Fondos para el muro y ley antiinmigrante en Arizona

Estados Unidos entra al año electoral 2008 con fondos recién aprobados para continuar la construcción de un muro en la frontera sur y una dura ley contra los indocumentados y sus empleadores en Arizona que entra en vigor en enero.

Clarissa Martínez, directora de la Coalición por una Reforma Migratoria Integral (CCIR), de organizaciones nacionales defensoras de los inmigrantes, dijo a Notimex que con el inicio del año muchas legislaturas estatales retomarán el tema de inmigración ante el fracaso de una reforma en el Congreso.

"En este año electoral que comienza será difícil que se limiten medidas contra los inmigrantes y los empleadores, que cual puede llevar a que el sector empresarial esté más envuelto en el debate a nivel legislativo para una reforma migratoria integral", recalcó.

El presidente George W. Bush promulgó un día después de Navidad un paquete presupuestario que, además de los fondos para las guerras de Irak y Afganistán, mantiene mil 200 millones de dólares para la construcción de bardas en la frontera con México.

En la presentación de un informe en noviembre pasado sobre los avances contra la inmigración indocumentada, el secretario de Seguridad Interna (DHS), Michael Chertoff, reportó la construcción de 434 kilómetros (270 millas) de barda y barreras para vehículos.

Agregó que espera que la cifra casi se triplique a mil 078 kilómetros (670 millas) para fines de 2008, gracias a los fondos aprobados por el Congreso bajo el control del Partido Demócrata.

El funcionario indicó incluso que existe "un beneficio positivo humanitario" en la construcción de un muro, porque reduce el número de inmigrantes que mueren en esos sectores en su intento de ingresar ilegalmente al país.

Las medidas del gobierno federal contra la inmigración indocumentada no se limitaron solamente a la seguridad fronteriza sino también a la aplicación interna de las leyes.

En lo que se consideró como una victoria para grupos defensores de los inmigrantes, el juez federal Charles Breyer bloqueó en octubre pasado un programa de verificación del Seguro Social de los trabajadores que intentaba implementar el gobierno de Estados Unidos.

El Departamento Seguridad Interna (DHS) informó posteriormente que en marzo de 2008 presentará una nueva propuesta para responder a una demanda contra sus planes que presentó una coalición de grupos empresariales, sindicales y defensores de los inmigrantes.

Los grupos demandantes incluyen a la central sindical AFL-CIO, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el National Immigration Law Center (NILC) y organizaciones laborales, que indicaron que ese plan originaría la discriminación de trabajadores que lucen "extranjeros" o hablan inglés con acento.

Por otro lado, Chertoff destacó un aumento en las redadas en los centros de trabajo, que en el año fiscal 2006 se registraron 716 casos criminales y tres mil 600 arrestos de inmigrantes indocumentados, pero que en 2007 las cifras subieron a 863 casos criminales y más de cuatro mil arrestos de indocumentados.

Sin embargo, menos de 100 empleadores, entre propietarios, supervisores o responsables del personal, fueron arrestados en 2007 por contratar a inmigrantes indocumentados en contraste con los casi cuatro mil 900 arrestos de indocumentados durante ese año, según un artículo reciente del diario The Washington Post.

La firma consultora Democracy Corps, organizada por los demócratas Stan Greenberg, Al Quinlan y James Carville, indicó que esa "debilidad" de la administración se puede

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