Futuro de ex dictador uruguayo Gregorio Alvarez en manos de la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay pautará el futuro del ex dictador uruguayo Gregorio Alvarez (1981-1985), luego de que su defensa presentara este miércoles un recurso de inconstitucionalidad que difiere un eventual procesamiento por delitos de lesa humanidad.

La audiencia a la que compareció el ex represor en calidad de indagado, acaparó la atención de la jornada en Montevideo en el entendido de que la misma marcaría el rumbo de una de las figuras emblemáticas de la dictadura (1973-85).

Sobre Alvarez y los capitanes de navío Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebau, recae desde el pasado 12 de noviembre un pedido de procesamiento de la fiscalía como “coautores de reiterados delitos de desaparición forzada”, en la causa que investiga los traslados clandestinos desde Argentina a Uruguay en 1978, de presos políticos que luego habrían sido ejecutados.

La norma de desaparición forzada de personas “es inconstitucional porque crea un delito de mera sospecha, que comenzó a aplicarse como consecuencia de ataques terroristas que conmovieron la conciencia civilizada del mundo, como los perpetrados contra las Torres Gemelas (Nueva York) y la estación de Atocha (Madrid)”, subrayó a la AFP el abogado defensor de Alvarez, Carlos Curbelo.

“No tiene aplicación en Uruguay”, aseveró el jurista, “porque violenta las garantías que establece la Carta Magna”, agregó.

La estrategia que pospone la decisión de la justicia, evitó que el juez Luis Charles se pronunciara esta misma jornada, debiendo elevar el recurso a la Suprema Corte de Justicia.

El máximo órgano judicial podrá desestimar o admitir el mismo, en cuyo caso el expediente pasaría a estudio por un plazo no menor al año, dejando la resolución final a cargo del magistrado, que únicamente se verá impedido de procesar bajo esa figura delictiva si la Corte decreta su inconstitucionalidad.

La ley de crímenes de lesa humanidad que comprende la “desaparición forzada” fue promulgada en Uruguay en 2006, en consonancia con la normativa de la Corte Penal Internacional regulada por el Estatuto de Roma y prevé una pena de dos a 25 años de penitenciaría por tratarse de un delito considerado como permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de las víctimas.

Antes de ser designado presidente en 1981, Alvarez fue comandante en Jefe del Ejército (1978) cuando se habrían producido algunos de los traslados clandestinos, en el marco del Plan Cóndor que coordinó la represión entre los regímenes de facto de los años 70 en el Cono Sur.

Una veintena de activistas de las organizaciones Crysol (de ex presos políticos) y Plenaria Memoria y Justicia, congregados detrás del vallado de seguridad, aguardaban la salida de Alvarez de la sede penal, con pancartas y retratos de desaparecidos, al grito de “Asesino”.

En cambio, en el interior del recinto delimitado por la policía, no pasó inadvertida la presencia de un pequeño grupo de militares que se hicieron presentes para darle su voz de aliento al ex represor.

“No suscribo la amnesia (de la declaración judicial de Alvarez) ni nada que se le parezca, vine a apoyar a un camarada que fue superior mío y está atravesando un momento difícil”, indicó a Canal 4 el oficial retirado Eduardo Ferro, señalado por organizaciones defensoras de los derechos humanos como responsable de secuestros y torturas.

Ferro dijo no tener conocimiento sobre el destino de los ciudadanos desaparecidos durante la dictadura y dijo que la información podría estar en manos de “quienes conducían las operaciones, no de quienes las ejecutaban”.

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