación del gobierno federal antes de promulgar cambios a leyes electorales locales.

“Es muy difícil”, seguir los cambios a las leyes de voto locales, dice Judith Browne Dianis, co-directora del Advancement Project, una organización nacional de derechos civiles. Explicó que mientras que se aprobó menos legislación restrictiva el año anterior, movidas locales de administraciones electorales continúan creando barreras para posibles votantes.

“La Sección 5…era nuestra verificación de las cosas. Ahora no tenemos una verificación. Tenemos que salir y descubrirlo por nuestra cuenta, y desafortunadamente no nos enteraremos hasta el Día de las elecciones”.

Pero un vistazo a cómo estas leyes han tomado forma en las elecciones primarias por el país nos da un indicador importante de lo que se avecina en noviembre.

En el Condado Maricopa, en Arizona, los residentes esperaron en filas de hasta cinco horas después de que los oficiales electorales redujeron el número de locales de votación en un 70 por ciento.

En Florida, “cambios masivos en los lugares de distritos electorales” dejaron a muchos votantes poco seguros de dónde ir a votar.

En el Condado Macon-Bibb, los oficiales eligieron ubicar un local de votación en la oficina del sheriff, lo cual, dijo Dianis, fue un “factor intimidatorio” para evitar que votara el electorado predominantemente afro-americano.

Pero Dianis destacó que en cada una de estas áreas, hay grupos trabajando para contrarrestar tales cambios o mitigar su impacto.

En Arizona, por ejemplo, grupos de defensores locales incluyendo Promise Arizona y One Arizona se están juntando para crear verificaciones en las decisiones de la administración electoral. En Macon-Bibb, los residentes se juntaron con la NAACP y el New Georgia Project para presionar el condado para reubicar los locales de votación.

Mientras tanto, en algunos estados, esfuerzos organizadores han logrado ampliar los derechos electorales.

Por ejemplo, en Virginia, los esfuerzos de derechos electorales han ayudado a presionar a ese estado a restaurar los derechos electorales a aquellas personas declaradas culpables de delitos graves.

Dianis declaró ese paso una “gran victoria”, que afectó a más de 200,000 personas en el estado, muchos de ellos afro-americanos. “Esto no pasó solito”, dijo. “Las comunidades de color se unieron para promover esto”.

La tarea ahora en Virginia, dijo, es asegurar que aquellos que estaban previamente encarcelados y están nuevamente elegibles para votar realmente sepan que son elegibles y que se les inscriba para votar.

En todo el país, hay “5.8 millones de personas privadas del derecho al voto por sus delitos graves”, según Dale Ho, director del Voting Rights Project con la American Civil Liberties Union. En cuanto a población, dijo, serían “el estado número 20 más grande del país…con 10 votos en el colegio electoral”.

Ho también destacó las “tremendas disparidades raciales” entre esta población, y dijo que uno de 13 hombres afro-americanos de edad para votar no es elegible para votar por ser culpable de un delito grave.

Actualmente hay tres estados que han privado permanentemente del derecho al voto a gente con delitos graves – Kentucky, Florida, y Iowa. Dos estados – Maine y Vermont – permiten a las personas votar incluso mientras están encarceladas. “Todos los otros estados caen en algún punto de entremedias”, dijo Ho, que dijo que la “restauración de derechos electorales es crucial a la reintegración” en la sociedad de los antiguamente encarcelados.

Ho declaró que la pérdida de la Sección 5 fue un “golpe tremendo” y dijo que ocurrió justo cuando la participación electoral y la implicación entre la gente de color estaba “arrancando”.

Pero también hay “muchas noticias buenas” cuando se trata de derechos electorales, dijo.

Señaló esfuerzos que ahora están en marcha en el Congreso para revitalizar la Ley de derecho de voto, y dijo que en varios estados, incluyendo California, se han aprobado leyes que inscriben a los votantes automáticamente. “La obligación de la inscripción debe ser del estado, no del ciudadano”, dijo.

Mientras tanto, la retórica que se oye ahora en la campaña sugiere una presión contínua para privar del derecho al voto a los votantes, dijo Dianis.

“Estamos viendo algunas victorias, pero debemos seguir mirando durante los próximos meses”, dijo. “Encontraremos una lucha acerca del derecho al voto”.

Este informe televisado es parte de una beca de reportajes en varios estados para medios étnicos con el fin de informar a las comunidades acerca de nuevas y existentes leyes de restricciones electorales. El proyecto está respaldado por una beca de The Neo Fund.

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About Ramón Jiménez

Ramón Jiménez, actual Managing Editor de MetroLatinoUSA. Periodista que cubre eventos de las comunidades latinas en Washington D.C., Maryland y Virginia. Graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Distrito de Columbia. Galardonado en numerosas ocasiones por parte de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP) y otras organizaciones comunitarias y deportivas de la región metropolitana de esta capital. También premiado en dos ocasiones como Mejor Periodista del Año por la cobertura de la comunidad salvadoreña; premios otorgados por la Oficina de Asuntos Latinos del Alcalde de Washington (OLA) y otras organizaciones. Ha sido miembro del jurado calificador en diferentes concursos literarios, de belleza y talento en la región metropolitana. Ha visitado zonas de desastre en Nicaragua, Honduras y El Salvador e invitado a esos países por organizaciones que asisten a personas de escasos recursos económicos. Antes trabajó en otros medios de prensa de Virginia y Washington, D.C., incluyendo reportajes para una agencia noticiosa mundial.

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