Parlamento limita el margen de maniobra del presidente de Nicaragua

MANAGUA (AFP) – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inició su segundo año de gestión con facultades parcialmente reducidas por una reforma constitucional que entrará próximamente en vigencia, amenazas al sector privado y una oposición en proceso de cohesión.

El paso para este año fue marcado por el Poder Judicial, al ordenar el jueves poner en vigor una enmienda constitucional de 2005 que obliga al presidente a someter a ratificación del Congreso el nombramiento, despidos y traslados de altos ejecutivos, embajadores y rendir cuentas de su gestión.

La resolución fue dictada en el marco de un recurso que fue promovido hace dos años por un grupo civil que se opuso a la decisión del Parlamento de posponer -a petición del anterior gobierno de Enrique Bolaños (2002-07)- la ejecución de las reformas hasta después de su mandato, debido a la crisis de gobernabilidad que había generado su aplicación.

No obstante, cuando Ortega asumió el gobierno en enero de 2007 pidió al Congreso, dominado por la oposición, que extendiera la prórroga por un año más que se cumple este 20 de enero.

Ante la hostilidad que el presidente demostró hacia sus adversarios en su primer año de gobierno, los legisladores amenazaron con poner en vigor las reformas sin más aplazamientos.

La justicia se adelantó con un sorpresivo fallo en el cual reconoce parcialmente al Parlamento algunas atribuciones sobre el Ejecutivo, que habían sido establecidas en las reformas, como supervisar su desempeño.

Pero por otro lado declara "inconstitucional" las pretensiones de los diputados de quitarle a través de una enmienda al mandatario el derecho de controlar el seguro social y las operaciones de las empresas nacionales y extranjeras de agua, luz y teléfono, que son las que generan más ingresos.

"Nos sentimos satisfechos" con el fallo, dijo Ortega, tras anunciar que acatará las reformas que entrarán en vigencia cuando la sentencia sea publicada en la Gaceta, diario oficial del gobierno.

Los diputados de la oposición descalificaron la actuación del Poder Judicial, de reconocida influencia sandinista, por arrogarse el derecho de derogar disposiciones constitucionales y leyes que no son del agrado de Ortega.

Los legisladores hicieron alusión a otra sentencia dictada el jueves por la Corte en la que reitera su decisión de anular una ley del Congreso que prohibía al mandatario formar Consejos populares en el gobierno, y haber concedido a Ortega la facultad de crearlos con "decretos administrativos".

Esta sentencia es "peligrosa" porque "le da a la Corte Suprema la facultad para declarar inconstitucional cualquier ley que políticamente no le interese al Frente Sandinista", advirtió el vicepresidente del Parlamento, el liberal Wilfredo Navarro.

Ortega lanzó sus dardos contra los "inversionistas nacionales y extranjeros" al los que acusa de no pagar sus impuestos y no contribuir al desarrollo social, culpándolos indirectamente de ser uno de los causantes de los pocos avances que registra su gobierno contra la pobreza que prometió erradicar (70%).

También arremetió contra el "capitalismo salvaje" y amenazó con retirar el dinero que el Estado tiene depositado en la banca privada si los banqueros no aceptan negociar el pago de una deuda interna heredada que consume su presupuesto.

"No jueguen con fuego", advirtió Ortega durante un acto público.

La oposición, por su lado, inició un proceso de entendimiento al conformar en el Congreso un frente común contra el gobierno integrado

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