Preocupa a OEA violencia en la región


 

 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), propuso hoy a la Comisión de Seguridad Hemisférica la realización “a la brevedad posible”, de una reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas o Ministerios equivalentes, para abordar la compleja situación de la violencia en el hemisferio.

 

“En mi opinión, los temas atingentes a la seguridad han terminado por constituirse en la principal amenaza para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y las posibilidades de desarrollo de nuestra región. Debemos, en consecuencia, actuar rápida y enérgicamente para contrarrestar ese riesgo”, afirmó el Secretario General al presentar la propuesta que deberá ser discutida por el Consejo Permanente de la OEA en una próxima sesión.

 

Insulza mencionó algunas estadísticas que dan cuenta de la alarmante situación que atraviesa la región en materia de seguridad. Recordó que según el Informe Mundial de Violencia de la Organización Mundial de la Salud, América Latina y el Caribe es la segunda región más violenta del planeta, con una tasa de homicidios de 22,9 por cada 100 mil habitantes, lo que duplica el promedio mundial.

 

Igualmente, un diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) da cuenta que, dependiendo de la forma como sean definidas, las violaciones y la violencia doméstica afectan a entre el 25 y el 50 por ciento de las mujeres en América Latina.

 

“La tasa de muertes causadas por lesiones en nuestra región, que es ya alta alcanzando a 27,7 por cada 100 mil habitantes, es mucho más alta y es la primera causa de muerte en los jóvenes de entre 15 y 29 años, en donde llega a 83,2; y es aún más alta entre los jóvenes de los estratos medios y bajos, entre los cuales alcanza a más de 100 casos cada 100 mil habitantes”, enfatizó.

 

Explicó luego, que “existen varias razones que contribuyen a que la seguridad se deteriore. Un resultado indeseable de esto es la creciente tendencia a privatizar la seguridad. El principio jurídico de que el monopolio del uso legítimo de la fuerza lo tienen las instituciones militares y policiales está siendo cuestionado en algunos de nuestros países; y la dotación de la seguridad privada duplica, cuando no triplica, aquella de la seguridad pública en varios países”.

 

En otro momento, Insulza resaltó que esta compleja situación está afectando directamente a los fundamentos del desarrollo económico regional. El BID, dijo, estima que el costo de la delincuencia, incluyendo el valor de propiedad robada, se eleva aproximadamente a 16,8 billones de dólares, equivalente al 15% del PIB de América Latina.

 

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“No podemos negarlo: ya existen zonas dentro de ciudades y regiones completas dentro de países en América Latina y el Caribe en los que la institucionalidad del Estado está siendo sustituida por el poder de hecho de grupos delictuales. Esto no puede continuar”, advirtió.

 

No obstante los desafíos que se presentan, Insulza destacó los logros alcanzados hasta el momento por el Sistema Interamericano, entre las que mencionó la Convención contra la Fabricación Ilícita y Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), la Comisión Interamericana para el Control del A

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