Gobiernos locales y estatales quieren aplicar ley federal de inmigración

Ante el fracaso este año de una reforma migratoria en el Congreso, los gobiernos estatales y locales han impulsado medidas contra los indocumentados, a los que se sumó el gobierno federal con un programa de verificación del Seguro Social.

En respuesta, grupos defensores de los inmigrantes están respondiendo con demandas legales contra esas medidas. Uno de sus triunfos fue el rechazo la semana pasada de un juez federal en California a los planes del gobierno federal de enviar cartas de verificación del Seguro Social a empleadores del país.

El grupo de derechos civiles Equal Rights Center presentó una demanda el martes contra Manassas y las escuelas públicas de esa ciudad por discriminatoriamente coordinar esfuerzos contra los hispanos por vivir en condiciones de hacinamiento, según informó el miércoles el diario Richmond Times Dispatch.

Asimismo, el Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y la Educación presentó una demanda legal la semana pasada contra la resolución del Condado de Prince William que busca negar servicios a los indocumentados y que la policía local aplique las leyes federales de inmigración.

Pese a las demandas, gobiernos locales planean proseguir con sus planes contra los indocumentados. En Virginia, el condado de Loudoun aprobó una resolución contra la inmigración indocumentada, mientras que los condados de Chesterfield, Culpeper, James City, Page, Sposylvania y Staffor analizan resoluciones así como también la ciudad de Manassas. En Fairfax, el ejecutivo del condado, Anthony Griffin, anunció el martes que analizará la restricción de servicios a los inmigrantes indocumentados, a petición del miembro de la Junta del Condado, el republicano Michael Frey. Griffin ordenó a su personal que calcule el número de indocumentados en Fairfax y le informe sobre los servicios que ofrece el condado sin considerar la situación legal del beneficiario y los que está prohibido ofrecer a los indocumentados, informó el miércoles el diario The Washington Post.

Mientras tanto en Richmond, la Comisión sobre el Crimen en Virginia rechazó la construcción de un centro de detención con mil camas para los indocumentados que esperan deportación. La comisión aprobó fondos para que los gobiernos locales se encarguen de los indocumentados arrestados y expandan o construyan nuevas cárceles. En contraste, la ciudad de Alexandria y el Condado de Arlington expresaron su apoyo a las contribuciones de los inmigrantes mientras que el condado de Frederick, en el vecino estado de Maryland, rechazó una resolución que buscaba negar servicios a los indocumentados.

En el estado de Oklahoma entrarán en efecto una serie de medidas que convierten en un delito el transporte de inmigrantes indocumentados, les niega beneficios de asistencia pública, multa a los empleadores que los contraten y autoriza a la policía local y estatal a aplicar la ley de inmigración. El presidente de la Coalición Nacional de Ministros Cristianos (CONLAMIC), Miguel Rivera, anunció el lunes una demanda contra el gobernador de Oklahoma, Brad Henry, el procurador general Drew Edmonton, por considerar como discriminatoria la nueva ley.

Notas relacionadas:

Policía local cumplirá funciones de inmigración en Prince William   http://www.metrolatinousa.org/article.cfm?articleID=17172  

Avanza Prince William con resolución antiinmigrante pese a protestas   http://www.metrolatinousa.org/article.cfm?articleID=17170  

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