Salvadoreños marchan en San Salvador este lunes 15 de septiembre de 2025. Foto cortesía.
Por Ramón Jiménez/ML Noticias
Este 15 de Septiembre los cinco países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica celebran 204 años desde que los cinco países firmaron en la ciudad de Guatemala el Acta de Independencia de Centroamérica del dominio español.
En la actualidad también son considerados como países centroamericanos Belice (que se independizó de Gran Bretaña y Panamá de Colombia). Sin embargo, sus fechas de independencia son diferentes.
Pero en realidad, ¿son los cinco países libres y soberanos como se celebra cada 15 de Septiembre con bombos y platillos? De eso hay mucha tela que cortar; ya que a pesar de que Costa Rica —un país sin ejército desde 1948— presume de su estabilidad política y socioeconómica, y Nicaragua se muestra rebelde a las influencias extranjeras, ninguno de los cinco países es totalmente independiente de Estados Unidos, China o Rusia.
Si bien es cierto que los países centroamericanos se liberaron del yugo español, los salvadoreños —en particular—, siguen siendo no solamente esclavos del Régimen de Excepción —que en marzo cumplió tres años—, sino también manejados por el gobierno dictatorial de Nayib Bukele.
Para muchos, su reelección al segundo periodo de cinco años es inconstitucional; pero peor aun que pretende seguir en el cargo por tiempo indefinido con el apoyo de la sumisa Asamblea Legislativa, con mayoría de diputados del partido gobernante, donde cada proyecto de ley que llega a sus manos es aprobado sin trámite o sea sin ninguna discusión y luego se convierte en ley de la república; algo que ya se hizo costumbre.
Voceros del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), una organización con sede en Washington, D.C., durante una reunión celebrada el sábado 13 de septiembre, señalaron un ejemplo claro de esas aprobaciones expresas, que dañan no solo la imagen de ese país sino que someten a toda la población. En la reunión también participaron miembros de La Chiltota y MOVIR.
“El mes pasado, la legislatura de El Salvador votó, sin debate, extender la prisión preventiva por hasta dos años más para las casi 90.000 personas que han estado encarceladas desde que se impuso el Estado de Excepción en 2022. Eso significa que decenas de miles de personas podrían enfrentar cinco años en condiciones de prisión mortales sin siquiera una audiencia preliminar”, señalaron.
“Como era de esperar, el régimen de Bukele ahora está intensificando su vigilancia, intimidación y difamación contra las familias organizadas de las víctimas de detenciones arbitrarias, al igual que ha perseguido a los abogados y defensores de los derechos humanos que han expuesto la tortura en las cárceles y cuestionado los abusos del régimen”, agregaron.
Explicaron que, desde el inicio de la «guerra contra las pandillas» de Bukele en marzo de 2022, la policía y el ejército han detenido a esas casi 90.000 personas, condenándolas automáticamente a prisión preventiva. Ninguno de los adultos arrestados bajo el Estado de Excepción ha sido juzgado, ni siquiera ha tenido una audiencia preliminar.
Los voceros de CISPES denunciaron también que se han confirmado más de 400 muertes de personas en espera de juicio bajo el Estado de Excepción y muchas familias en organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) ni siquiera saben si su ser querido sigue vivo.
Desde su fundación hace tres años, MOVIR ha sido ignorada y demonizada por el régimen de Bukele y sus troles en línea, quienes minimizan sus reclamos de justicia presentándolos como criminales o familias de criminales.
MOVIR ha denunciado desde hace bastante tiempo la vigilancia y los intentos de intimidación y criminalización de su trabajo, y en fecha reciente, la policía interceptó el autobús de MOVIR cuando se dirigían a presentar una carta al Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador y exigió documentos de identificación a más de 50 de sus miembros.
Señalaron, además, que el régimen de Bukele ha intensificado drásticamente sus ataques contra grupos de derechos humanos que denuncian las condiciones en las cárceles de El Salvador, incluyendo la detención de activistas de alto perfil como Fidel Zavala y abogadas como Ruth López. Resulta alarmante que grupos como CRISTOSAL, UNIDEHC y Socorro Jurídico Humanitario, que brindaban acompañamiento legal a las víctimas, hayan tenido que huir del país ante crecientes amenazas de arresto.
“La reunión en Washington, D.C. fue en solidaridad con defensores de derechos humanos y movimientos sociales que protestan este lunes 15 de septiembre en El Salvador, continuando con el legado de lucha de nuestro pueblo”, dijeron los voceros de CISPES.
“Durante la reunión hubo grupos de trabajo de salvadoreños y sus aliados, donde reflexionaron sobre quiénes somos como salvadoreños más allá de las pupusas y los torogoces y cómo las luchas actuales que enfrenta la gente en El Salvador reflejan los ataques contra nuestras comunidades en Washinbgton, D.C.”, apuntaron.
