Disidencia sandinista propone declarar a Ortega incapaz para gobernar

MANAGUA (AFP) – El opositor Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, centroizquierda) propuso declarar al presidente Daniel Ortega incapaz para gobernar porque solo "un loco que está perdiendo la razón" puede generar tantos conflictos políticos e institucionales en su primer año de gobierno.

"Alguien que está conduciendo al país a este nivel de confrontación y que muestra constantemente que disocia de la realidad, no puede ser más que un loco, y la locura es causal de declaración de incapacidad para gobernar", advirtió la diputada del MRS, Mónica Baltodano, a la prensa local.

La legisladora justificó su propuesta en la forma en que el mandatario tergiversa los acontecimientos y ataca a sus opositores llamándolos "perros rabiosos", o pagados "por los carteles" de la droga, lo que le hace suponer que Ortega "está loco".

"Ese afán de mentir nos conduce a nosotros a pensar que parece loco y está perdiendo la razón y si sigue insistiendo en mentir no quedará más camino que promover al amparo del artículo 149 de la Constitución la declaración de incapacidad total del presidente" para gobernar, afirmó Baltodano.

Baltodano es una reconocida ex guerrillera sandinista que renunció en los años 90 al Frente Sandinista (FSLN, izquierda) que lidera Ortega por discrepancias políticas, y que ahora forma parte de la disidencia agrupada en el MRS, que en enero pasado se constituyó como la cuarta fuerza del Congreso nicaragüense.

La propuesta de la legisladora surge a raíz de las ofensas que Ortega lanzó a sus opositores, que son mayoría y han hecho en los últimos cuatro meses un fuerte contrapeso a su gobierno desde el Congreso.

Para declarar al presidente incapaz para gobernar de manera "total, temporal o permanente" los diputados necesitan el voto calificado de 56 de los 91 diputados del parlamento.

La oposición -integrada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN, derecha) y el MRS cuenta con 52 votos con los que pueden aprobar leyes ordinarias, pero no aquellas que necesitan una mayoría calificada de 56.

El conflicto entre el presidente y Congreso creció el pasado 20 de noviembre cuando los 52 diputados de la oposición decidieron por primera vez dejar de lado sus diferencias y unirse para rechazar la conformación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en las estructuras del gobierno, por considerarlas una estructura política del FSLN.

Desconociendo la decisión, Ortega dictó el 29 de noviembre un decreto que adhiere los CPC al Ejecutivo, y acusó a los opositores de "perros rabiosos", descalificando continuamente sus actuaciones en sus intervenciones públicas.

El viernes pasado volvió al ataque al decir que "pareciera que los carteles (de la droga) le pagaron" a sus opositores para promover una ley de amnistía a favor de funcionaros y ex funcionarios que han sido condenados por lavado de dinero y otros ilícitos contra el Estado como el narcotráfico.

"Viniendo del capo más grande que ha habido en la historia de Nicaragua, como es Ortega, no hay que considerarlas meritorias" esas declaraciones, desestimó el diputado liberal Enrique Quiñónez, quien negó que el delito de narcotráfico haya sido incluido en el proyecto de ley.

La iniciativa paso a comisión el viernes, un día después que un tribunal de apelaciones controlado por el gobierno confirmó una sentencia de 20 años contra el ex presidente Arnoldo Alemán, (197-02), líder del PLC, segunda fu

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