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La Corte Suprema argentina cae presa de órganos de supervisión tratados de la ONU

Por Stefano Gennarini, J.D.

NUEVA YORK, 30 de marzo (C-FAM) En un sorprendente fallo, la Corte Suprema de Argentina declaró que el aborto es un derecho de la mujer en caso de violación, de acuerdo con el derecho internacional. Según el fallo, se exigiría a los proveedores de servicios de salud el suministro de abortos «en forma inmediata y expeditiva» cuando una mujer declare que su embarazo es producto de una violación.

La Corte ratificó el fallo de un tribunal de primera instancia que afirmó que el código penal argentino permite a las mujeres procurar un aborto en caso de violación sin una orden judicial. El caso involucraba a una joven de 15 años que alegó haber quedado embarazada como consecuencia de una violación por parte del esposo de su madre.

Aunque la Constitución argentina guarda silencio sobre los derechos de los niños por nacer, profesionales del derecho y funcionarios del gobierno, no obstante, están impactados por esta decisión. Tan sólo en 2001, el mismo tribunal reconoció el derecho a la vida de los seres humanos en gestación desde el momento de la concepción en el fallo Portal de Belén, que prohibió la píldora del día después.

El tribunal supremo argentino sostuvo que estaba sujeto a interpretar su código penal para «armonizar» las leyes nacionales con lo que considera como obligaciones internacionales asumidas por Argentina que se derivan de tratados. En sí, esto no es polémico un país donde el derecho internacional está incorporado en la Constitución y donde el activismo judicial es típico.

La Corte fundó un derecho internacional al aborto en casos de violación en recomendaciones dirigidas a Argentina, que fueron efectuadas por órganos de tratados de la ONU encargados de supervisar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como también en las opiniones generales de la Organización Mundial de la Salud.

Expertos en derecho y otros especialistas afirman que tal interpretación es errónea. De acuerdo con los Artículos de San José, documento redactado por más de 30 especialistas en derecho internacional, ningún órgano de la ONU puede afirmar en circunstancia alguna que el aborto es un derecho humano, porque no hay una ley internacional que lo reconozca. Ningún tratado internacional siquiera menciona el aborto. Cuando los organismos de la ONU reivindican el derecho internacional al aborto, exceden sus mandatos.

Expertos en leyes indican que, en realidad, los tratados de la ONU contienen disposiciones que deberían usarse, si acaso, para proteger del aborto al niño por nacer. En su lugar, el tribunal argentino examinó con esmero múltiples disposiciones de tratados para negar que los instrumentos internacionales deberían ser utilizados para proteger los derechos de los no nacidos.

Antes de la resolución argentina, la única corte latinoamericana que adscribió alguna autoridad vinculante a las opiniones de los órganos de la ONU creados en virtud de tratados, que instauran un derecho al aborto, fue la Corte Constitucional de Colombia en  un fallo de 2006. Los tribunales supremos de Chile, México y Perú se negaron a conceder autoridad vinculante alguna a estas opiniones de órganos de tratados de las Naciones Unidas.

Las repercusiones del fallo serán aún más significativas que él en sí. A diferencia de las sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos, el principal tribunal argentino sólo puede dirimir casos individuales, y estos no sientan precedentes vinculantes. Pero la decisión puede adquirir mayor importancia si los políticos, los tribunales de primera instancia y los medios se oponen a ella o la ratifican.

Los gobernadores de las provincias de Mendoza y de Salta reaccionaron y condenaron el fallo de la Corte como erróneo e inválido porque confiere a los organismos de la ONU mayor autoridad de la que tienen.

El dictamen inevitablemente impulsó a los defensores del aborto. Ya se está proponiendo en la legislatura argentina un proyecto de ley que lo legalizaría en las primeras 12 semanas de gestación. No es seguro que el proyecto sea presentado ante la legislatura. Uno similar fracasó en la última sesión.

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

 

La ONU podría reconocer derechos sexuales para niños de diez años

Por Timothy Herrmann

NUEVA YORK, 30 de marzo (C-FAM) La Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas está considerando «la salud y los derechos sexuales y reproductivos» para los niños de sólo diez años.

Hasta el secretario general Ban Ki-Moon está de acuerdo con esto. En una declaración publicada recientemente dijo: «Los jóvenes, al igual que todas las personas, participan del derecho humano a la salud, que incluye la salud sexual y reproductiva».

En la actualidad, el derecho internacional no reconoce un «derecho» a la salud sexual y reproductiva, y, ciertamente, no lo contempla en el caso de menores. Pero tan sólo el año pasado, el Relator Especial de la ONU para la Salud, Anand Grover, desató una significativa polémica cuando afirmó que existe un «derecho» a la salud sexual y reproductiva y, además, intentó definir ese derecho incluyendo en él el acceso al aborto, a la anticoncepción y a la educación sexual.

La relación de este derecho con la juventud que estableció el Secretario General y la Comisión de Población y Desarrollo (CPD), especialmente con los niños, es más controvertida puesto que podría definirse que el derecho en cuestión incluye el acceso al aborto y a la anticoncepción.

Organizaciones como la Federación Internacional de Planificación de la Familia (International Planned Parenthood – IPPF) e Ipas, defensoras acérrimas de los derechos sexuales y reproductivos de los menores a nivel internacional y en las Naciones Unidas, ya han emitido informes oficiales para la oficina de la conferencia que apoyan el lenguaje de los derechos que incluye la anticoncepción y el aborto. También están usando la reunión como una oportunidad para atacar la participación de los padres en la salud sexual de sus hijos.

Para organizaciones como la IPPF, los padres son el mayor obstáculo para que los menores accedan a servicios como el aborto y la anticoncepción, y esperan conseguir en la conferencia un lenguaje que margine su función.

En su declaración oficial, la IPPF  afirma: «las leyes que restringen el acceso de los jóvenes a los servicios de salud sexual y reproductiva, que incluyen las leyes de consentimiento conyugal o de los padres» deben ser eliminadas o debe evitarse que se implementen. Ipas va aún más lejos  y argumenta que los jóvenes deberían ser considerados actores independientes, libres de cualquier obstáculo que ignore su propia «capacidad para tomar decisiones informadas».

Su principal objetivo en esta conferencia será marginar la participación de los padres y alentar a los países que apoyan su postura para que ejerzan mayor presión que favorezca la clase de lenguaje que el Secretario General ha estado ya proponiendo.

Dado que el documento que se negociará en la conferencia insta a los «gobiernos… a prestar total atención a la satisfacción de las necesidades de salud reproductiva, de servicios y educativas de los jóvenes con absoluto respeto de su privacidad y confidencialidad», parece que sus esfuerzos pueden ya contar con una ventaja.

Los miembros de la Comisión han empezado a negociar el documento y la sesión final de negociaciones tendrá lugar en abril. Ciertamente estará entre las más controvertidas en años.

Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano.

 

Sindicatos califican de rotundo el apoyo a huelga general en España

Los dos sindicatos mayoritarios de España, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), calificaron hoy de contundente el respaldo a la primera huelga general contra el gobierno conservador de Mariano Rajoy.

Los líderes de la UGT, Cándido Méndez, y de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, aseguraron que el paro de 24 horas, en rechazo a una reforma laboral que abarata y facilita el despido, se ha convertido en un acto de afirmación democrática del pueblo español.

En una rueda de prensa conjunta, Méndez y Fernández Toxo subrayaron que la paralización de actividades de el jueves cuenta con una muy amplia participación de los trabajadores, y cifraron en más del 80 por ciento su acatamiento a nivel nacional.

Según los secretarios generales de ambas centrales obreras, el seguimiento es superior al registrado en las medidas de fuerza de este tipo que tuvieron lugar en 2002 y 2010, también contra los cambios introducidos en el mercado de trabajo de este país europeo.

Ayer teníamos toda la razón al exigir la profunda corrección de esta norma, y con la huelga de hoy se acrecienta ese espaldarazo, enfatizó Méndez, tras señalar que los incidentes han sido la excepción y la participación masiva la regla en las primeras 12 horas.

Aclaró que para las asociaciones la huelga es el medio, mientras el fin es conseguir una rectificación del ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) a su política de recortes sociales y laborales que, denunció, apuesta por el empobrecimiento de la población.

El líder de la UGT exhortó al presidente del gobierno español y líder del PP a abrir la mesa de negociación, en lugar de ensalzarse en una guerra de cifras con los sindicatos respecto al seguimiento de la protesta pacífica.

Recordó, además, que en esta jornada están previstas multitudinarias manifestaciones en más de 100 ciudades de España, incluida esta capital, como colofón del paro masivo.

Su homólogo de CC.OO. minimizó los reportes difundidos por el Palacio de la Moncloa (sede del poder central), según los cuales la paralización de labores ha tenido una nula incidencia en algunos sectores, sobre todo en las administraciones públicas.

Fernández Toxo valoró que la madurez de los trabajadores, quienes han cumplido de manera escrupulosa los servicios mínimos establecidos, se impuso a la paranoia del gobierno con su inusitado despliegue policial en urbes como Madrid.

A su juicio, la Moncloa fracasó en su pretensión de convertir la protesta pacífica en un conflicto de orden público.

Tanto Méndez como su par de CC.OO. alertaron que el sindicalismo no cejará en su empeño de lograr una profunda enmienda de la controvertida legislación laboral, aunque el gobierno ya anticipó que no modificará un ápice de la normativa.

De no rectificar, auguraron, se producirá un recrudecimiento del conflicto social, sin llegar a descartar la convocatoria de un nuevo paro de labores.

Fuente: PL

 

Conmemoran en El Salvador Día de las niñas y niños desaparecidos

Autoridades y organizaciones defensoras de los derechos humanos conmemoraron ayer en El Salvador el Día de las niñas y los nidos desaparecidos durante la represión en el conflicto armado (1980-1992).

El acto tuvo lugar junto al Monumento a la Memoria y la Verdad, de la capital, donde se encuentran grabados en piezas de mármol los nombres de los más de 30 mil desaparecidos en el país de 1970 a 1991.

La coordinadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, Esther Alvarenga, explicó que ya tienen identificados cerca de 900 menores víctimas de esa situación, de los cuales han localizado unos 360.

Dos de los encontrados, Ricardo Villelas y Reina Guerra, dieron testimonio de sus dolorosos recuerdos sobre las desapariciones forzadas, las operaciones militares y los asesinatos de sus familiares.

Ambos jóvenes exigieron el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia sobre el caso de las desapariciones forzadas en El Salvador y que las Fuerzas Armadas permitan acceder a su información del conflicto.

Reclamaron la creación de una comisión nacional para esos casos por el parlamento y que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General actúen de acuerdo con la ley para resarcir a las víctimas y proteger a la infancia.

Durante el acto, bajo el lema “No puede haber justicia sin verdad”, la exigencia de las víctimas fue respaldada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y los viceministros de Relaciones Exteriores, Juan José García, y de Educación, Erlinda Hándal, entre otros.

Los oradores insistieron en la necesidad de continuar los esfuerzos iniciados por el padre jesuita Jon Cortina, fundador la Asociación Pro Búsqueda en la década del 90 del siglo pasado.

Fuente: PL

 

Controles de seguridad en los aeropuertos, inseguridad para nuestra salud

Por Amy Goodman

Esta semana, el terror sacudió el cielo de Texas, solo que esta vez no fue provocado por un terrorista sino por un piloto: nada más y nada menos que un piloto certificado por la Administración Federal de Aviación.

El capitán de JetBlue Airways Caly Obson piloteaba el vuelo 191 que se dirigía del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, hacia Las Vegas. Cuando el avión ya se encontraba en el aire, Obson comenzó a correr de un lado al otro del pasillo al tiempo que, según el testimonio de varios pasajeros y las imágenes tomadas con teléfonos celulares, despotricaba acerca de Irak, Israel, al-Qaeda y ataques con bombas, les pedía a los pasajeros que rezaran y gritaba: “todos vamos a morir”.

Un piloto que se encontraba entre el pasaje ayudó al co-piloto a hacer un aterrizaje de emergencia mientras los pasajeros y la tripulación reducían a Obson, que ha trabajado en JetBlue casi desde la fundación de la aerolínea. Tras el aterrizaje, Obson fue trasladado al hospital y suspendido de sus tareas con licencia remunerada. Más tarde se presentó una acusación penal en su contra por interferir con la tripulación del vuelo.

Este incidente basta para provocarle miedo a volar a cualquiera. Sin embargo, tan solo llegar hasta el avión hoy en día puede representar un riesgo aún mayor para la salud que el vuelo en sí mismo.

Las nuevas tecnologías de control de seguridad en los aeropuertos —principalmente los escáneres de retrodispersión de rayos X— son cada vez más resistidas. El uso de este tipo de escáneres está siendo cuestionado tanto debido a su eficacia como a preocupaciones de que la exposición a la radiación puede provocar cáncer.

A esta preocupación sobre la salud se agrega la naturaleza gráfica de las imágenes captadas, básicamente fotos que muestran desnudas a cada una de las personas que pasa a través de la máquina, y la naturaleza agresiva (y para algunos humillante) de la alternativa al escáner: el “cacheo pormenorizado” realizado por un funcionario de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

La Senadora republicana Susan Collins presentó un proyecto de ley que exigiría que los escáneres de retrodispersión de rayos X sean sometidos a análisis en laboratorios independientes, lo mismo que un grupo de científicos de la Universidad de California, San Francisco le solicitó al gobierno de Obama en abril de 2010.

En respuesta a la afirmación de la TSA (en rigor, una afirmación de la fabricante de escáneres Rapiscan) de que la dosis de radiación es menor a “la recibida al comer una banana”, el catedrático John Sedat y otros académicos escribieron: “Si bien la dosis sería segura si fuera distribuida de igual forma en todo el cuerpo, la dosis en la piel puede ser peligrosamente alta. Hay motivos razonables para creer que estos escáneres aumentarán el riesgo de cáncer en niños y otras poblaciones vulnerables, como mujeres embarazadas”.

El Doctor Michael Love, director del instituto de rayos-X de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, le dijo a la revista Discover que si este riesgo se multiplica por los 700 millones de viajeros anuales, “seguramente alguien va a contraer cáncer de piel”. La Unión Europea prohibió estas máquinas.

En los viajes que realicé durante los últimos fines de semana me negué a pasar por los escáneres, que es un derecho que tiene todo pasajero, a pesar de que la opción casi nunca está indicada en ninguna parte (el proyecto de ley de la senadora Collins también exige que haya señalizaciones claras). Me hicieron esperar hasta que los empleados de la TSA estuvieran disponibles para realizar lo que eufemísticamente se denomina “cacheo pormenorizado”.

La agresividad con la que la funcionaria de la TSA cuestionó mi decisión de no pasar por el escáner fue tan solo igualada por la agresividad del cacheo cuando me negué a cambiar de decisión. De regreso a Nueva York, una amiga que recién llegaba desde el Aeropuerto Internacional de O’Hare, en Chicago, me contó cómo una funcionaria de la TSA pasó las manos por la parte delantera de su pantalón y le dijo: “¡Parece que perdió algo de peso!”.

¿Quién se beneficia con esto? Las dos empresas que fabrican los escáneres de cuerpo entero tienen amigos poderosos. Según informaron los periódicos The Hill y The Washington Post, L-3 Communications, la empresa fabricante del escáner de ondas milimétricas, contrató a la lobbista Linda Daschle, esposa del ex senador Tom Daschle.

También se informó que Rapiscan, la empresa fabricante de la máquina de retrodispersión de rayos X, pagó 1 millón de dólares al Chertoff Group, dirigido por el ex Director de Seguridad Nacional Michael Chertoff, mientras éste aparecía en los medios publicitando las bondades de las máquinas. Cada uno de estos aparatos le cuesta alrededor de 150.000 dólares a los contribuyentes, pero eso es solo su compra; la instalación y el personal para operarlos cuestan mucho más.

Los propios agentes de la TSA podrían ser los que afronten los peores riesgos. Un reciente informe del inspector general de la TSA reconoció que “es preciso instalar escudos para reducir aún más los niveles de exposición a la radicación de los operadores del escáner de retrodispersión de rayos X”. También advirtió que los empleados de la TSA plantearon que no han recibido capacitación suficiente como para operar las máquinas. Michael Grabell, un periodista de ProPublica que ha escrito mucho sobre los escáneres de cuerpo entero, me dijo: “Técnicos de radiación le dijeron a algunos de los operadores de la TSA: ‘si yo operara alguna de esas máquinas, usaría un medidor de radioactividad’. Pero la TSA no lo permitió”.

Estas preocupaciones provocaron que el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica demandara a la TSA y al Departamento de Seguridad Nacional, para procurar que se ponga fin al uso de los escáneres, al menos hasta que se realicen exámenes independientes de los riesgos y se publiquen los resultados.

Hasta que no tengamos la certeza de que los escáneres son seguros, seguiré optando por no someterme a ellos.

 

Panamá: El país está en guerra

Por Marco A. Gandásegui

“El país está en guerra”, fue lo que le gritó el agente de la Fuerza del Orden a un ex policía jubilado que, por casualidad, también era ngobe y protestaba contra la desposesión de las tierras ancestrales de su pueblo en San Félix, a principios de febrero pasado. A mediados de marzo, otro miembro de la Policía amenazaba a dos mujeres en La Chorrera diciéndoles que no le habían “enseñado a escuchar, sino a matar”.

Estas dos experiencias – y otros incidentes similares – están dando claros indicios de una creciente militarización de la llamada Policía Nacional panameña. La insubordinación reciente de un grupo de oficiales de la Policía frente al ministro de Seguridad Pública es otra señal. Más aún, es más preocupante cuando el presidente de la República avala lo actuado por la Policía y el ministro se retracta de sus declaraciones originales.

Los oficiales de la Policía panameña, así como los agentes, están siendo entrenados para tratar a la población como enemigos potenciales del Estado. Muchos de los oficiales, incluso, no tienen entrenamiento como policías y salen directamente de academias militares. Los policías, a su vez, son reciclados en academias norteamericanas, israelíes y colombianas para aprender tácticas represivas y de control militar.

En el libro que publicamos en 1990, La democracia en Panamá, planteábamos que el país no tendría un régimen político democrático si no se cumplían con, por lo menos, dos condiciones fundamentales: En primer lugar, las instituciones armadas del país – como eran la Guardia Nacional (1953-1983) y después las Fuerzas de Defensa (1983-1989) – no podían estar al servicio de una potencia extranjera (es decir, EEUU). Segundo, que era necesario distinguir claramente entre una policía al servicio de la comunidad y un ejército entrenado para rechazar y reprimir al enemigo.

Después de la invasión, EEUU se apoderó de la Policía Nacional y la convirtió en una herramienta en su política exterior hacia Panamá. Muchas de las funciones de adiestramiento se las delegó a las Fuerzas de Defensa de Israel. Con motivo de su campaña contra el “terrorismo” a escala mundial, EEUU comenzó a entrenar a la Policía panameña para cumplir con funciones militares combinadas con actividades de seguridad interna.

En 2008, durante los ejercicios militares Panamax, en torno al Canal de Panamá, el Comando Sur de EEUU creó la consigna de que la policía panameña estaba en una guerra contra una supuesta “insurrección campesina e indígena” que ponía en peligro la estabilidad del país.

La presidencia de Martín Torrijos (2004-2009) introdujo elementos de confusión en las funciones de la Policía Nacional. ¿Evolucionaba para convertirse en Ejército o continuaría siendo un híbrido (“ni chicha ni limonada”)? Desde que el presidente Ricardo Martinelli asumió la primera magistratura, la militarización de la policía ha avanzado de manera más acelerada. Pero en vez de crear un Ejército para resguardar las fronteras o controlar nuestro espacio aéreo o aguas territoriales, se ha creado un aparato militarizado para controlar todos los aspectos relacionados con la vida política del país.

Las comunidades, las ciudades, las carreteras y las zonas rurales son objeto de un permanente resguardo militar. El policía confunde al ciudadano con un peligroso enemigo del Estado. A su vez, el soldado sigue órdenes en el campo de batalla frente a un enemigo formado por amas de casa, estudiantes, campesinos y trabajadores. La confusión está conduciendo al país a una situación de caos.

Actualmente, no es un secreto que EEUU controla los aparatos de seguridad del Estado panameño. El 31 de diciembre de 1999 evacuó sus tropas del país y cerró todas sus bases militares. Sin embargo, no abandonó sus puestos en los aparatos de seguridad del gobierno panameño.

Además, hay cierta confusión en el Consejo de Seguridad Nacional en la medida en que los policías y soldados panameños no saben si las directrices de los aparatos de seguridad del Pentágono son más potentes que los provenientes del Departamento de Estado. Tampoco saben muy bien si las líneas de acción política que emanan de la CIA y de la DEA neutralizan los objetivos de los anteriores.

Es fundamental que los gobernantes desenreden los papeles que le corresponden jugar a policías y soldados en la estructura política del país. Esa misma confusión – creada por la política exterior de EEUU hacia Panamá – llevó al coronel Remón Cantera a la Presidencia en 1952, siguió con el golpe militar de 1968 y la invasión militar norteamericana en 1989.

Todo indica que las debilidades de la clase política, de la incapacidad de los sectores medios y populares para poner orden y la voracidad conocida de EEUU, nos están llevando por el mismo camino ya recorrido en la segunda mitad del siglo XX. EEUU podría beneficiarse, los especuladores siempre pescan mejor en río revuelto y los soldados quizás se reparten algunas prebendas.

Cuando los policías declaran que “el país está en guerra”, o que “policía juzga policía” o que luchan contra una “insurrección campesina e indígena” es igual a un río que suena, porque piedras trae. De un enfrentamiento de este tipo sólo el país y el pueblo panameño serán los perdedores.

 

México: La cuota de género

Por Gerardo Fernández Casanova


“Que el fraude electoral jamás se olvide”.


Que humanamente se perdone al autor del fraude electoral no significa que se olvide. Lo que resulta imperdonable es el olvido o, mejor dicho, la desatención a la cuota de género en la designación de los candidatos de los partidos. Con apego a la ley, el IFE otorga un plazo perentorio a los partidos cuyas planillas de candidaturas a diputados y senadores violan la disposición de otorgar un 40% de ellas a las mujeres. ¡Menudo berenjenal!.

Vale la pena detenerse a analizar el tema. Es muy válida la lucha de las mujeres contra la discriminación de que tradicionalmente han sido víctimas; un siglo de luchas ha sido insuficiente para garantizar la igualdad de género, en medio de una vergonzosa condición machista de la cultura en general y de la política en particular.

Hace 60 años que les fue reconocido el derecho a votar y ser votadas, durante los que el primero es respetado y hasta aprovechado, en tanto que el segundo sigue siendo una asignatura pendiente.

Digo aprovechado el derecho a votar, por la utilización del voto femenino a favor de las propuestas de confesionario o de púlpito eclesial, bajo el equívoco de que la mujer es proclive a ejercer su derecho escuchando las recomendaciones del cura; o a los que, machistamente niegan la capacidad de discernimiento de la mujer y postulan candidatos “bonitos” (como el del copete entenderá) como criterio ganador.

La historia está demostrando la falsedad de tal concepto: la estupidez a la hora de votar no es condición exclusiva de la mujer ni mucho menos de todas las mujeres, tantos años de mal gobierno dicen del hombre que ha votado de manera estúpida. Por el contrario, baste observar el contenido de género de las manifestaciones y asambleas del MORENA para constatar que la presencia femenina llega a ser mayoritaria, sin tratarse de un candidato “bombón para el colchón”, como reza la porra femenil de Peña Nieto.

Igualmente falsa es la suposición de que las mujeres van a votar por la panista por el hecho de ser mujer, cuando es la representante del oscurantismo más retrógrada, precisamente en perjuicio del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. La igualdad de género es conquista de las mujeres pensantes y sólo los ignorantes la pueden atacar.

Lo que sí habrá que admitir es que la fórmula de la cuota, siendo plenamente justificada, reviste serias contradicciones y peligros. Uno de ellos consiste en el hecho de caer en una nueva forma de discriminación por la que se disminuye la valoración de la condición de ser competente de una mujer cuando se le incluye por “derecho de cuota”.

Otro implica una afectación a la democracia interna de los partidos para seleccionar a sus candidatos: ¿Qué pasa si las mujeres, en proporción mayor al 40%, resultan merecedoras de la nominación? ¿Se va a castigar al remanente por rebasar la cuota de género? O bien, en un determinado distrito el candidato idóneo es del género masculino y cuenta con el apoyo popular para la nominación ¿Se va a violentar la voluntad democrática por estar reservado el distrito para una mujer?

Otra más, la propuesta partidista respetuosa de las fórmulas va a contender electoralmente y no existe garantía de que el resultado sea que en la cámara se tenga una composición equivalente, bien pudiera resultar que sea una mayoría masculina la que gane en los distritos y así quede conformada la cámara, o viceversa. Lo importante es que la equidad se plasme en la composición del órgano de la representación.

Estas aberraciones no necesariamente son propias de la exigencia de igualdad de género, sino de su incrustación en un diseño que resulta cada día más aberrante: la elección de diputados por la vía uninominal o de mayoría relativa. Es una aberración que la representatividad del sistema político se finque en elecciones distritales en las que sólo uno de los candidatos contendientes triunfa por tener más votos que cualquier otro, sin importar que, cada vez con mayor frecuencia, correspondan a la minoría más votada: candidatos ganadores con menos del 50% de los votos y, en su caso, más de 50% de votantes que dejan de ser representados.

Es tiempo de que se analice a fondo la alternativa de conformar la cámara de diputados mediante la votación por listas propuestas por los partidos, de manera que su composición se corresponda con la parte proporcional que respecto de la votación total reciba cada partido.

Esta fórmula ofrece una mayor garantía de representatividad, por la que la población decide respecto de postulados de proyecto de nación más que respecto de personas. Así puede quedar perfectamente aplicable la cuota de género, incluso a nivel paritario. Así mismo, sanearía el proceso de selección de candidatos y haría innecesaria la formación de alianzas entre partidos.

Reconozco que en el diseño híbrido actual los llamados diputados plurinominales son desagradables para la ciudadanía y que la propuesta que formulo significa que todos sean plurinominales. Habrá que explicarlo y debatirlo ampliamente.

 

New Rule Makes H-2B Program Better for Workers and Economy

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(Washington, DC, March 30, 2011)  – Today, economic, civil rights, labor, and immigration experts held a congressional briefing organized by the AFL-CIO to discuss the Department of Labor (DOL) comprehensive final rule change that will make improvements to the H-2B program.

The briefing focused on how the new rule strengthens protections for U.S. and H-2B guest workers and allows employers to hire more seasonal workers to fit their needs.

Speakers at the congressional briefing included Tanya Clay House, Director of Public Policy for the Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law; Ross Eisenbrey , Vice President of the Economic Policy Institute; Father Clete Kiley, Director of Immigration Policy for UNITE-HERE; and, Rachel Micah-Jones, Founder and Executive Director of Centro de los Derechos del Migrante, Inc.

Drawing from their wide array of expertise, the panelists provided insight into how the new rule’s advancement of workers’ rights also expands immigrant and civil rights while improving the U.S. economy.

In light of Senator Lindsey Graham’s recent introduction of a resolution disapproving the rule, it is especially important that lawmakers fully understand the changes being made to the H-2B program.

The DOL rule strengthens oversight of a program that has been misused to the detriment of American workers and to take advantage of some of the most socially and economically vulnerable workers who are seasonally employed in hazardous industries such as construction, food processing, and landscaping to name a few.

“The H-2B visa program is too susceptible to abuse without some significant protections for both U.S. workers looking for employment, and for temporary immigrant workers who may be lured here under false promises,” said Fr. Clete Kiley of UNITE-HERE, “We need to be vigilant with those employers who would game this system. The DOL regulations are a step toward such vigilance.”

“This comprehensive rule will effectively address numerous problems faced by H-2B guest workers, who are predominately workers of color and often subjected to widespread exploitation,” said Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law Public Policy Director Tanya Clay House.  “The rule will also strengthens unemployed U.S. workers’ fair and equitable access to much-needed jobs and provides greater safeguards to protect all workers.”

“For H-2B workers and US workers, the Department of Labor’s Final Rule is a modest, but crucial, first step. The rule fixes a few of the program’s many flaws by guaranteeing H-2B workers’ rights that most people would take for granted” said Rachel Micah-Jones, Executive Director of a bi-national advocacy organization center, Centro de los Derechos del Migrante.

Ross Eisenbrey, Vice President of the Economic Policy Institute emphasized the economic benefit of the rule change, saying, “Employers claim there are no U.S. workers for jobs in landscaping and hotels, but when qualified U.S. workers show up, they want the right not to hire them.  This rule gives U.S. workers a fair shot at jobs before employers go abroad to hire.”

El 75% de los brasileños nunca fue a una biblioteca

El 75 % de la población brasileña nunca visitó una biblioteca, mientras sólo el 8% lo hace con frecuencia, de acuerdo con una investigación, conocida esta semana, que fue realizada por el Instituto Pro Libro.

“El mayor desafío es transformar a las bibliotecas en locales que sean agradables, donde las personas se sientan a gusto, estén con placer, que no sean considerados lugares sólo para estudiar” declaró Karine Pansa, presidenta de Pro Libro, entidad privada.

El 71% de los entrevistados declaró que tiene conocimiento de la existencia de bibliotecas públicas y que es fácil visitarlas, pero a pesar de ello no lo hace.

La pesquisa de Pro Libro se realizó con base en datos obtenidos en un sondeo elaborado por la consultora de opinión pública Ibope.

El estudio señala, además, que 17% de los brasileños va a las bibliotecas apenas algunas veces por año y el porcentaje de los que lo hace frecuentemente se redujo del 11% al 8% entre 2007 y 2011.

La investigación, titulada Retratos de la Lectura en Brasil, detectó que el 71% de los consultados supone que las bibliotecas sólo permiten el ingreso de estudiantes, y apenas el 16% declaró que son “lugares para prestar libros” a cualquier persona.

Fuente: ANSA

 

Time to Re-Regulate the Airline Industry

By Phil Longman

Almost as bad as flying these days is owning airline stocks. According to the industry’s leading trade group, Airlines for America, U.S. airlines have lost $50 billion over the past 10 years. Even as the economy recovers, the latest figures show airlines were still earning less than half a penny on every dollar of revenue in 2011, which is well below the amount needed to replace its aging fleet or maintain current levels of service. Even before the recent bankruptcy filing by American, the value of all publicly traded U.S. airline stocks was less than that of Starbucks.

The industry’s trend toward insolvency would be even steeper were it not for the major subsidies it extracts from taxpayers. These include billions of dollars spent to construct and maintain airports, and $15 billion in grants and loan guarantees airlines received in the aftermath of 9/11.

And they include tens of billions of dollars in unfunded pension liabilities that major airlines, such as United and U.S. Airways, have shoved onto taxpayers by filing for bankruptcy protection. Recently, American Airlines retreated from its threat to dump $10 billion in unfunded pension obligations onto the public, but taxpayers will pay anyway as the reorganizing carrier sheds 13,000 jobs and drastically curtails service. Since 1978, almost all start-ups have either failed or been absorbed.

Dwindling service

The broader consequences to travelers have been starker. Over the past five years, service to medium-sized airports has fallen by 18%. Adjusted for growth of the economy, capacity is at its lowest level since 1979, and the industry has announced plans to cut another 1% of available seat miles in the first three months of this year.

High fuel prices are a factor, but they are not sufficient to explain the erosion of airline service. Nor can we just blame the Great Recession. Throughout decades in which the price of energy has risen and fallen and the economy has boomed and busted, the industry has been barely able to earn its cost of capital. It’s now clear the industry’s problems are structural and deepening, as is the crisis faced by cities and industries that rely on frequent, affordable service to remain competitive in the global economy.

How to fix things?

What’s the solution? Until 1978, U.S. policy viewed airline service as a “public convenience and necessity.” The Civil Aeronautics Board assigned routes, set fares and ensured that airlines remained modestly profitable.

This regulatory regime had problems, but fares did fall dramatically thanks largely to technological innovation. DC-8s and other mass-market jets during the 1960s and early ’70s vastly expanded such popular tourist destinations as Florida’s Disney World and the Caribbean. By 1977, 63% of Americans older than 18 had taken a trip on an airplane, up from 33% in 1962.

Indeed, after adjusting for shifts in energy prices, a 1990 Economic Policy Institute study found that airline fares fell more rapidly in the 10 years before 1978 than afterward. Under deregulation, the government has allowed giant airline mergers, such as Southwest/AirTran and United/Continental, that cause monopolistic prices on many routes.

A new national policy on airlines is in order, as even the industry itself is starting to realize. We need a regulatory regime that provides balanced, reasonably priced service to metropolitan areas that don’t happen to be hubs, while also guarding against monopolistic combinations that harm the public and ruinous competition that leaves the industry financially unsustainable. Americans did this before we fell for the false promise of airline deregulation, and we can do it again.

Phil Longman is a senior fellow at the New America Foundation, a public policy institute.

 

Maldef Files Lawsuit Against Los Angeles Restaurant


LOS ANGELES –  This Thursday MALDEF filed a lawsuit against the famed Robertson Boulevard restaurant, The Ivy, for violating the Fair Employment and Housing Act (FEHA), and discriminating against a former employee. The suit was filed in California Superior Court in Los Angeles County.

The lawsuit charges that the restaurant – one of L.A.’s leading celebrity hangouts, attracting a virtual who’s who of Hollywood stars and moguls – wrongfully terminated its employee on the basis of his medical condition at the beginning of last year.  FEHA is a California protection that prohibits employment discrimination based on medical condition; race or color; religion; national origin and many other factors.

“The Latino workforce is the backbone of many critical industries in California, including the restaurant industry,” stated MALDEF President and General Counsel Thomas A. Saenz.  He added, “Latino workers deserve protection, like anyone else, from discrimination based on bias against health condition or based on any other irrational bias.”

The Plaintiff was a fully qualified employee in good standing at The Ivy for five months before he was wrongfully terminated. He was diagnosed with HIV in December 2010 and in January 2011, began taking necessary prescription medications to treat his condition. Unable to finish his shift because of strong side effects from his medication, the Plaintiff went home ill to regain the strength he knew he would need to perform his duties as a busser to the best of his ability.  He was subsequently asked by management not to come to work for the rest of the week.

When the Plaintiff returned to work the next week, he provided notification from his doctor requesting that the restaurant “please facilitate patient request on work schedule change.” The doctor, from the Jeffrey Goodman Special Care Clinic – one of the nation’s foremost HIV/AIDS care providers – confirmed that the Plaintiff was able to perform his job despite his medical condition.  Instead of accommodating him according to state law, The Ivy terminated the Plaintiff.

”The Ivy cannot target employees with HIV for discrimination.  Individuals in these vulnerable situations are in particular need of their jobs, and any employer choosing to discriminate faces the possibility of a civil suit,” stated Victor Viramontes, MALDEF National Senior Counsel.

The Ivy’s failure to accommodate the Plaintiff according to doctor’s orders and its decision to unfairly terminate him both violate civil rights protections. MALDEF is committed to seeking justice for all vulnerable Californian’s terminated by their employers in violation of state and federal laws.

 

A copy of the complaint is available online at

http://www.maldef.org/assets/pdf/Martinez_Complaint_032912.pdf.