Juez desestima demanda presentada por guatemaltecos
Investigadores de Estados Unidos expusieron intencionalmente los demandantes a enfermedades de transmisión sexual.
Un juez federal desestimó una demanda presentada en nombre de un grupo de guatemaltecos que sin saberlo fueron expuestos por investigadores estadounidenses a sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual en la década de 1940.
En el curso de los experimentos, médicos estadounidenses infectaron intencionalmente a más de 2.000 trabajadoras sexuales, prisioneros, soldados y enfermos psiquiátricos para estudiar los efectos de la penicilina.
El jueves, el juez de distrito federal Reggie Walton afirmó que las leyes federales no admiten las demandas por perjuicios ocasionados en el extranjero.
El gobierno de Obama había argumentado en favor de la desestimación del caso alegando que la inmunidad soberana ampara a los funcionarios sanitarios federales en relación con litigios motivados por experimentos.
Hugo Chávez dice que su país está fabricando aviones no tripulados
El presidente de Venezuela Hugo Chávez reveló públicamente que su gobierno empezó a producir aviones no tripulados de vigilancia, luego de que trascendiera que fiscales estadounidenses están examinando el programa venezolano de fabricación de ese tipo de aviones.
En un discurso televisado, Chávez dijo que su país ha construido tres aviones no tripulados con la ayuda de Irán, pero que éstos serán utilizados únicamente con fines defensivos.
Chávez afirmó: “Una fábrica de aviones no tripulados. Claro que los estamos haciendo, y tenemos derecho. No lo tendríamos en verdad si fuéramos una colonia, pero somos un país libre e independiente. Aquí mandamos los venezolanos. No manda el imperio yanqui ni los lacayos”.
Mari Carmen Aponte regresará a El Salvador como embajadora de EE.UU.
La abogada puertorriqueña Mari Carmen Aponte fue confirmada este jueves por el Senado de Estados Unidos como embajadora de ese país en El Salvador. Ahora, sólo falta la ratificación y la juramentación, que podría darse en los próximos días.
Tras ser confirmada Aponte se convirtió en la primera puertorriqueña en ocupar un cargo como embajadora de Estados Unidos. Antes desempeño esa posición por un año pero de forma interina, ya que el presidente Barack Obama la nombró en el verano de 2010, cuando el Congreso estaba en receso.
Su nombramiento venció el 31 de diciembre de 2011 y Aponte tuvo que regresar a Estados Unidos. Hubo otro intento de confirmarla en diciembre de 2011 pero los demócratas no consiguieron los votos suficientes, ya que la bancada republicana bloqueó 49-37 la votación definitiva.
El voto definitivo para su confirmación estaba previsto para el próximo lunes según trascendió el miercoles,pero ambos partidos llegaron a un acuerdo para realizarlo este 14 de junio por consenso unánime.
Previo al voto definitivo, los senadores habían aprobado, con 62 votos a favor y 37 en contra, una medida de procedimiento clave para avanzar hacia el voto final. Bajo las reglas del Senado se requiere un mínimo de 60 votos, del total de 100, para limitar el debate de una medida y proceder a su votación final.
El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, reseñó las virtudes de la embajadora Aponte al cerrar la votación a favor. Destacó el notable papel de la diplomática en el año en que fungió en el país en su nombramiento de receso del Congreso que hiciera el presidente Barack Obama en 2010.
“La embajadaora Aponte está altamente cualificada para el cargo, tiene el apoyo de la comunidad puertorriqueña y de los latinos en general, y el Senado debe confirmarla”, dijo el líder de la myoría del Senado, Harry Reid.
Entre los senadores republicanos que se opusieron inicialmente a la confirmación de Aponte figuraba Marco Rubio, quien exigía una condena más enérgica del Departamento de Estado al presunto fraude electoral en Nicaragua el año pasado.
Pero Rubio, cuyo distrito en el centro de Florida incluye una numerosa comunidad puertorriqueña, enfrentó presiones de los demócratas y grupos afines, así como de líderes puertorriqueños, para obtener el apoyo de los republicanos.
Según fuentes del congreso tanto la secretaria de Estado, Hillary Clinton como otros miembros de la Administración Obama realizaron una fuerte campaña de presión el miércoles, mediante llamadas telefónicas, para juntar los votos necesarios para la confirmación de la embajadora.
La labor de Aponte ha sido elogiada por los senadores demócratas y grupos afines porque, durante su gestión interina como embajadora cimentó alianzas con líderes de todos los partidos políticos en El Salvador, defendió los intereses de EE.UU. en la región, y negoció un acuerdo con el Gobierno de ese país centroamericano para combatir la violencia de las pandillas y el crimen organizado.
La confirmación de Aponte en el cargo era una de las máximas prioridades de la Casa Blanca y de sus aliados demócratas en el Senado, cuando se aproximan las elecciones presidenciales de noviembre, en los que el voto hispano podría contribuir a la reelección de Obama.
Aún no se conocen detalles de cuándo retornaría Aponte a la embajada estadounidense en la capital salvadoreña. Actualmente, la máxima representación del Gobierno de Estados Unidos en El Salvador recae en Sean Murphy, encargado de negocios de la embajada.
El Salvador se complace por ratificación de embajadora
El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifiesta su más sincera complacencia por la votación que este día hiciera el Senado de Estados Unidos, a favor de la ratificación de la diplomática Mari Carmen Aponte como embajadora de dicho país norteamericano ante El Salvador.
La Cancillería salvadoreña, a través del ministro Hugo Martínez, celebra dicha decisión apoyada por 62 senadores, que permitirá a la embajadora Aponte retomar el trabajo desarrollado de agosto de 2010 a diciembre de 2011 en nuestro país, período en el cual facilitó la concreción de importantes acuerdos y programas.
“Siempre manifestamos que la embajadora Aponte había dado un importante dinamismo a las relaciones bilaterales, por lo que nos congratulamos por su confirmación, que es el fruto de su trabajo y del compromiso del gobierno de los Estados Unidos con El Salvador”, expresó el canciller Martínez, tras la votación del Senado.
El jefe de la diplomacia salvadoreña había expresado también en abril pasado a su homóloga estadounidense, la Secretaria de Estado Hillary Clinton, que una pronta confirmación de Aponte en el cargo sería un buen reflejo del excelente estado de las relaciones bilaterales, al contar con la representación diplomática de los Estados Unidos en su máximo nivel en El Salvador.
“No dudamos que este logro se traducirá en un mayor fortalecimiento de nuestros lazos y que la embajadora Aponte continuará desarrollando una labor encomiable al frente de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, como ya lo hizo anteriormente”, agregó el canciller.
Atentados terroristas durante peregrinación chiíta en Iraq
Una serie de ataques con coche bombas en varias ciudades de Iraq dejó un saldo de 65 personas muertas y más de 200 heridos. Las personas atacadas celebraban peregrinaciones relacionadas con su religión chiíta.
El primer ataque ocurrió durante una procesión alrededor de las 5:00 a.m. en la ciudad de Taji, al norte de Baghdad, matando a siete personas e hiriendo a dos, según la policía local.
Dos explosiones simultáneas también ocurrieron en la ciudad de Balad, a 80 kilómetros de Bagdad, y mataron a siete personas e hirieron a 34.
En el sur del país, algunas de las explosiones fueron dirigidas a dos mezquitas chiíta y en Hilla, una ciudad predominantemente chiíta, una explosión de dos coche bombas en restaurantes cercanos a una academia local de policía dejó al menos 20 personas muertas y cerca de 40 heridos.
De acuerdo con autoridades locales muchos de los muertos eran reclutas de ese centro.
De acuerdo a un oficial del Ministerio del Interior de Iraq, cuatro vehículos parqueados fueron detonados en diferentes puntos de Baghad, con el objetivo de atacar a peregrinos que celebraban la muerte de Imam Moussa Kadhim.
Aunque ningún grupo se ha atribuido los ataques, la Prensa Asociada indica que debido a la forma en la que fueron realizados, grupos insurgentes Sunni pudieron haber sido los responsables.
Los Chiítas y los Sunnis son ramas de la religión islámica, y a pesar de tener una base común tienen creencias diferentes en cuanto a los líderes religiosos que veneran, y el conflicto en ese país se profundizó en años recientes, mientras las tropas estadounidenses estaban presentes en ese territorio.
A mediados de diciembre de 2011, el último grupo de tropas estadounidenses abandonó territorio iraquí, pero las divisiones políticas en Iraq han continuado.
El chiíta Nouri al-Maliki, Primer Ministro de Iraq, ha sido acusado de monopolizar el poder y las tensiones en el país se han incrementado después de que el vicepresidente Tariq al-Hashemi, uno de los líderes del grupo Sunni, fuera acusado de patrocinar escuadrones de la muerte para exterminar a oficiales chiítas.
Los ataques de hoy representan el acto de violencia más grande después de que bombas dirigidas a chiítias mataran a 78 personas en Bagdad y en las afueras de la ciudad de Nasiriyah el 5 de enero de este año.
A pesar de que en recientes meses la violencia en Iraq ha disminuido, ataques esporádicos han sido realizados en contra de chiítas, e insurgentes Sunnis se han atribuido dichos ataques.
La semana pasada, la organización Estado Islámico de Iraq, que incluye a un grupo local de Al Qaeda se atribuyó el bombardeo de una oficina chiíta en Bagdad, en la que murieron 20 personas.
El portavoz de las fuerzas militares de Bagdad, Dhia al-Wakeel, dijo que los ataques fueron realizados con el objetivo de reiniciar la violencia sectaria, pero que “los iraquíes están conscientes de la agenda del terrorismo y no caerán en un conflicto sectario.”
Las celebraciones chiítas relacionadas con la muerte de Imam Moussa Kadhim finalizarán este sábado, lo que aumenta el temor de ataques como los del miércoles se repitan en los próximos días.
Fuente : Christian Post
Maryland Advocates Applaud DC Council for Standing for Public Safety and Opposing “Secure Communities”
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The Maryland Commission for Family Unity, a group of civil rights, victims’ advocates, faith institutions, and labor and community organizations, heralded the actions of the Washington DC Council in passing emergency legislation to protect the district from the negative impacts of the poorly designed federal immigration enforcement program Secure Communities. Commission members called on Montgomery and Prince George’s Counties – counties with the state’s largest immigrant populations – as well as the state of Maryland to follow suit.
“The nation’s capital has shown the type of leadership we need to ensure that our communities are protected from crime and our families are not being torn apart by ICE’s failed ‘Secure Communities’ program,” said Father Jacek Orzechowski, Parochial Vicar at St. Camillus church which sits on the border of the two counties in Silver Spring. “We expect our Maryland leadership to step up to the plate and protect the families of our parish, rather than spending their energy and limited resources on facilitating the inhumane and unjust policy separating parents from their children.”
The District’s Immigration Detainer Compliance Emergency Amendment Act had been winding its way successfully through the legislative process, when the federal government imposed without local consent activation of the controversial “Secure Communities” deportation program. In response, councilmembers unanimously passed an emergency version of the act which will limit ICE’s use of District facilities and equipment and narrow the deportation dragnet by only responding to immigration detention requests for individuals who are over 18 and have been convicted of a dangerous crime. The act builds upon the Mayor’s Order 2011-174 (October 19, 2011) that prohibits all public safety agencies from inquiring about individuals’ immigration status or transmitting information about immigration status.
Maryland advocates have taken note as jurisdictions across the country took aggressive action to protect local community policing initiatives from the toxic effects of the program. Earlier this year, Connecticut became the first state in the country to significantly curtail the points at which it will respond to detainer requests, setting out a set of specific convictions that will trigger compliance with a detainer request.
Detainer policies have become the last remaining tool for local jurisdictions to avoid becoming de facto immigration agents. Under the operations of such a policy, a person who is taken into custody and fingerprinted still has their fingerprints sent, via an FBI warrant search, to ICE. However, if ICE issues a request that the local jurisdiction detain the person, the local jurisdiction sets standards by which it chooses to honor those requests. In Maryland, advocates have urged Montgomery and Prince George’s County, as well as the Governor, to adopt standards similar to the nation’s capital.
Late last month, the position of advocates was bolstered by the release of a legal opinion by the Howard Law School Civil Rights Clinic under the direction of Professor Ajmel Quereshi. Examining the question of the legal permissibility of detainer policies like that just adopted in Washington, the Clinic concluded that detainers, unlike warrants, were not mandates. Accordingly local governments could make a determination that critical priorities – such as victim protection or community policing – required limiting when those detainers would be fulfilled.
Members of the Maryland Commission for Family Unity have committed to build on the Washington, DC momentum by pressing local officials to alleviate the suffering created by Secure Communities. According to research issued by the Applied Research Center and the Berkeley School of Law, more than 1 in 3 people detained through Secure Communities has a US citizen spouse or child. And, in just the first 6 months of 2011, immigration enforcement left more than 46,000 US citizen children orphaned in the United States.
“Victims of the broken immigration system do not exist in a vacuum. They are neighbors, coworkers, and friends. They go to our churches and attend our schools. Together we are Maryland and we can build a better solution than the mistakes we confront today” said Jaime Contreras, District Director of the Service Employees International Union Local 32BJ.
The Maryland Commission on Family Unity is composed of African-American civil rights groups, faith institutions, domestic violence organizations, youth services groups, labor, and diverse immigrant organizations who are committed to insuring that the broken immigration system does not break apart our local Maryland families.
The Commission includes: the ACLU of Maryland, ACLU – Prince George’s County, AILA-DC/MD/VA Chapter, the Baltimore Hispanic Pastors Association, the Baltimore Hispanic Chamber of Commerce, Bilingual Christian Church, CASA de Maryland, Equity Matters, Maryland Network against Domestic Violence, Murphy Initiative for Justice and Peace.
Also includes NAACP – Anne Arundel County Branch, NAACP-Baltimore City Branch, NAACP – Prince George’s County Branch, NAACP Maryland State Conference, National Action Network, Progressive Maryland, Progressive Neighbors.
Moreover, the South Asian Americans Leading Together (SAALT), Sacred Heart of Jesus Catholic Parish, Safe and Sound Campaign, St. Dominics/St. Anthonys Catholic Parish, St. Camillus Parish, SEIU 32BJ, SEIU MD and DC State Council, United Workers, and the Women’s Law Center.
Informe: niños sirios torturados y utilizados como escudos humanos
Mientras tanto, un nuevo informe de la ONU sostiene que niños sirios están siendo sometidos a tortura, violencia sexual y que están siendo utilizados como escudos humanos en el combate.
La representante especial de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, reveló las conclusiones del informe.
Radhika Coomaraswamy declaró: “Hemos visto a niños, que le contaron a mi equipo de técnicos que han sido golpeados, que tienen huellas de tortura y que han sido azotados con cables de electricidad. También se registraron casos de tortura sexual contra los niños. La tortura y la detención de los niños es algo horroroso”.
“Además, tenemos pruebas de que los niños están siendo utilizados como escudos humanos. En el pueblo Ayn l’Arouz, por ejemplo, los niños describieron cómo en un autobús que llevaba personal militar fueron obligados a ponerse del lado de la ventanilla para proteger al vehículo de un ataque”, puntualizó.
Obama no asistirá a Cumbre Río+20 sobre medio ambiente
El Departamento de Estado confirmó que el presidente Barack Obama no asistirá a la Cumbre de la ONU sobre desarrollo sustentable, denominada Río+20, que tendrá lugar en Brasil la semana próxima.
Se trata de la tercera conferencia internacional consecutiva sobre medio ambiente a la que Obama no asistirá, luego de no haber participado en las dos últimas conferencias de cambio climático de la ONU en México y Sudáfrica.
La secretaria de Estado Hillary Clinton y la directora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lisa Jackson, encabezarán la delegación estadounidense.
EUU acuerda promover derechos de inmigrantes peruanos
Funcionarios gubernamentales de Perú y Estados Unidos firmaron este lunes en Washington tres acuerdos de promoción de los derechos laborales de los inmigrantes peruanos que se encuentran en este país, independientemente de su estatus legal.
La secretaria de trabajo de EE.UU. Hilda Solís y Harold Forsyth, embajador del Perú ante la Casa Blanca firmaron una declaración conjunta y dos cartas de arreglo para comprometerse mutuamente en la divulgación conjunta de los derechos de los trabajadores peruanos en los centros de trabajo estadounidenses.
Para lograrlo se comprometieron a llevar a cabo una campaña de información en los medios de comunicación y en las plataformas sociales, que tendrá como objetivo educar a trabajadores y empleadores sobre los derechos laborales de los trabajadores.
“Este acuerdo se sustenta en la magnífica relación que existe entre el Perú y Estados Unidos” dijo el embajador Forsyth “y beneficiará a más de un millón de peruanos que viven y trabajan en este país”.
Bajo los acuerdos, las oficinas regionales del Departamento de Trabajo cooperarán con los consulados peruanos para supervisar el cumplimiento y promover la divulgación de los beneficios y alcances de la legislación laboral estadounidense.
“Los trabajadores migrantes hacen importantes contribuciones a nuestro país”, dijo por su parte la secretaria de Trabajo Solís. “Los acuerdos firmados ayudarán a que los trabajadores conozcan sus derechos a un ambiente laboral seguro y a recibir salarios justos, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos”.
Los acuerdos contemplan la participación de organizaciones comunitarias, organismos no gubernamentales, centros religiosos y entidades privadas en la formulación y ejecución de una campaña de concientización sobre los derechos laborales de la comunidad peruana.
“Este compromiso reafirma una de las promesas electorales del presidente Ollanta Humala”, señaló Forsyth. “La protección de los derechos de los peruanos que viven en el exterior está perfectamente reflejada en estos acuerdos”.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos se encarga de implementar las leyes de protección laboral que establecen estándares salariales y de seguridad laboral mínimamente aceptables. Los empleadores estadounidenses están obligados a respetar la legislación federal, estatal y municipal existentes.
En la práctica, estos acuerdos permitirán organizar un sistema de protección de los derechos laborales de los trabajadores inmigrantes peruanos a través de los consulados respectivos.
ONU llama a la erradicación del trabajo infantil
PL.- Doscientos quince millones de niños y niñas son víctimas de trabajo infantil y casi la mitad de ellos en las peores condiciones de ese tipo de explotación, informó hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Del total global, 127 millones son chicos y 88 millones pequeñas, precisó esa agencia de Naciones Unidas con motivo del Día mundial contra el trabajo infantil, que se conmemora el 12 de junio.
Cuando entran en el mercado laboral, esos infantes quedan privados de la educación y capacitación necesarias para que ellos, sus familias y comunidades salgan del ciclo de pobreza en que se encuentran, advirtió la entidad.
Explicó que los menores víctimas de las peores formas de trabajo infantil están expuestos a maltrato físico, psicológico o moral que puede causarles daños para el resto de sus vidas.
Entre esas variantes de explotación se incluyen la esclavitud, la venta y trata de niños, la servidumbre por deudas contraídas y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento de menores para utilizarlos en conflictos armados.
También están la prostitución y la producción de pornografía, la utilización y oferta de pequeños para realizar actividades ilícitas como la elaboración y el tráfico de estupefacientes y otros trabajos que afectan la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
La OIT recordó que en 2010 la comunidad internacional adoptó una hoja de ruta para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para el 2016.
Además resaltó los convenios existentes sobre la edad mínima de admisión al empleo (15 años) y otro dirigido a la adopción de medidas para la prohibición y eliminación urgente de las peores formas de trabajo infantil.
Por otro lado está la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, según la cual los menores deben ser protegidos de trabajos peligrosos que entorpezcan su educación o sean nocivos para su salud y desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
Además, la Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado dos Protocolos facultativos de la Convención para aumentar la protección de los niños contra la participación en conflictos armados y la explotación sexual.
CIDH presenta caso sobre Guatemala ante la CorteIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el Caso No. 12.578, María Isabel Véliz Franco y otros, Guatemala.
Los hechos de este caso se refieren a la falta de respuesta eficaz del Estado guatemalteco en relación con la denuncia interpuesta el 17 de diciembre de 2001, por Rosa Elvira Franco Sandoval ante al Ministerio Público para denunciar la desaparición de su hija, María Isabel Véliz Franco, de 15 años de edad, así como las posteriores falencias en la investigación de los hechos.
Existieron una serie de irregularidades durante la investigación de la desaparición y posterior muerte de María Isabel Véliz Franco, entre las que se destacan la falta de realización de diligencias cuando fue reportada desaparecida, las fallas en la preservación de la escena del crimen cuando fue encontrado el cuerpo, y deficiencias en el manejo y en el análisis de la evidencia recolectada.
En el marco del proceso ante la CIDH, el Estado aceptó su responsabilidad por la falta de debida diligencia en el proceso de investigación respecto de la muerte de María Isabel Véliz Franco, específicamente por la omisión de practicar algunas pruebas forenses sobre el cadáver, por el atraso que hubo en la investigación causado por un conflicto de competencia territorial, y por no haber establecido una medida cautelar efectiva para asegurar la comparecencia de un sospechoso del asesinato. El crimen permanece en la impunidad y creando como consecuencia un ambiente propicio para la repetición crónica de actos de violencia contra las mujeres.
Momento crucial para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Cochabamba, Bolivia – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó esta semana su Informe Anual frente a la 42ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y advirtió que el momento actual es crucial para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por ende, para la defensa y protección de los derechos humanos de los y las habitantes de las Américas.
“Lo que está en juego, que nadie tenga duda, es el patrimonio que los Estados, la sociedad civil y los propios órganos interamericanos hemos construido para que las actuales y futuras generaciones de todo el hemisferio puedan gozar de sus derechos humanos”, dijo el Presidente de la Comisión, José de Jesús Orozco.
“Se trata de las garantías regionales y los mecanismos eficaces para que ninguna persona en las Américas se sienta desamparada en sus derechos más esenciales; para que los Estados -a través de sus gobiernos de hoy y los del futuro-, se vean obligados a respetar esos valores que, en ejercicio de su soberanía, un día acogieron y se comprometieron internacionalmente a salvaguardar”, agregó.
El Presidente de la Comisión destacó que “la experiencia del Sistema Interamericano es reconocida como una de las más exitosas en el mundo y constituye, de manera subsidiaria y complementaria, la última esperanza para millones de personas en la región ante eventuales insuficiencias o ineficacias de los mecanismos internos de protección contra la injusticia o la arbitrariedad”. Asimismo, subrayó “la autonomía e independencia de la Comisión son la fuente de su credibilidad y requisito imprescindible de su eficacia”.
En ese contexto, dijo que la Comisión Interamericana emprendió “una reflexión profunda, plural, técnica y diligente” sobre las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente, y anunció que la CIDH continuará impulsando foros regionales y subregionales a fin de “tener en cuenta las perspectivas de todos los usuarios del sistema para la eventual reforma a su reglamento y prácticas institucionales”.