CIJ decide si es competente para juzgar diferendo entre Nicaragua y Colombia

PARIS (AFP) – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya decidirá el jueves, después de seis meses de deliberaciones, si es competente para juzgar el diferendo territorial que enfrenta a Nicaragua y Colombia por una extensión insular y marítima de 50.000 km2 en el Caribe.

Nicaragua, en una demanda presentada en 2001, pidió a la CIJ que se pronunciara sobre la soberanía de una extensión que incluye las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño.

El tribunal delibera sobre la cuestión desde el pasado junio, cuando ambas partes expusieron sus argumentos a favor y en contra en una semana de audiencias.

"Somos muy optimistas. No existe la más mínima duda de que la CIJ tiene competencia para tratar este caso y de que su intervención sería la forma más lógica y pacífica de resolverlo", declaró a la AFP el principal agente de Nicaragua en el caso, el embajador del país centroamericano en Holanda, Carlos José Argüello Gómez.

Para dar una idea de la importancia que este conflicto con Colombia merece, el canciller nicaragüense, Samuel Santos, asistirá el jueves en La Haya a la sesión en que la CIJ comunicará su decisión.

Por parte colombiana, estarán presentes entre otros el embajador en Holanda, Julio Londoño Paredes, y el ex embajador Guillermo Fernández de Soto, que participaron como agentes en la defensa de los intereses de su país el pasado junio.

Según Argüello, sólo la CIJ, "una tercera parte, que es además la más cualificada del mundo" puede lograr un acuerdo entre las partes que de otra forma sería "muy difícil".

Managua subraya que Bogotá obtuvo el control de los territorios disputados a partir de una interpretación unilateral del Tratado Barcenas-Esguerra de 1928, que las autoridades nicaragüenses consideran nulo porque fue firmado cuando el país estaba bajo ocupación militar norteamericana (1927-1934).

Para justificar la competencia de la CIJ, Nicaragua invoca el artículo XXXI del Tratado Interamericano para la Solución Pacífica de Conflictos, conocido como "Pacto de Bogotá", firmado en abril de 1948 y del que ambos países forman parte.

Pero para los representantes de Colombia, todas las diferencias con Nicaragua por la posesión sobre el archipiélago, fueron resueltas con el tratado firmado en 1928 y ratificado en 1930.

Además y según la parte colombiana, el Pacto de Bogotá no somete a la jurisdicción de la CIJ los acuerdos internacionales que se hayan suscrito antes de 1948, su fecha de entrada en vigencia, y por ello pidió a la Corte que se declare incompetente y dé por cerrado el caso.

"La Corte no tiene jurisdicción pues esas diferencias ya fueron zanjadas", declaró recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Bogotá, Fernando Araujo.

No obstante, el responsable de Bogotá aseguró que su "gobierno ha contemplado todos los escenarios y está preparado para las acciones siguientes o posteriores al fallo.

"Nicaragua acatará lo que la CIJ diga", garantizó por su parte Argüello, negándose a hablar de las acciones que se tomarán en caso de un fallo negativo para su país. "Es muy difícil hablar por anticipado, juzgar algo que no hemos visto", agregó.

En este momento, la CIJ tiene pendientes 11 causas, tres de las cuales implican a países latinoamericanos: el diferendo Nicaragua-Colombia por estos territorios, el pleito entre Argentina y Uruguay po

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