Activistas se preparan para la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la ley SB1070 de Arizona que determinará si los estados tienen la potestad de aplicar la ley de inmigración, tarea que corresponde al gobierno federal. Todavía queda definir el impacto de la ley en lo referente a la discriminación que alegan varios grupos pro inmigrantes que también han presentado demandas.
La inacción del Congreso sobre una reforma migratoria integral que legalice a unos 11 millones de indocumentados ha llevado a los estados a promulgar sus propias leyes mientras que el gobierno federal impulsa programas de cooperación con la policía local, como Comunidades Seguras para deportar a extranjeros con antecedentes penales.
“Este caso de Arizona movilizará a comunidades que se oponen a la intolerancia racial y el odio”, dijo Irma Rivera, portavoz del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM), que integra a varias organizaciones comunitarias.
«Mientras la Corte Suprema de Justicia se demora en anunciar su decisión sobre la ley de inmigración de Arizona; la comunidad Latina e inmigrante continúa trabajando arduamente para evitar imitaciones de este tipo de leyes que promueven discriminación racial como lo hace la provisión “muéstreme sus papeles” de la ley de Arizona».
“Nuestros esfuerzos ya han alcanzado logros. El autor de esta ley ha sido destituido de su puesto a través del voto y con nuestro poder electoral lograremos una reforma migratoria justa e integral», agregó.
