El Salvador podría renunciar a la CADH por caso Romero

Arely Muñoz Notimex   San Salvador.- El gobierno de El Salvador podría renunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) por estar en desacuerdo con las exigencias sobre el caso del crimen del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, reveló el abogado David Morales.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó en 2002 al Estado salvadoreño por el asesinato de Romero y señaló la autoría directa del crimen al ex fundador de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Roberto D´Aubuisson.  

Morales, quien fue despedido de la Oficina de Tutela Legal por el arzobispo capitalino Fernando Sáenz Lacalle, indicó que previo a una audiencia ante la CIDH el pasado 10 de octubre, el Estado salvadoreño dijo que nunca reconocería culpa alguna en el asesinato.  

En conferencia de prensa, el abogado dijo que delegaciones del gobierno y del arzobispo se reunieron en Washington, Estados Unidos, como parte del diálogo que solicitó el Ejecutivo para conciliar en este caso.   "En estas reuniones el Estado de El Salvador manifestó a la delegación del arzobispo que pretendían continuar en situación de desacato", sobre las recomendaciones que emitió la CIDH tras condenarlo en 2000 por el crimen de Romero.  

"Tajante y abiertamente (los representantes del gobierno) dijeron que no reconocerían responsabilidad y manifestaron que no anularían la Ley de Amnistía y no investigarían el crimen de Romero", perpetrado el 24 de marzo de 1980, dijo el abogado a periodistas.  

Morales, quien representó a Tutela Legal en la audiencia del 10 de octubre y fue despedido por Sáenz Lacalle por su postura ante el diálogo con el gobierno, dijo que la delegación del Estado calificó como "extremista" la propuesta de reparación que presentó su organización ante la CIDH en 2006.  

"Dijeron que si las exigencias continuaban, el presidente (Antonio Saca) estaría pensando en denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, esto es, que si seguían este tipo de exigencias, consideraría renunciar como Estado a la comisión americana", subrayó.  

"Eso sería gravísimo", afirmó Morales al precisar que eso fue expresado de manera clara por el abogado Carlos Méndez, quien representa a la cancillería salvadoreña y es miembro de la delegación del gobierno en el diálogo con el arzobispo.  

La CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó al Estado salvadoreño asumir responsabilidad en el asesinato de Romero, pedir perdón de manera pública, incluir textos sobre la figura de Romero en los libros de enseñanza, entre otras acciones.  

Tras conocer que las conversaciones que llevaba con el gobierno se filtraron, Sáenz Lacalle tuvo que aceptarlas, y dijo que las mantendría en silencio para no politizar el tema, ya que Romero lleva un proceso de canonización ante El Vaticano.   Para Morales, "cualquiera de los organismos de derechos humanos, para los cuales he trabajado, se hubiese negado a continuar con un diálogo frente a tales condicionamientos".  

Sin embargo, Sáenz Lacalle y otro vicario que lo representó en la reunión con el gobierno han decidido seguir con las negociaciones al margen del marco de las recomendaciones de la CIDH, afirmó el jurista.  

La Tutela Legal, como demandante en el caso Romero ante la CIDH, presentó las objeciones técnicas pertinentes a los dos religiosos, pero las mismas han sido totalmente desoídas, denunció el abogado experto en derechos humanos.   Aclaró que en la primera reunión -de dos que han tenido las partes- se acordó que se informaría del inicio del diálogo a la CIDH, que había voluntad de negociar y en ninguna parte del documento que hizo público el arzobispo, se "pacta el silencio" ante ese organismo.  

Además, Tutela Legal en ningún momento recibió órdenes de Sáenz Lacalle para guardar silencio sobre el incumplimiento del Estado en el caso de Romero.   Morales rechazó el pronunciamiento del arzobispo, quien adujo que él incumplió el pacto escrito, y aclaró que su despido es una represalia contra Tutela Legal del Arzobispado por la posición que "representé en la audiencia del 10 de octubre".  

Según Morales, su despido sin tener derecho a ninguna defensa, se debió a que la lealtad que esperaba Sáenz Lacalle era "mi silencio sobre los incumplimientos del Estado ante la Comisión".  

Más bien, "ese silencio hubiese significado la más grande deslealtad e infidelidad a la lucha histórica" de fallecido arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera Damas, de Tutela Legal, de la familia Romero y del pueblo salvadoreño por el reconocimiento de la verdad.  

Un centenar de comités de derechos humanos y sociales han criticado al arzobispo capitalino por haber entablado pláticas con el gobierno y le han advertido que la verdad sobre el asesinato de Romero no se negocia porque su figura ha trascendido y es del pueblo salvadoreño.

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