Juez rechaza demanda contra Prince William

El juez federal James C. Cacheris desestimó el viernes una demanda de grupos de derechos civiles contra la nueva ordenanza que niega servicios a inmigrantes indocumentados en el Condado de Prince William, en Virginia.

El juez Cacheris indicó en una audiencia ante la Corte Federal de Alexandria que los demandantes carecen de la competencia legal para presentar la demanda.

La demanda fue presentada en octubre por el Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y la Educación (PRLDEF) y el Comité de Trabajadores de Woodbridge.
Los demandantes incluyen también inmigrantes indocumentados. Los demandantes alegan que la medida en Prince William que incluye la negación de servicios y la ayuda de la policía local en labores de inmigración, viola la constitución porque corresponde al gobierno federal aplicar esas leyes.
Sin embargo, los demandantes no han demostrado que sufrieron directamente las consecuencias de la ordenanza antiinmigrante.

El juez Cacheris indicó que explicará posteriormente por escrito las razones que lo llevaron a desestimar la demanda contra la resolución aprobada en julio pasado en Prince William.

El presidente de la Junta de Supervisores de Prince William, el republicano Corey Stewart, calificó como “una gran victoria” la decisión del juez, pero indicó que se pondrá cuidado en la aplicación de la medida para evitar casos de discriminación.

Tras el fracaso de una reforma integral en el Congreso, los gobiernos locales y estatales de todo el país han aprobado medidas contra la inmigración indocumentada, que grupos de derechos civiles afirman que pueden llevar a casos de diversos abusos.

Defensores de los inmigrantes han calificado como “despiadada” la decisión de Prince William por su impacto negativo en los niños, los ancianos, los discapacitados y los desvalidos.

Los servicios que se negarán incluyen programas de abusos de sustancias en las cárceles, servicios en casa para ancianos indocumentados, alivios tributarios para los discapacitados y descuentos en programas de vivienda.

El impacto económico se ve en la devaluación de las propiedades, el posible aumento de los impuestos para cubrir la reducción en los ingresos tributarios del condado y la posible bancarrota de empresas que dependen de los inmigrantes.

Luego de unos 400 testimonios a favor y en contra de la medida y las protestas de cientos de inmigrantes, la Junta del Condado decidió por unanimidad en octubre pasado proseguir con sus planes para combatir la inmigración indocumentada.

Las autoridades del Condado tienen previsto capacitar a siete policías para aplicar la ley de inmigración y autorizar los fondos para su instrumentación.

La Junta del Condado ordenó un programa de educación pública sobre la aplicación de la resolución con una organización independiente de consultoría que deberá reportar sobre sus esfuerzos.

– MetroLatinoUSA

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