El Salvador: Evasión tributaria de grandes grupos empresariales es “escandalosa”

Posada-Tuti

El grupo de organizaciones sociales afirmó que “es válido que el Ejecutivo busque mecanismos para financiar todo el presupuesto general, pero también es importante definir cuál será la fuente de financiamiento”.

“Con el 13% de incremento a la tarifa energética se podría recaudar $60 millones al año afectando solo al 30% de la población que no recibe subsidio, pero en la evasión tributaria se tiene $1,500 millones que no se pagan al Estado anualmente y esto le daría más recursos para todas las necesidades que tiene en seguridad, inversión social, saneamiento ambiental, infraestructura y otras necesidades del país”, afirmó Leonel Herrera, director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).

“La vía no debe ser seguir bolseando a la gente, sino perseguir a los evasores” asintió Herrera.
“Si en vez de aumentar a la tarifa, se le socan las tuercas a la evasión tributaria y se persigue a los empresarios evasores y también la Asamblea (Legislativa) hace las reformas pertinentes para cerrar los portillos que propician la evasión fiscal, al año se podría tener suficiente dinero para cubrir las necesidades del Estado sin afectar a los consumidores. El Ejecutivo debe perseguir con más fuerza la evasión fiscal”, sugirió Herrera.

Los miembros de la Alianza señalaron que en medio de la difícil situación financiera del gobierno, la evasión tributaria de los grandes grupos empresariales “es escandalosa”.

“Le exigimos a la empresa privada que deje de montar circos y que mejor dedique su esfuerzo a combatir y hacer que sus empresas vayan en el tono de la llamada era de la transparencia y que paguen lo que evaden. Los consumidores pagamos el 13% de IVA, ellos deben y están obligados a trasladarlo (a Hacienda), no puede ser que las empresas telefónicas sigan reportando que no tienen ganancias para no pagar la renta empresarial, ese es el problema de fondo de El Salvador”, afirmó Margarita Posada, representante del Foro Nacional de la Salud.

Cuestionaron que todos los empresarios se pronuncian diciendo que quieren paz, seguridad jurídica, condiciones y clima de inversión segura, pero no quieren pagar por ello como lo hacen en el resto de países de Centroamérica, ya que varios de los grupos empresariales más fuertes tienen inversiones en Costa Rica, donde se paga muchos más impuestos.
Posada sugirió que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, haga más eficiente el cobro de los impuestos y persiga a las empresas evasoras.

También hicieron un llamado firme como país, como movimientos sociales y demandaron a sentarse a todas las fuerzas políticas, de izquierda y de derecha, de partidos, movimientos y de iglesias para trabajar en una propuesta de nación que lleve a una política fiscal progresiva.

La Alianza reconoció que así como se han incrementado los recursos que llegan al Estado, también se ha incrementado la inversión social y los últimos dos gobiernos han tenido que asumir compromisos de pago de deuda que adquirieron los gobiernos de ARENA de Francisco Flores y de Elías Antonio Saca.

“El país tiene una deuda pública de más del 60% del PIB que es grave y es producto del mal manejo de los recursos que ha habido como la construcción del ahora Hospital de la Mujer por el que el gobierno de Antonio Saca hizo un primer préstamo de $30 millones que se perdieron, y que luego se volvió a hacer otro préstamo por $45 millones para finalmente terminar de construirlo”, afirmó Posada.

Hicieron el llamado al Ejecutivo y Asamblea Legislativa para que “busquen el dinero donde hay, en el bolsillo de la población ya no hay, hay en la bolsa corrupta de los grandes empresarios que no le pagan al Estado 1,500 millones de dólares al año”.

Además denunciaron que existen 26 leyes que permiten la evasión como la Ley de Turismo, la Ley de Zonas Francas, la Ley de Servicios Internacionales, entre otras que contienen importantes exenciones tributarias para que el país deje de recibir impuestos por importaciones. También deberían revisarse todos esos privilegios fiscales para no afectar a la mayoría de la población.

Llamaron a implementar un verdadera política de austeridad y de transparencia por parte de los tres poderes del Estado: “no estamos hablando solo del Ejecutivo, pero tenemos todavía en la Sala de lo Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia, un órgano que no rinde cuentas y gasta por mandato Constitucional el 6% del presupuesto general de la nación”, señaló Posada.

Agregó que debido a esta falta de rendición de cuentas “se cargan de bonos y privilegios de los que no se goza en otros órganos del Estado. Cuando hablamos de socarse el cincho hablamos de los tres poderes del Estado, no sólo de uno”.

Finalmente, instaron a la Asamblea Legislativa a dar muestras de querer resolver esta problemática aprobando la propuesta de Ley de Cobro Coactivo que fue presentada por el Ministerio de Hacienda y que ayudaría a hacer justicia fiscal, resolviendo de manera estructural las finanzas públicas y que se concluya con una política fiscal progresiva donde los que tienen más paguen más.

Fuente: Transparencia Activa

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About Ramón Jiménez

Ramón Jiménez, actual Managing Editor de MetroLatinoUSA. Periodista que cubre eventos de las comunidades latinas en Washington D.C., Maryland y Virginia. Graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Distrito de Columbia. Galardonado en numerosas ocasiones por parte de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP) y otras organizaciones comunitarias y deportivas de la región metropolitana de esta capital. También premiado en dos ocasiones como Mejor Periodista del Año por la cobertura de la comunidad salvadoreña; premios otorgados por la Oficina de Asuntos Latinos del Alcalde de Washington (OLA) y otras organizaciones. Ha sido miembro del jurado calificador en diferentes concursos literarios, de belleza y talento en la región metropolitana. Ha visitado zonas de desastre en Nicaragua, Honduras y El Salvador e invitado a esos países por organizaciones que asisten a personas de escasos recursos económicos. Antes trabajó en otros medios de prensa de Virginia y Washington, D.C., incluyendo reportajes para una agencia noticiosa mundial.

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