El año en que Fujimori volvió a Perú y le llegó su hora frente a la justicia

LIMA (AFP) – El 2007 se convirtió en el año en que el ex presidente Alberto Fujimori finalmente regresó al Perú extraditado desde Chile, comenzó a ser juzgado por violación a los derechos humanos y ya recibió una condena de 6 años de prisión por un caso de allanamiento ilegal durante su gobierno.

No parecía posible que el ex mandatario de 69 años, quien renunció a la presidencia en 2000 en medio de un escándalo de corrupción para asilarse en Japón, terminara en el banquillo de los acusados.

Pero él mismo contribuyó viajando en noviembre de 2005 desde su exilio dorado en Tokio a Santiago de Chile, donde fue detenido, y desde entonces enfrentó revés tras revés, hasta su extradición el pasado 22 de septiembre bajo dos cargos de violación a los derechos humanos y cinco de corrupción.

El pasado 11 de diciembre, Fujimori recibió su primera condena, por el allanamiento ilegal en 2000 del domicilio de la esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos, pero es en los juicios de derechos humanos donde se concentra la mayor atención.

El 10 de diciembre pasado -en coincidencia con el día de los derechos humanos- Fujimori comenzó a ser juzgado para establecer su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que sumaron 25 muertos, entre 1991 y 1992, atribuidas al escuadrón paramilitar Colina.

Si bien los familiares de las víctimas reconocen que jamás esperaban ver que se juzgara al ex presidente y siguen vigilantes para que el proceso se lleve de manera regular, para el gobierno del presidente Alan García, el proceso genera cierta incomodidad por los lazos, no reconocidos, entre la bancada oficialista y el fujimorismo en el Parlamento.

Sin embargo hasta ahora el proceso ha transitado por un camino estrictamente jurídico frente a un juez, César San Martín, que genera confianza tanto en la acusación como en la defensa.

Desde que llegó extraditado, el pasado 22 de septiembre, Fujimori fue recluido en una sede policial al este de Lima, donde se desarrolla el juicio que podría tomar entre 9 y 24 meses y que podría significarle al ex mandatario una condena de 30 años de prisión e indemnizaciones por 33 millones de dólares.

Fujimori ya ha sido interrogado en varias jornadas, en que ha clamado su inocencia al tiempo que señaló de manera reiterada no recordar los hechos por los que se le preguntaba.

El juicio verá el próximo año desfilar a 39 testigos de la fiscalía, 28 del acusado y 8 de la parte civil, lo cual muestra lo largo y complejo del asunto.

Además Fujimori deberá responder ante la justicia por cuatro casos de corrupción en fecha aún por determinar. En Perú las penas no son acumulativas, por lo cual en caso de ser condenado, Fujimori sólo cumplirá la pena más alta que se le haya impuesto.

Más allá de lo estrictamente jurídico, los vientos políticos parecen haber cambiado para Fujimori: las encuestas revelan que el 60% de los peruanos cree que tuvo participación directa o indirecta en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, otro 23% lo considera responsable aunque considera que no debe ser condenado y sólo un 9% piensa que es completamente inocente.

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