Fujimori frente a la justicia peruana por violación a los derechos humanos

LIMA (AFP) – El ex presidente peruano Alberto Fujimori comenzará a enfrentar a la justicia de su país este lunes por dos matanzas que dejaron 25 muertos hace 15 años y un doble caso de secuestro, en un proceso de violación a los derechos humanos que podría valerle 30 años de prisión.

El ex mandatario, de 69 años y quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, se sentará en el banquillo de los acusados tras un largo proceso que incluyó cinco años de exilio voluntario en Japón tras renunciar por fax a la presidencia, un viaje a Chile que terminó con su detención y finalmente su extradición para ser juzgado por cinco casos de corrupción y dos de violaciones a los derechos humanos.

Son estos casos de derechos humanos los que empiezan a juzgarse este lunes: las dos matanzas en Lima juntadas en un solo proceso (Barrios Altos en 1991 con 15 muertos y la Universidad de La Cantuta en 1992 con 10 muertos) más otro proceso por la detención irregular de un periodista y un empresarios contrarios a su régimen.

Si los familiares de las víctimas reconocen que jamás esperaban ver que se juzgara al ex presidente y siguen vigilantes para que el proceso se lleve de manera regular, para el gobierno del presidente Alan García, el proceso genera cierta incomodidad por los lazos, no reconocidos, entre la bancada oficialista y el fujimorismo en el Parlamento.

¿Hasta qué punto los factores políticos incidirán en el juicio? Por lo pronto el juez principal de la causa, al magistrado César San Martín, recibe la confianza tanto de los familiares de víctimas como de las propia defensa de Fujimori.

San Martín es un abogado a quien el gobierno de Fujimori expulsó del poder judicial durante el autogolpe del 5 de abril de 1992.

Pese a ese antecedente San Martín no fue recusado por el abogado defensor de Fujimori, César Nakazaki, quien lo considera "el mejor procesalista penal que tiene el poder judicial peruano".

Más desconfianza genera una eventual apelación, ya que cualquiera de las dos salas de la Corte Suprema que tenga que estudiar en segunda instancia el caso, tiene al menos un miembro que en el pasado mostró nexos con el fujimorismo.

Gisela Ortiz, hermana de uno de los asesinados en La Cantuta y convertida en líder de los familiares de víctimas, tiene claro que es inevitable que la política se cuele en la justicia, especialmente a partir de 2011 cuando haya un nuevo gobierno.

"No que el APRA (partido en el poder) le dé amnistía o un indulto político. Eso sería el suicidio del APRA. Pero hace peligrar que en el 2011 haya un cambio de escenario político, con un fujimorismo más fuerte, con mayor presencia en el Congreso, y se logre concretar algún tipo de beneficios para Fujimori", dice en entrevista a la AFP.

"El principal peligro en estos temas de justicia siempre es el tema político porque hay decisiones políticas que pasan por encima de las leyes y no se puede hacer nada", agrega.

Desde que llegó extraditado, el pasado 22 de septiembre, Fujimori fue recluido en una sede policial al este de Lima, donde se desarrollará el juicio, con sesiones que se realizarán tres veces por semana.

La Fiscalía pidió 30 años de cárcel para Fujimori e indemnizaciones que sobrepasan los 33 millones de dólares.

Fujimori es señalado como autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas por un escuadrón paramilitar del ejército en el marco de la guerra sucia contra las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA.

Una de las claves del proceso será

You must be logged in to post a comment Login