Icono de la dictadura uruguaya Gregorio Alvarez procesado con cárcel

MONTEVIDEO (AFP) – La justicia uruguaya ordenó este lunes el procesamiento con prisión del ex dictador Gregorio Alvarez en una causa por violación a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), a quince meses de los primeros procesamientos del régimen militar.

Comandante en Jefe del Ejército en 1978 y presidente del gobierno de facto entre 1981 y 1985, Alvarez fue procesado como “coautor de reiterados delitos de desaparición forzada” cometidos a través de traslados clandestinos desde Buenos Aires a Montevideo de presos políticos, que luego habrían sido ejecutados, precisó a la AFP la fiscal Mirtha Guianze.

Según el dictamen del juez Luis Charles, la responsabilidad del ex represor recae en el traslado en 1978 de una veintena de presos políticos por aire, mar y tierra, quienes fueron secuestrados previamente en los centros clandestinos de detención argentinos conocidos como pozos de Banfield, Quilmes y COTI-Martínez.

Por el mismo delito, el magistrado dictó el procesamiento del capitán de navío Juan Carlos Larcebau, al tiempo que libró una orden de captura internacional para el oficial de la Armada, Jorge Tróccoli, sobre quien recaen idénticos cargos.

Los procesamientos de Alvarez y Larcebau son los primeros de la jurisprudencia uruguaya bajo la figura de “desaparición forzada”, promulgada en el país en 2006 en el marco de la ley crímenes de lesa humanidad y prevé una pena de dos a 25 años de penitenciaría por tratarse de un delito considerado permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de las víctimas.

Tras el fallo, el abogado de Alvarez, Carlos Curbelo Tammaro, a quien la Suprema Corte de Justicia desestimó la pasada semana tres recursos en cuatro días, renunció a su calidad de defensor esgrimiendo la ausencia de garantías que constituyen el debido proceso legal.

Alvarez, que ya se encuentra encarcelado en un establecimiento penitenciario construido especialmente para militares, podrá ahora nombrar un nuevo defensor o aceptar el que le designe la justicia de oficio, disponiendo de un plazo de cinco días para presentar una eventual apelación.

Charles dictó el 11 de setiembre de 2006 los primeros procesamientos a ex represores en la historia del país, que recayeron sobre ocho militares y policías retirados, por delitos de lesa humanidad.

Apenas dos meses después, el juez Roberto Timbal procesó con prisión a quien es el otro gran emblema de la dictadura uruguaya, Juan María Bordaberry, que electo presidente constitucional en 1971, dio un golpe de Estado el 27 de junio de 1973 al disolver el Parlamento e imponer el régimen militar que se prolongó hasta la dimisión de Alvarez como mandatario, a mediados de febrero de 1985.

La fiscal Guianze, que tuvo a su cargo el dictamen acusatorio, analizó que “más allá de condenar a una persona con nombre propio”, la resolución judicial significa “un avance que apunta a rescatar la memoria colectiva de los uruguayos, tras los horrendos episodios que marcaron una época”.

El abogado denunciante, Oscar López Goldaracena, atribuyó el nuevo jalón en el esclarecimiento de las violaciones a los Derechos humanos “a la acumulación de esfuerzos de toda la sociedad” y advirtió que la causa “debe seguir avanzando para determinar nuevas responsabilidades penales”.

Como representante de los familiares de las víctimas, planteó “la exigencia al Poder Ejecutivo para que brinde toda la información que posee y apele a los procedimientos disciplinarios, hasta dar con el paradero de los desaparecidos porque en una cultura de DDHH no tiene cabida la impunidad”.

Alvarez, quien admitió recientemente que “con 82 años voy a morir en la cárcel”, sostiene desconocer el Plan Cóndor, que coordinó la represión entre los regímenes militares de los años 70 en el Cono Sur.

You must be logged in to post a comment Login