Grupos DDHH de Brasil celebran orden de justicia italiana contra represores

BRASILIA (AFP) – Movimientos defensores de los derechos humanos y el gremio de abogados en Brasil elogiaron la orden de arresto de la justicia italiana contra represores de la dictadura brasileña, aunque lamentan que difícilmente sean penalizados, porque la Constitución impide su extradición.

La justicia italiana dictó unas 140 órdenes de arresto contra personas de varios países sudamericanos que participaron en la Operación Cóndor, que coordinó acciones de represión entre las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980, en base a denuncias de familiares de desaparecidos italianos.

La prensa italiana aseguró que en próximos días deben ser solicitados los procesos de extradición. Los ministerios de Justicia y Exteriores brasileños dijeron no haber aún recibido ningún comunicado oficial.

El Ministro de Justicia de Brasil, Tarso Genro, dijo el miércoles que “por el tratado de extradición entre los dos países, Brasil no está obligado a entregar la personas requerida por Italia, pero puede encaminar un pedido de investigación dentro del propio país”.

Sin embargo, resaltó que “si instalásemos el procedimiento (de investigación) podría ser archivado con base a la ley de amnistía” de 1979, que hizo prescribir los crímenes cometidos durante la dictadura (1964-85).

Son 13 los brasileños a los que se culpa de la desaparición en 1980 de los italo-argentinos Horacio Domingo Campiglia y Lorenzo Imael Viñas, dijo a la AFP el abogado brasileño Jair Krischke, que actuó como testigo y asesor del fiscal italiano Giancarlo Capaldo que pidió los arrestos en Roma.

El diario Correio Braziliense publicó el miércoles los nombres de los 13, entre ellos el fallecido ex presidente Joao Baptista Figueiredo. Seis de los acusados fallecieron y tres tienen paradero desconocido, según el rotativo. Estos fueron confirmados por Krischke.

El presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB, entidad que agrupa al gremio), Cezar Britto, afirmó que “la justicia italiana ha hecho lo que hace mucho deberíamos haber hecho nosotros”.

“El rechazo sistemático del Estado brasileño a pasar a limpio lo que ocurrió en el período de la represión política (del régimen militar), nos expone ahora a la vergüenza de una censura externa ante la que no tenemos defensa moral”, añadió.

Krischke, abogado y activista de los derechos humanos que denunció el caso en 1980, expresó su esperanza de que “con ese proceso en Roma avancemos un poco más” en momentos en que se cumplen 27 años y 6 meses de la desaparición de Campiglia y Viñas.

“Esas ordenes de arresto son una luz al final del túnel, una victoria de nuestra lucha”, destacó a la AFP la directora de la ONG de familiares Tortura Nunca Mais, Victoria Grabois, que perdió a su padre, hermano y esposo durante la dictadura.

Pero los activistas lamentan que difícilmente los represores serán penalizados. Ello porque la Constitución no permite la extradición de brasileños.

Brasil nunca juzgó a sus represores porque la ley de amnistía de 1979, que permitió a los disidentes políticos retornar al país, también los benefició a ellos.

“Brasil es en ese sentido el país más atrasado de América Latina. Nadie ha sido penalizado por los delitos a los derechos humanos”, lamentó Grabois.

Para Krischke, “aunque la Constitución no permite la extradición, el proceso obligará a que se les juzgue en Brasil” y, si eso no ocurre, “la Justicia italiana los juzgará en ausencia”.

La mención a una eventual reinterpretación de la Ley de Amnistía en Brasil fue inmediatamente condenada por el Ejército en agosto pasado cuando el gobierno publicó el primer libro oficial que reconoce la responsabilidad del Estado en esos delitos.

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