Por Mons. John C. Wester
El ya infame grito de “miente” que el Representante Joe Wilson profirió durante el discurso de reforma de salud del Presidente Obama ante el Congreso fue presentado en la prensa como una ruptura de protocolo sin precedentes.
Mucho menos se ha reportado sobre el objeto de la disputa: evitar que las personas sin documentos de inmigración accedan a cuidados médicos.
Con la aprobación de la legislación de reforma del sistema de salud en la Cámara de Representantes, ésta respondió al improperio. La propuesta de ley de la Cámara permite que las personas indocumentadas usen su propio dinero para comprar seguro médico en el nuevo “intercambio de seguros médicos”.
Esto va en contra no sólo de la postura expresada por el Representante Wilson, sino también de la propuesta en curso en el Senado y de lo afirmado por la Administración Obama. Un examen de cerca de los méritos de la posición adoptada por la Cámara debería convencer a todos ellos de que, en este caso, una política pública sensata debe anteponerse a las divisiones políticas.
Con 12 millones de personas indocumentadas en el país, alguna de ellas va a necesitar un médico. Aunque cerca de 4 millones ya tiene acceso a servicios médicos a través de los planes de salud de sus empleadores, muchos millones más dependen de clínicas comunitarias, salas de emergencia y la generosidad del personal médico que cree que el acceso a la atención médica es un derecho humano básico, no un privilegio.
Aunque los inmigrantes sin seguro usan las salas de emergencia mucho menos que los ciudadanos estadounidenses, el costo de proporcionarles atención médica recae ultimadamente sobre el contribuyente norteamericano, ya sea a través de primas de seguro más altas o de impuestos pagados directamente a los proveedores. El permitir que los indocumentados usen su propio dinero para comprar seguros médicos ayudaría aliviar en algo esta carga fiscal y financiera sobre los ciudadanos de Estados Unidos.
También ayudaría a los estadounidenses a poder permitirse su propia cobertura médica. Un estudio de la Kaiser Foundation llegó a la conclusión de que los inmigrantes son, en general, más jóvenes y saludables que el estadounidense promedio y son menos proclives a hacer uso de servicios médicos y por tanto a encarecerlos. Esto ayudaría a mantener los precios bajos para todos. Al permitir que los indocumentados participen en el intercambio comprando su propio seguro, los riesgos y costos del nuevo sistema de salud se repartirían entre más participantes.
Si se les da la oportunidad, ellos participarán. La verdad es que los inmigrantes indocumentados quieren hacer su contribución, cosa que ya hacen a través de impuestos, deducciones para la Seguridad Social y pagos a seguros médicos. ¿Por qué no permitírselo? Un estudio reciente halló que el 84 por ciento de los inmigrantes indocumentados mexicanos en California a quienes se ofrecía cobertura médica a través de planes de seguro médico de sus empresas la aceptaba y pagaba por una porción de los costos.
Incluso para los inmigrantes legales, el Congreso no ha escrito todavía la prescripción adecuada. Ni el Senado ni la Cámara de Representantes han eliminado la prohibición impuesta en la legislación de reforma del bienestar de 1996 que prohíbe que trabajadores inmigrantes legales pero pobres puedan solicitar ayudas de Medicaid durante cinco años. Los inmigrantes que residen aquí de forma legal, la mayoría de los cuales con el tiempo obtendrá la ciudadanía, deberían tener acceso a programas por los cuales pagan impuestos.
La inclusión de los inmigrantes en la reforma de salud ayudaría a hacer la atención médica más accesible económicamente para todos y haría de nosotros una nación más saludable. También haría posible el acceso para los más vulnerables entre nosotros. ¿No es este el propósito de la reforma del sistema de salud? Hay que dar crédito a la mayoría de Representantes en la Cámara Baja quienes con su voto demostraron que así lo creen.
Al final, el debate sobre los inmigrantes y la reforma de salud es realmente un debate sobre otro mal que aqueja a nuestra nación: el inadecuado sistema de inmigración estadounidense. A decir verdad, sin un programa de legalización y otras reformas, nuestros oficiales electos continuarán teniendo que enfrentarse a difíciles opciones de política pública que amenazan a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes de manera diferente, pero que debilitan al país en su conjunto.
El Presidente Obama y el Congreso harían bien en incluir a los inmigrantes en la reforma de salud y después aprobar una ley de reforma de inmigración para que podamos librarnos finalmente de los amargos debates sobre inmigración que han ensuciado nuestro discurso público y confundido nuestras decisiones de política pública.
Hasta entonces, rupturas del protocolo y astutos juegos políticos seguirán definiendo el debate de inmigración, en detrimento de todos los estadounidenses. Y muchos inmigrantes podrían quedar de pie en la sala de espera pidiendo una cita con el doctor que puede que nunca llegue.
El autor es el obispo católico de Salt Lake City, Utah, y presidente del Comité sobre Inmigración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos
Fuente: USCCB – Artículo publicado originalmente en inglés en Politics Daily
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