Provincia argentina aprueba inédita ley de muerte digna

El parlamento de la provincia argentina de Río Negro (sur) aprobó una inédita ley de "muerte digna" que autoriza a enfermos terminales a rechazar tratamientos médicos traumáticos que le causen dolor y sufrimiento, aunque sin permitir la eutanasia, informó una fuente legislativa.

La ley fue sancionada la noche del jueves por la Legislatura (parlamento provincial) de Río Negro, que la examinaba desde mediados de año, momento en el cual estalló un fuerte debate, que incluyó un rechazo de la Iglesia Católica, culto mayoritario en Argentina.

"La muerte digna no debe confundirse con la eutanasia, que es la muerte inducida del paciente, sino que se trata de poner límites terapéuticos para continuar (con los tratamientos) o directamente no iniciarlos cuando prolongan innecesariamente la vida de un enfermo terminal", dijo la legisladora oficialista Marta Milesi, autora de la iniciativa.

La norma jurídica de la eutanasia, que permite la muerte provocada clínicamente, no existe en este país, aunque tampoco ninguno de los 23 restantes distritos argentinos tiene una legislación que autorice la llamada "muerte digna".

Los únicos antecedentes de permisos para una "muerte digna" en el país fueron por decisión de la Justicia ante una demanda particular y no un derecho protegido por ley.

La nueva norma permitirá a los pacientes rechazar todo tipo de tratamiento que les produzca sufrimiento o dolor, pero sólo en el territorio de Río Negro, un distrito de la extensa Patagonia, la región sur del país.

"La ley es un avance en cuanto a que permite la participación de la familia que deberá tomar la decisión junto al médico, sobre un enfermo terminal", dijo al canal de televisión TN Carlos Gherardi, director del Comité de Bioética del estatal Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

La provincia rionegrina tiene unos 450.000 habitantes, cuya principal fuente de ingresos proviene de la agroindustria, las exportaciones de materias primas agrícolas, el empleo público y el turismo.

La ley dice textualmente que "toda persona que padezca una enfermedad irreversible en estado terminal tiene derecho a manifestar su rechazo a los procedimientos quirúrgicos, de hidratación, de alimentación y de reanimación artificial cuando éstos sean desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento".

Sin embargo, se aclara que no se interrumpen las medidas conocidas popularmente como "cuidados paliativos" para el control y alivio del dolor "en los últimos instantes de vida".

"Esta norma no mata ni deja morir, que sería abandono, sino que permite que el paciente decida qué entiende más digno para sí mismo", dijo Gherardi.

En el caso de que el paciente esté en estado de coma, la norma establece que la decisión será tomada por "el cónyuge, representante legal o descendiente".

Cuando se debatía la ley, el obispado católico de Río Negro envió una carta en la que advertía que "no se debe adelantar la muerte, sino cuidar los últimos momentos de la vida con total respeto".

En el momento más duro de las discusiones legislativas a mitad de año, algunos parlamentarios plantearon que la ley era una "puerta abierta" a la eutanasia, según la fuente.

Iniciativas en el Congreso nacional sobre "eutanasia" y "muerte digna" han caducado por falta de quórum para ser tratadas en las respectivas comisiones, entre ellas la de Salud.

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