Ley de amnistía favorece impunidad en El Salvador, critican ONG

SAN SALVADOR (AFP) – Dieciséis años después de concluir la guerra civil en El Salvador, organizaciones humanitarias exigen que se derogue la ley de amnistía de 1993 por considerar que favorece la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto (1980-1992).

"Resulta difícil creer que responsables de graves violaciones a los derechos humanos estén tranquilos, sin haber sido juzgados por crímenes que nunca debieron quedar en la impunidad y es esa ley (de Amnistía) el muro en donde se han topado todos los intentos por encontrar justicia", dijo a la AFP el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.

Montenegro recordó como una "señal negativa" el hecho de que los gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que han ostentado el poder desde antes que la ley de amnistía fuera promulgada, han defendido "a capa y espada esa ley aberrante que no ha permitido una reconciliación".

La Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso en 1993 a pedido del entonces presidente derechista Alfredo Cristiani (1989-1994), bloqueó las investigaciones sobre masacres y otros crímenes considerados de lesa humanidad cometidos durante el periodo del conflicto bélico.

Los ex presidentes Armando Calderón (1994-1999), Francisco Flores (1999-2004) y el actual mandatario Antonio Saca se han opuesto a eliminar la Ley de Amnistía.

El presidente Saca ha admitido en varias ocasiones que "no va a dar un paso" para que la ley sea derogada.

"Ellos (el gobierno) hablan de que eliminar la ley de amnistía sería como abrir viejas heridas, pero me pregunto ¿cuáles heridas han cerrado?, no ha habido justicia, reparación para víctimas", consideró el rector de la Universidad Centroamericana, José Tojeira.

La UCA ha intentado que en el país se investigue a los autores intelectuales del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989 por soldados del ejército.

Pese al insistente esfuerzo de la UCA, la justicia salvadoreña ha alegado que la petición no procede.

Para la presidenta del Comité de Madres de Reos y Desaparecidos Políticos de El Salvador (Comadres), Alicia de García, "el vacío de justicia" que prevalece en el país para las víctimas de violaciones a los derechos humanos ha empujado a que "se busque el amparo de la ley fuera de las fronteras".

"Es lamentable que se tenga que recurrir a instancias internacionales para encontrar justicia, pero es el camino que queda para intentar evitar que haya impunidad porque mientras no sea eliminada esa ley no tenemos otra salida", insistió de García.

A fines de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado salvadoreño en el caso de las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, desaparecidas en 1982 en pleno conflicto armado, y ordenó acciones de reparación tanto monetarios como morales, luego de que la justicia salvadoreña no avanzara en el caso.

La secuela trágica de la guerra civil salvadoreña fue de más de 75.000 muertos, más de 7.000 desaparecidos y pérdidas económicas por 1.579 millones de dólares".

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