Gobierno salvadoreño descarta pedir perdón por asesinato de Romero

San Salvador.- El Estado salvadoreño descartó  pedir perdón en el caso del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero perpetrado en 1980, ni tampoco derogará la Ley de Amnistía, afirmó el canciller Francisco Laínez.  

Laínez, en entrevista con el matutino El Diario de Hoy señaló que crímenes como el del pastor religioso que "pueden haber sido hechos aislados que se dieron en el contexto de una guerra, pero el Estado no es responsable de esos sucesos".   Entonces "cualquier crimen común se vuelve una responsabilidad del Estado, el cual también sería en ese caso, responsable de las personas que fueron secuestradas para recaudar dinero para darles fondos a la guerrilla", dijo el funcionario.  

El canciller criticó que el diálogo que ha emprendido el gobierno con el arzobispo Fernando Sáenz Lacalle, en el caso de Romero esté siendo politizado por ciertos sectores del país.   Este caso que ventila la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha complicado tras conocerse en octubre pasado la intención del gobierno de negociar con Sáenz Lacalle el asesinato de Romero para incumplir recomendaciones hechas contra el Estado de El Salvador.  

La Comisión exige que el gobierno, entre otros, pida perdón público por el crimen de Romero ocurrido mientras oficiaba misa el 24 de marzo de 1980 por un francotirador de la derecha.   La misma CIDH, Naciones Unidas y organismos humanitarios locales responsabilizan de la autoría al extinto fundador del actual partido gobernante, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pero este colectivo y el gobierno siempre lo han negado.  

Amplios sectores salvadoreños han salido al paso de este caso y han advertido al actual arzobispo que el martirio de su pastor no se negocia porque es una figura del pueblo y defenderán a toda costa que el gobierno cumpla con lo que le ordena la CIDH.  

El hecho ha vuelto a ser discutido luego que José María Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana, sugirió el martes que el gobierno debe buscar un diálogo con los ofendidos en el caso Romero y que se cumpla lo pedido por la CIDH de derogar la Ley de Amnistía.  

Sobre la polémica Ley de Amnistía que está vigente desde 1993 en el marco de los Acuerdos de Paz, el canciller se mostró negativo a derogarla por considerar que lo que está en juego es "la  administración del futuro de El Salvador".  

"La vigencia de esta (Ley) es importante para el proceso de reconciliación salvadoreño", agregó Laínez al recordar que esa legislación fue necesaria y es "actualmente defensa de la paz".  

"Yo no voy a dar ningún paso para derogar la Ley de Amnistía, porque eso es comenzar a desarmar la estructura que le dio vida a los Acuerdos de Paz", manifestó el martes el presidente salvadoreño Antonio Saca.   El mandatario reveló que eso se lo externó al sacerdote Tojeira en una reunión y reiteró que quitar dicha Ley sería volver a la vorágine del pasado.   – Notimex

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