Tras condena por corrupción, Fujimori niega vínculos con grupo paramilitar

LIMA (AFP) – El ex presidente peruano Alberto Fujimori negó el miércoles haber conocido al grupo paramilitar responsable de las masacres que sirven de base al juicio en su contra por violación a los derechos humanos, un día después de ser condenado a seis años de prisión por un caso de corrupción.

“Mi respuesta es contundente, precisa y clara: no, nunca, jamás supe de ese grupo”, respondió el ex mandatario cuando el fiscal José Peláez le preguntó si conocía al grupo paramilitar Colina, reconocido como responsable de las matanzas de Barrios Altos (1991, 15 muertos) y La Cantuta (1992, 10 muertos).

El juicio -cuya segunda jornada se completó este miércoles- busca establecer si Fujimori dio las órdenes o aprobó las acciones de este grupo Colina en estos dos casos.

En el segundo día en este juicio de derechos humanos el ex mandatario fue extensamente interrogado por el fiscal Peláez, quien argumentó que Fujimori firmó cartas de felicitación a militares que posteriormente fueron vinculados al grupo Colina.

Según el ex jefe de Estado esas cartas eran para felicitar a quienes integraban “un grupo de analistas” de las FFAA y de la Policía en temas de subversión y que jamás se enteró de militares involucrados en matanzas.

La jornada se caracterizó por los permanentes pedidos del juez César San Martín a Fujimori para que las respuestas se ciñeran a los estrictamente judicial. Pero el ex mandatario, de 69 años, defendió su derecho a dar un contexto político para explicar algunas de sus decisiones.

Fujimori se mostró relajado, sonriente y en algunos momentos incluso irónico. El juez cortó sus intervenciones en varias oportunidades.

Tras un receso al mediodía, el fiscal trató de establecer los vínculos con su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos (actualmente en prisión), y en concreto sobre una acusación por un presunto tráfico de armas para la guerrilla colombiana de las FARC pero Fujimori señaló que se acogía a su “derecho al silencio”.

El martes Fujimori recibió un duro golpe: en el primero de los siete procesos en su contra recibió una condena de seis años de prisión y fue obligado a pagar una indemnización equivalente a 135.000 dólares por un allanamiento irregular que ordenó en noviembre de 2000 en la residencia de la esposa de Montesinos.

Aunque el ex mandatario había reconocido su responsabilidad como instigador de este hecho, su defensa esperaba que no recibiera más de cuatro años de prisión, lo que hubiera hecho su condena excarcelable.

“Presento recurso de apelación parcial respecto de la pena y la reparación civil”, dijo Fujimori al juez apenas escuchó la sentencia mientras que su hija Keiko y varios seguidores protestaron por lo que consideran una persecución judicial.

“Antes era una persecución política, ahora es una persecución judicial. ¿Qué podemos esperar de los próximos casos?”, se preguntó la parlamentaria Keiko Fujimori.

“La pena que esperábamos era la que corresponde a un instigador, es decir una menor a la impuesta”, dijo César Nakazaki, abogado defensor del ex presidente.

El proceso paralelo de derechos humanos, que se inició el lunes y en el cual Fujimori se declaró inocente, podría acarrearle una condena de 30 años de prisión, como pidió el fiscal. “Rechazo los cargos, soy inocente, no acepto la acusación fiscal”, dijo Fujimori el lunes.

Fujimori es acusado como autor intelectual por las matanzas en el vecindario limeño de Barrios Altos y en la Universidad La Cantuta, considerados como los peores crímenes perpetrados por el Estado en el conflicto interno entre 1980 y 2000 contra los guerrilleros Sendero Luminoso y MRTA.

Fujimori, quien abandonó la presidencia en 2000, se refugió durante cinco años en Japón, su segunda patria, antes de viajar en noviembre de 2005 a Chile, donde fue detenido y extraditado en septiembre pasado para ser juzgado por cinco casos de corrupción y dos violaciones a los derechos humanos.

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