La organización America’s Voice elogió al Departamento de Justicia por acusar a tres policías de Shenandoah, Pennsylvania, de obstruir la justicia en relación con el asesinato a golpes de un inmigrante mexicano por parte de varios jóvenes el año pasado.
También destacó la decisión de las autoridades federales de imputar a dos jóvenes con cargos federales de delitos de odio después de que fueron absueltos a mediados de este año en una corte estatal de la fatal agresión contra Luis Ramírez, un inmigrante indocumentado de 25 años que trabajaba como obrero.
El documento acusa al jefe de policía de Shenandoah y a dos de sus subordinados de tratar de encubrir la acción de dos jóvenes involucrados en el incidente por los vínculos personales que los oficiales tenían con los adolescentes.
«Los ataques violentos contra los inmigrantes se han vuelto tristemente muy comunes – particularmente con dos casos estremecedores de similares circunstancias en Long Island, Nueva York hace un año – situaciones que no deben quedar impunes», dijo Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice.
«La acción del Departamento de Justicia envía un fuerte mensaje, de que este tipo de crímenes no pueden ser tolerados o permitidos para que sean racionalizados, ignorados o encubiertos por las autoridades locales que creen que los inmigrantes indocumentados no merecen las mismas protecciones legales que otros residentes».
«Creemos que las vidas de inmigrantes pobres, independientemente de su situación migratoria, son tan valiosas como las vidas de los estadounidenses. La acusación indica que aún los adolescentes o cualquiera que victimice o ataque a inmigrantes sólo por ser inmigrantes, pagarán un precio por sus acciones. Esperamos que los cargos presentados también sirvan para evitar futuros ataques insensibles, así como la conducta impropia de agentes policiales», enfatizó.
Este tipo de ataques brutales, sumado a la inacción de la policía, sólo orilla a los inmigrantes indocumentados a vivir en una situación más oculta y erosiona la confianza del público en las agencias de la ley y el deseo de cooperar en investigaciones criminales.
«La violencia motivada por el odio y el fanatismo no deben tener lugar en Estados Unidos, pero aún así continúan prevaleciendo en muchas de nuestras comunidades», dijo Thomas E. Pérez, subsecretario de Justicia para derechos civiles, quien realizará este jueves una conferencia de prensa sobre crímenes de odio.
«La División de Derechos Civiles está lista para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de odio», dijo Pérez.
El senador demócrata Robert Menéndez, dijo que el sistema de justicia federal “tendrá la oportunidad de considerar y juzgar este caso”.
“Sin duda alguna existe fuerte evidencia de que lo que se cometió en este caso fue un crimen de odio, y sabemos que los tribunales federales son el mejor lugar para el juicio de presuntos crímenes de odio y la protección de los derechos civiles. Cuando alguien es brutalmente asesinado simplemente por su raza u origen étnico, se comete un crimen contra nuestras comunidades y los valores de nuestra nación. Es por esto que los casos que se presumen crímenes de odio necesitan atención especial del sistema de justicia federal, y es por eso la nueva ley Matthew Shepard es tan importante», afirmó.
A principios de este año, el senador Menéndez se unió a una coalición de grupos nacionales y Senadores federales que pidió al Departamento de Justicia los Estados Unidos hacer una investigación a fondo de la golpiza y brutal asesinato de Ramírez, padre de dos hijos.
Ramírez perdió la vida en julio de 2008, tras ser pateado en la cabeza y golpeado hasta quedar inconsciente por un grupo de adolescentes en Shenandoah, PA que le gritaban insultos raciales antes y durante la brutal golpiza.
La primera acusación formula cargos contra Derrick Donchak y Brandon Piekarsky por cometer un crimen de odio al golpear fatalmente a Luis Ramírez mientras le gritaban insultos raciales. La acusación también alega que, inmediatamente después de la paliza, Donchak, Piekarsky y otros, incluyendo miembros del Departamento de Policía de Shenandoah, participaron de un plan para obstruir la investigación de la mortal agresión.
Tres cargos adicionales por conspirar para obstruir la justicia y delitos relacionados le fueron formulados a Donchak. De ser declarados culpables, Piekarsky y Donchak enfrentan una pena máxima de cadena perpetua por el cargo de crimen de odio. Donchak enfrenta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de obstrucción y de otros cinco años de prisión por obstrucción de la justicia.
Una segunda acusación formula cargos contra el jefe de la policía de Shenandoah Matthew Nestor, el teniente William Moyer, y el oficial de policía Jason Hayes por conspiración para obstruir la justicia durante la investigación de la paliza y muerte de Ramírez. Moyer también ha sido acusado de manipulación de pruebas y testigos, y por mentir al FBI. Dee ser hallados culpables, los acusados enfrentan a 20 años de prisión por cada uno de los cargos de obstrucción y de otros cinco años de prisión por conspirar para obstruir la justicia. Moyer enfrenta cinco años adicionales por hacer declaraciones falsas al FBI.
La tercera formula cargos contra el Jefe de la Policٕía Néstor y su segundo al mando, el Capitán Jamie Giuseppe Gennarini, por extorsión y violación de derechos civiles. Según esta acusación, desde el 2004 hasta el 2007, Néstor conspiró para extorsionar varias operaciones ilegales de juegos de apuestas en el área de Shenandoah y obstaculizó la investigación del plan de extorsión. La acusación también alega que el 17 de mayo de 2007, Néstor y Gennarini cometieron extorción al exigir un pago en efectivo de 2.000 dólares a un empresario local y su familia a cambio de la liberación del empresario.
