Suprema Corte de Uruguay rechaza recurso presentado por ex dictador

MONTEVIDEO (AFP) – La Suprema Corte de Justicia de Uruguay rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra un pedido de procesamiento contra el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985) por delitos de “desaparición forzada” durante la dictadura (1973-1985), informaron a la AFP fuentes judiciales.

“La (Suprema) Corte tiene que devolver ahora el expediente” al juez Luis Charles, que tramita la causa contra Alvarez, dijo la fuente.

“Los ministros de la Suprema Corte también notificaron a la fiscal Mirtha Guianze, a la defensa y a los familiares” de los desaparecidos, añadió.

La fiscal Guianze pidió el pasado 12 de noviembre el procesmiento de Alvarez y los capitanes de navío Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebau, como “coautores de reiterados delitos de desaparición forzada”, en la causa que investiga los traslados clandestinos desde Argentina a Uruguay en 1978 de presos políticos, que luego habrían sido ejecutados.

Alvarez fue comandante en Jefe del Ejército en 1978, cuando se habrían producido algunos de estos traslados clandestinos, antes de ser designado presidente en 1981.

El abogado defensor de Alvarez, Carlos Curbelo Tammaro, dijo al sitio web Observa que solicitará a la SCJ “aclaraciones” por su decisión de rechazar el recurso.

“Nunca escuché que se solicitara aclaraciones sobre un pedido de inconstitucionalidad, supongo que lo que quiere la defensa es dilatar”, dijo Guianze a la AFP.

El abogado defensor dijo a radio El Espectador que la SCJ le “comunicó que no entraría a estudiar el fondo del asunto porque no correspondía, ya que se trata de una persona que aún no fue procesada”.

En efecto, el recurso de inconstitucionalidad había sido presentado el miércoles pasado, día en que Charles se disponía a dictaminar sobre el pedido de procesamiento contra Alvarez y los otros dos militares.

Ahora, “una vez que llegue el expediente al juzgado, Charles decidirá si procesa o no a Alvarez”, dijo Guianze, quien agregó que el fallo podría tomarse esta semana.

Curbelo explicó la semana pasada a la AFP que presentó el recurso porque la desaparición forzada de personas “es inconstitucional porque crea un delito de mera sospecha, que comenzó a aplicarse como consecuencia de ataques terroristas que conmovieron la conciencia civilizada del mundo, como los perpetrados contra las Torres Gemelas (Nueva York) y la estación de Atocha (Madrid)”.

“No tiene aplicación en Uruguay, porque violenta las garantías que establece la Carta Magna”, agregó.

La ley de crímenes de lesa humanidad, que incluye la “desaparición forzada”, fue promulgada en Uruguay en 2006, en consonancia con la normativa de la Corte Penal Internacional, y prevé una pena de dos a 25 años de penitenciaría por tratarse de un delito considerado permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de las víctimas.

Charles investiga una megacausa por el traslado clandestino a Montevideo desde Buenos Aires de al menos 60 presos políticos uruguayos que luego habrían sido ejecutados durante la dictadura y en el marco del Plan Cóndor.

Se trata del traslado ilegal a Montevideo en 1978, por aire, mar y tierra, de unos 40 presos políticos uruguayos que se encontraban detenidos en los centros clandestinos conocidos como pozos de Banfield, Quilmes y COTI-Martínez.

Esa denuncia se sumó en mayo pasado a la investigación que ya adelantaba Charles sobre el denominado “segundo vuelo”, que refiere al traslado de una veintena de presos políticos desde Buenos Aires el 5 de octubre de 1976.

Estos últimos prisioneros estaban recluídos en el centro de detención clandestino Automotores Orletti, y habrían sido ejecutados tras su traslado a Uruguay.

Hubo un “primer vuelo” en julio de 1976, cuyos ocupantes sobrevivieron.

Charles dictó el 11 de setiembre de 2006 los primeros procesamientos a ex represores en la historia del país, que recayeron sobre ocho militares y policías retirados, por delitos de l

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