Urgen a justicia colombiana a aclarar crímenes de paramilitares

Por Martha Trujillo
Notimex

Bogotá.- Los procesos judiciales que buscan esclarecer los asesinatos y desapariciones perpetrados por paramilitares colombianos han arrojado pocos avances, por falta de voluntad política para ese fin, afirmó el analista Carlos Salgado.

En diálogo con Notimex, el también director de la Fundación Planeta Paz señaló que los procesos judiciales avanzaron este año de manera muy lenta, lo que impidió a la Fiscalía sacar adelante los dos mil 600 expedientes por resolver.

"Sería ideal conocer algún día la verdad de los crímenes cometidos (por los paramilitares) pero lo dudo, se necesitaría una disposición política de muchos sectores del país para que eso fuese posible", precisó Salgado.

Las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) son acusadas por grupos humanitarios de matar y hacer desaparecer a miles de civiles en los más de 20 años de guerra que han librado contra la insurgencia.

Aunque más de 31 mil paramilitares entregaron las armas en el marco del proceso de desmovilización, que comenzó en 2004, los analistas ven poco probable el desmonte total de las estructuras de las AUC y la confesión de todos sus crímenes atroces.

"Los procesos judiciales que se están adelantando pueden ser útiles, pero que permitan resolver o avizorar el desmonte del paramilitarismo o aclarar un conjunto de crímenes, eso está en duda", advirtió Salgado.

El dirigente humanitario añadió que en este momento existe "un manto de duda sobre hasta donde están confesando los jefes paramilitares todos sus crímenes y la forma como la Fiscalía podrá demostrarlos".

Con la confesión de sus crímenes, los líderes de las AUC buscan beneficios judiciales como penas bajas de prisión, la reclusión en sitios especiales y evitar su extradición a Estados Unidos, país que acusa a los jefes paramilitares de narcotráfico.

Salgado consideró improbable que Colombia conozca toda la verdad sobre la penetración de los paramilitares en la sociedad, entre otras cosas, por la legislación flexible que llevó a la desmovilización de las AUC.

Explicó que la llamada Ley de Justicia y Paz, que reguló el desarme de las AUC y otorgó facilidades judiciales a los irregulares, "no abre ninguna posibilidad concreta de investigar a los financiadores del paramilitarismo en el campo económico".

"Creo que difícilmente se va a poder saber la verdad, ni siquiera de los hechos más atroces, mucho menos de aquellos que han encubierto y creado este monstruo (del paramilitarismo)", añadió.

El jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el desarme de las AUC, Sergio Caramagna, admitió en diciembre que el paramilitarismo se mantiene en varias zonas del país.

El diplomático aseguró que aunque el desarme de los grupos armados de ultraderecha, que inició en 2004 en Colombia, "fue clave para debilitar ese fenómeno, no significa su final".

Según Caramagna, el fenómeno paramilitar "no se ha acabado por completo y el desafío de ponerle punto final dependerá de los esfuerzos que hagan los colombianos en los próximos años".

Asociaciones defensoras de derechos humanos y varios abogados, en tanto, pidieron ser parte civil en algunos de los juicios que se adelantan por el llamado escándalo de "parapolítica", debido a los vínculos de políticos oficialistas con par

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