Nueva ley autorizará a los españoles a recordar su historia

Luego de varios meses de negociaciones los partidos políticos españoles llegaron a  una fórmula de acuerdo para la aprobación de la ley de Memoria Histórica que anulará varias normas remanentes de la pasada dictadura y ordena retirar los símbolos de exaltación del régimen fascista de los edificios y lugares públicos que aún los mantienen. 

El proyecto enviado al parlamento declara ilegítimos, no ilegales, los juicios de los tribunales de la dictadura. Esta fue la razón por la que Ezquerra Republicana de Cataluña, se opuso al proyecto al igual que el derechista Partido Popular, aunque este lo hiciera por razones diametralmente opuestas. Los republicanos catalanes consideran esta ley insuficiente en lo referente al tratamiento de la legislación franquista. El PP por su parte, acusa al PSOE de reabrir las viejas heridas de la Guerra Civil y así dividir la sociedad española.  

Los muchachos de Aznar nunca se quejaron de la misma forma de las masacres de la dictadura que simplemente dividió la sociedad española de entonces entre vivos (callados) y muertos (aquellos que se atrevieran a hablar). De hecho, este partido se ha negado consecuentemente a condenar el ataque al estado de derecho perpetrado por la dictadura franquista. El pasado 15 de octubre, el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja, afirmó que no va a condenar la dictadura franquista porque, a su juicio, el período dictatorial fue de “extraordinaria placidez”. 

Pero el hecho de declarar ilegítimas las sentencias de los tribunales franquistas va más allá de su valor simbólico. Esta disposición inicia el mecanismo para eliminar varias normas represivas de la dictadura que se mantienen pese a que hace años que ningún juez las aplica. Los socialistas prefieren curarse en salud y evitar que en cualquier momento algún burócrata nostálgico decida desempolvarlas.  

Varias organizaciones de afectados por la dictadura, reclamaron que la ley ordenara la elaboración de un pormenorizado censo de víctimas y que se incluyera el relato de lo ocurrido en los programas de estudio de historia en primaria y secundaria. El Foro por la Memoria, reclamó a su vez que  se investiguen todos los crímenes aunque no se juzgue a los culpables, pero al menos se recoja el testimonio de esta época oscura para España. Pero no lo consiguieron, ni siquiera el PSOE acompañó la iniciativa.  

La nueva ley obligará sí a que se retiren los símbolos franquistas de de todos los lugares públicos, ya sean de administración estatal o privada. En clara alusión a la Iglesia, la ley habilita a retirar las subvenciones y ayudas públicas a las instituciones que se nieguen a la “ retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.  

En definitiva, España empieza a transitar tímidamente el camino de la justicia que, como es ya archisabido, es el único recurso para lograr una verdadera pacificación nacional y sanar en lo posible las heridas de la lucha fratricida.  Mientras que la mayoría de los países latinoamericanos ya han conseguido, unos mejor que otros, juzgar y castigar a los responsables de los genocidios cometidos por las dictaduras fascistas que asolaron el continente en los años 70 y 80, aquí recién se está pidiendo permiso al parlamento para recordar lo que sucedió.  Será por eso que, pese a los denodados esfuerzos del juez Garzón por apresar a Pinochet, el dictador chileno se fue lo más tranquilo, y al igual que sus colegas ibéricos,  se rió a carcajadas de la justicia española.

 

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