Congreso disidente en Cuba exige el retorno a “tradiciones democráticas”

La reunión nacional de la opositora Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil cubana (APSC) concluyó este sábado sus deliberaciones con una resolución en la que que calificó de “estalinista” al gobierno de Fidel Castro y exigió el retorno de Cuba a sus “tradiciones democráticas”.

La Asamblea que congregó a 168 delegados de las 14 provincias exigió “la excarcelación inmediata de todos los presos políticos, sin listas, plazos ni exclusiones” y calificó al gobierno de “estalinista”, “totalitario y netamente antidemocrático”.

La resolución pide “el inmediato retorno de nuestra Patria a sus tradiciones democráticas de pluralidad de partidos, programas, ideologías políticas y candidatos”.

La Asamblea reclamó al Gobierno “la abolición inmediata de la pena de muerte”, y la “conmutación” de las ya dictadas y afirmó que la economía nacional se encuentra en “una situación de franca crisis, consecuencia directa del inoperante sistema económico implantado”.

La Asamblea deliberó en Río Verde, un suburbio en el suroeste de La Habana, donde el sábado se abrió la reunión, con la asistencia de varios diplomáticos de Estados Unidos, Japón, Holanda, Polonia y República Checa.

La pasividad oficial ante la reunión opositora -no se reportaron incidentes ni presencia policial en el entorno- tiene diversas interpretaciones entre los asistentes, desde una supuesta “impotencia” del gobierno, hasta opiniones más suspicaces, que siguen esperando alguna reacción.

La economista Marta Beatriz Roque, el abogado René Gómez Manzano y el ingeniero Félix Bonne, fueron ratificados como los tres miembros del Secretariado Ejecutivo, por los 36 miembros de la directiva, a su vez electos por los 168 delegados presentes, por voto directo y secreto.

Roque (50 años), líder de la agrupación, fue la única mujer de los 75 disidentes condenados a largas penas de prisión en 2003, y excarcelada el pasado año por problemas de salud, bajo “licencia extrapenal”.

Los disidentes exigieron en su resolución “cambios económicos profundos que otorguen libertad económica a los ciudadanos”.

La Asamblea emplazó al Gobierno a demostrar su rechazo al terrorismo, mediante la colaboración con otros países y la expulsión de Cuba de “los miembros de la organización vasca ETA” y a “cualesquiera de otros extranjeros terroristas que hayan encontrado refugio aquí”.

También pidió “presentar disculpas públicas” a los familiares de los muertos en el hundimiento del remolcador “13 de Marzo” y de las avionetas de la organización anticastrsistas “Hermanos al Rescate”, derribadas en febrero de 1996.

En cuanto a la política oficial de distribuir ollas de presión y arroceras a la población de manera subvencionadas, significó que esas operaciones “reflejan el grado de subconsumo, penuria generalizada y dependencia total del Estado en que ha caído el pueblo cubano, lo que le permite al Gobierno la manipulación de las masas”.

Con esta reunión nacional, la Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil, que asegura agrupar cerca de 360 organizaciones, logra por primera vez en Cuba realizar un cónclave nutrido de disidentes, lo que sienta un precedente en una oposición caracterizada históricamente por la división.

Sin embargo, apoyando o criticando el encuentro, otras organizaciones opositoras han asegurado que la Asamblea es parte de la disidencia cubana y no la representa en su conjunto.

Entre los que se desmarcaron de la reunión están el Movimiento Cristiano Liberación, que preside Oswaldo Payá y la agrupación moderada Arco Progresista, cuyo portavoz es Manuel Cuesta Morúa.

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