Por Maribel Hastings
America’s Voice
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En abril de este año una coalición de sindicatos encabezados por la central AFL-CIO y Change to Win (CTW), anunció con bombos y platillos lo que en 2007 fue imposible: un acuerdo de apoyo a la reforma migratoria integral.
En ese acuerdo, un controversial componente: una comisión independiente que determine los futuros flujos de trabajadores, temporales y permanentes. La comisión sería la alternativa a un plan de trabajadores huéspedes.
Tomando en cuenta que la división del sector sindical en 2007 fue uno de varios factores para la derrota del plan de reforma migratoria en el Senado, el anuncio ha sido bienvenido por diversos sectores del movimiento pro inmigrante.
La AFL-CIO congrega a 56 gremios, con más de diez millones de empleados, y CTW agrupa a siete sindicatos, con más de seis millones de obreros.
Empero, no se ha escrito el último capítulo de la saga entre los sectores sindical y empresarial, dos protagonistas con enorme influencia sobre la Casa Blanca, el Congreso y el debate migratorio.
Las secuelas de la derrota
Nunca antes, como ahora, los empresarios habían estado tan vigilados por las autoridades migratorias para que cumplan con las normativas que les prohíben contratar indocumentados.
En 2009, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) emitió órdenes de auditoría para más de 2,000 compañías sospechosas de tener indocumentados entre su personal, cuatro veces más que en 2008. Las multas del año pasado fueron de 2.5 millones, y en 2009 superan los 16 millones.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en agosto que durante lo que iba de 2009 había deportado a 215,000 indocumentados.
La semana pasada Human Rights Watch denunció en el reporte «Encerrados y alejados” que 53% de 1.4 millones transferencias de indocumentados a cárceles remotas de su lugar de detención ocurrieron después de 2006.
Los sindicatos han visto la deportación de afiliados y potenciales miembros por reclamar derechos laborales de asociación, como ocurrió en la planta procesadora de Smithfield en Carolina del Norte.
La piedra en el zapato
Contario a los sindicatos, el gremio empresarial reclama una expansión de los programas que facilitan el ingreso de empleados con visas H-1, L-1 y EB, para profesionales, empleados con calificaciones excepcionales e inversionistas.
En el portal de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC) aparecen estos enunciados, además de “cabildear por una reforma que permita a los pequeños negocios y de temporada continuar usando la visa H-2B para trabajadores temporales”.
El sector empresarial, favorece la legalización de los indocumentados, pero se opone a la comisión y defiende el plan de trabajadores huéspedes.
David Ferreira, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos (USHCC), aseguró a America’s Voice que para la Administración “la comisión está fuera de la mesa”. “Políticamente no tiene el apoyo requerido para que la reforma pueda avanzar en el Senado y los senadores moderados, republicanos y demócratas, no apoyan la comisión”.
La USHCC y otros sectores empresariales respaldan “un regulador determinado por el mercado que controle el flujo de inmigrantes, algo que no debe ser dictado por una tropa política”, dijo Ferreira refiriéndose a los sindicatos.
Aunque actualmente la tasa de desempleo es de doble dígito, el plan de de trabajadores huéspedes es necesario, según Ferreira, porque “nuestra economía no va a estar en esta situación (de crisis) eternamente. Crecerá y en ese momento las empresas demandarán trabajadores”.
“Tenemos claras preocupaciones de que algunos integrantes del movimiento sindical no estén del todo comprometidos con la reforma migratoria integral y la comisión es otro medio para restringir la capacidad de los inmigrantes de ingresar legalmente a Estados Unidos”, señaló Ferreira.
Pero Ana Avendaño, asistente del presidente de la AFL-CIO para inmigración y acción comunitaria, dijo a America’s Voice: “¿Cómo le puede explicar (la USHCC) a un congresista que apoye traer a cientos de miles de trabajadores temporales cuando tenemos 16 millones de personas sin trabajo? El político que acepte eso, va a encontrarse sin empleo en las próximas elecciones”.
De acuerdo con la dirigente sindical, la comisión no tiene nada que ver con reducir la inmigración futura, sería independiente y no estaría controlada por ningún sindicato, y basará sus recomendaciones en cuántos trabajadores realmente requiera la economía.
Además, según Avendaño, tanto la Administración como en el Congreso apoyan la comisión. “La Cámara (de Comercio) insiste en este modelo (de plan de trabajadores huéspedes) que ya fracasó. Hay que considerar otras alternativas”.
Pero hay esperanzas
Pese a las diferencias, el sector empresarial ha estado trabajando con grupos sindicales como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) en pos de otras medidas, como por ejemplo, la reforma de salud. Ferreira acredita a Eliseo Medina, presidente ejecutivo de SEIU, la posibilidad de negociar de “buena fe”, lo que puede repetirse con la reforma migratoria.
Actualmente la tasa nacional de desempleo es de casi 11%. En junio de 2007, cuando murió la reforma, el desempleo era de 4.5%. Estas cifras deberían invitar a empresarios y sindicalistas a negociar una reforma migratoria realista por el bien de la economía del país y de los 12 millones de indocumentados.
Rafael Prieto Zartha contribuyó en la elaboración de esta nota
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Maribel Hastings es Senior Advisor de America’s Voice
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