A 150 días de que el ex general Otto Pérez asumiera la presidencia de Guatemala, nos preocupan sus medidas orientadas a restablecer el autoritarismo en el país y a la reconformación del poder oligárquico con apoyo de los aparatos de seguridad y organizaciones de “inseguridad”. Se observa una rearticulación del triángulo de poder: grandes ricos; gobierno remilitarizado; e intereses socioeconómicos y geopolíticos de los Estados Unidos.
Afortunadamente, la ofensiva neoliberal confronta grandes desafíos, algunos propios del sistema, cada día más en crisis, y otros planteados con determinación por los sectores populares, de trabajadores y de campesinos, así como por algunos segmentos del movimiento social y de la clase política, que no soportan más la rapiña del y en el país.
Estamos dispuestos a enfrentar a los grandes ricos, tanto criollos como empresas multinacionales, que exigen que se les permita seguir con los grandes negocios, las enormes ganancias y el mínimo de impuestos. Ante el intento de recolonización del país que está en marcha, con la complicidad del Estado guatemalteco, debemos decir “nunca más”.
Los desaciertos del nuevo gobierno no son fruto de su ineficacia o ineptitud. Son medidas orientadas a asumir el pleno control del país, al mejor estilo militar. Por ejemplo, inmediatamente después de asumir el cargo, el presidente presionó para cortar la columna en la prensa de nuestro Secretario de Relaciones Internacionales, a lo cual seguirán sin duda otras medidas de censura mediática; no permitió a las organizaciones de mujeres continuar con la buena práctica de proponer la persona encargada de la Secretaría de la Mujer del Gobierno, siendo nombrada la nueva encargada a dedo; respondió con violencia y estado de sitio a las justas demandas de la población de Santa Cruz, Barillas, Huehuetenango; al estilo de Jorge Serrano ha venido comprando las voluntades en el Congreso para aprobar las decisiones legislativas que le convengan; intervino para nombrar a un Procurador de los Derechos Humanos que no le fuera a cuestionar sus acciones (o se limite a cuestionamientos “light”); intervino en FLACSO/Guatemala, para evitar el nombramiento de la persona propuesta por su Consejo Académico; decidió cerrar los Archivos de la Paz, poniendo en peligro la supervivencia de esa información fundamental para aclarar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno; trata de imponer una inconsulta reforma educativa para la formación de maestras y maestros, declarando “tolerancia cero” a las protestas estudiantiles; y trata de restablecer la ayuda militar de los Estados Unidos para reforzar su guardia pretoriana.
En política exterior, aceptó las demandas de los migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos de continuar las gestiones del TPS iniciadas por Álvaro Colom ante el Gobierno de ese país; pero pronto esos planteamientos se enfriaron para dar paso a posiciones más importantes para algunos de los financistas de sus campañas y para la cúpula militar: la despenalización de las drogas y la reactivación de la ayuda militar estadounidense al ejército nacional. La primera medida nunca fue consultada con la población, la cual ni siquiera entiende de qué se trata y mucho menos cómo ayudará a disminuir el crimen organizado.
En cambio, se ha rechazado el diálogo y la negociación con las maras, como el Gobierno de El Salvador ha hecho para disminuir la delincuencia y la violencia. El bloqueo de la ayuda militar a Guatemala ha sido de los pocos candados establecidos por Estados Unidos para apoyar la implementación de los Acuerdos de Paz. No hay ninguna razón para abrirlo y hacer fluir armas al país, ya que el ejército sigue siendo una amenaza para la población civil, como se ha visto en todos los conflictos de tierra y los relativos a nuestros recursos naturales.
Cuando nos opusimos a la elección del ex general Otto Pérez, teníamos claro que de ser electo presidente el marco político del país iba a sufrir un retroceso; pero no esperábamos una situación tan preocupante a tan corto plazo. La violencia en el país sigue cobrando vidas a diestra y siniestra, sin medidas para enfrentarla, salvo la desacertada militarización de nuestras calles y campos, sin ningún resultado efectivo.
Detrás de la densa cortina de humo de la violencia delincuencial, continúan los ataques contra el movimiento social. Citamos, de manera no exhaustiva, los siguientes: el 25 de enero, el Lic. Enrique Torres, asesor del magisterio nacional, fue asaltado al salir de un banco y el 8 de febrero murió en un hospital; el 24 de marzo fue acribillado cerca de su casa el dirigente sindical Luis Ovidio Ortiz; Andrés Francisco Miguel fue asesinado el 1 de mayo, en el marco del conflicto por la intención de construir una hidroeléctrica en Santa Cruz Barillas; y el 1 de junio fue asesinado al salir de su vivienda el dirigente sindical Manuel de Jesús Ramírez, del MSICG. Se trata de “violencia por motivaciones políticas” de carácter selectivo, como ha venido ocurriendo constantemente en la hermana república de Honduras a partir del golpe de estado.
Ante esta ola de calculados ataques nos queda la opción solamente de la organización y la oposición militante; pero eso no puede quedar en apenas grupos pequeños. Hay que sumar la más grande convergencia de “indignados” que podamos. Hoy, desde la Red por la Paz y el Desarrollo (RPDG) damos la voz de alarma y, al mismo tiempo, ofrecemos nuestro concurso para la formación del “Frente Amplio Amplio ”, como la fuerza social y política que responda a la nueva etapa de ataques y abusos en contra de nuestras grandes mayorías.
Después de las reiteradas equivocaciones de nuestros ciudadanos y ciudadanas en los comicios electorales, desde Arzú hasta Pérez, es necesario formar una alternativa electoral de cambio profundo y definitivo que garantice, como mínimo, que el Acuerdo de Paz Firme y Duradera no quede en letra muerta.
Guatemala, 15 de junio de 2012
Comité Ejecutivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)
