Elogian decisión de gobierno EU de abandonar planes sobre verificación de Seguro Social

Grupos empresariales, sindicales y defensores de los derechos de los inmigrantes elogiaron la decisión del gobierno de Estados Unidos de abandonar sus planes de verificar el Seguro Social de los trabajadores como una medida para combatir la inmigración indocumentada.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) informó el viernes por la noche a una corte federal de San Francisco que en marzo de 2008 presentará una nueva propuesta en respuesta a una demanda presentada por varios grupos opuestos a esa medida.

Los grupos demandantes incluyen a la central sindical AFL-CIO, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el National Immigration Law Center (NILC) y  organizaciones laborales.

El director del Proyecto de Trabajadores Inmigrantes de la ACLU, Lucas Guttentag, dijo que pese a que el gobierno abandonó la defensa de su propuesta, el DHS continuará “castigando” a ciudadanos y trabajadores legales porque sigue usando la base de datos del Seguro Social.

La abogada de NILC, Marielena Hincapié, manifestó que cualquier uso de la base de datos del Seguro Social para verificar la situación migratoria, “atrapará a los trabajadores en una pesadilla burocrática y los castigará injustamente”.

Agregó que la decisión del gobierno de abandonar sus planes sobre la verificación del Seguro Social, significa que los negocios no deben aplicarlos o podrían enfrentar acusaciones de discriminación por parte de los trabajadores.

El gobierno de Estados Unidos tenía previsto solicitar a los empleadores que respondan en un plazo de 90 días sobre casos en que el número Seguro Social del trabajador no coincide con su base de datos, a fin de evitar multas y castigos.

Pero los grupos demandantes indicaron que la base de datos del Seguro Social es incompleto y sujetos a errores y que el plan del gobierno originaría el despido de muchos trabajadores legales así como la discriminación contra los que lucen “extranjeros”.

El juez federal Charles Breyer bloqueó el mes pasado la medida del gobierno que hubiera afectado a más de 8 millones de trabajadores, debido a su impacto negativo en empleadores y trabajadores inocentes.

El inspector del Seguro Social concluyó en un informe que más del 70 por ciento de las discrepancias en la base de datos corresponden a ciudadanos estadounidenses, en parte por errores en el deletreo del nombre, cambio de nombre por casos de divorcio o uso de varios apellidos.

El presidente de la AFL-CIO, John Sweeney, dijo que la administración Bush “esencialmente admitió que la medida es ilegal”.

FUENTE: ACLU

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