Encausan a oficiales por matar en prisión a represor de dictadura argentina

BUENOS AIRES (AFP) – La justicia argentina encausó el viernes a dos oficiales de la policía guardacostas por el homicidio del ex represor de la dictadura (1976-83) Héctor Febres, envenenado con cianuro en prisión, en un caso que pone a prueba la política de derechos humanos del Gobierno.

La jueza federal Sandra Arroyo encausó también la madrugada del viernes por encubrimiento a la esposa y dos hijos de Febres, un ex suboficial de la Prefectura Naval Argentina (guardacostas y custodia urbana) que tenía 66 años, dijo una fuente judicial.

La Justicia tiene firmes sospechas de que Febres estaba a punto de hacer revelaciones sobre casos de robo de bebés durante el régimen dictatorial, cuando fue asesinado tres días antes de conocerse el fallo de un tribunal en una causa que se le seguía por crímenes y torturas, dijo la fuente.

"Los oficiales tuvieron que ver con el homicidio, según la jueza federal (Sandra Arroyo). Y es tremendamente grave porque quienes tenían que asegurar que Febres llegara con vida a escuchar la sentencia no lo hicieron", dijo en rueda de prensa Enrique Fukman, sobreviviente de las mazmorras dictatoriales.

Fukman fue prisionero en el centro de detención y desaparición de personas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA, marina de guerra), donde testigos aseguran que Febres se ocupaba de la maternidad clandestina.

Organismos de derechos humanos calculan que unos 500 bebés nacieron en cautiverio o fueron arrancados de las manos de sus padres detenidos-desaparecidos, pero sólo 88 han podido ser restituidos a sus familias de sangre.

El caso Febres golpea la política de juzgamiento de militares y policías de la dictadura que impulsó el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y continúa su esposa, la mandataria Cristina Kirchner.

Otro incidente que impactó sobre la política oficial destinada a revisar lo actuado por el régimen fue la desaparición hace 15 meses de un anciano albañil testigo del genocidio, presuntamente secuestrado por fuerzas residuales de la dictadura, según la Justicia.

Las entidades humanitarias le han reclamado al Gobierno que garantice la seguridad de testigos y encausados para seguir los juicios con normalidad.

Los oficiales de Prefectura encausados fueron Angel Volpi y Rubén Iglesias, bajo los cargos de "homicidio triplemente agravado" de Febres, quien fue hallado muerto el 10 de diciembre en un apartamento de una guarnición de la Prefectura.

"Arroyo se basa en testimonios del expediente que indican que Febres estaba cerca de hablar. Decía que lo dejaron solo y estaba furioso, según el sacerdote que lo asistía", dijo otra fuente judicial a la prensa local.

Volpi e Iglesias estaban encargados de custodiar a Febres, quien en su apartamento tenía computadora, televisor con DVD, chofer y recibía visitas a toda hora, según la Justicia.

Stella Maris Guevara, viuda de Febres, y sus hijos Héctor y Sonia, quedaron encausadas por encubrimiento agravado, pero recuperaron la libertad, dijo la fuente de los tribunales.

La dictadura argentina fue responsable de millares de desapariciones de opositores, asesinatos y exilios.

Casi un millar de militares y policías están a punto de ser llevados a juicio oral por violaciones a los derechos humanos y una de las causas apunta a las casi 5.000 desapariciones en la ESMA.

Los únicos sentenciados hasta ahora han sido un ex jefe policial y un sacerdote cómplice del genocidio, ambos con prisión perpetua.

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