Comisión contra la Impunidad pretende un cambio de la política en Guatemala

GUATEMALA (AFP) – La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) quiere conseguir un cambio político para que el país cumpla las reglas en materia de seguridad pública, fiscalía y justicia, asegura el responsable de la misma, el jurista español Carlos Castresana.

"No sólo hay altos índices de delincuencia, sino que hay una marcada incapacidad de las instituciones para dar la respuesta que el organismo jurídico requiere. Eso es básicamente la impunidad, no es que no haya reglas, sí las hay pero no se aplican", asegura Castresana en una entrevista con la AFP.

Para este precursor de la aplicación de la jurisdicción penal universal en España, que trabajó en la Fiscalía Anticorrupción y quien junto con el magistrado Baltasar Garzón posibilitaron la detención del general chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, los tres rubros donde se producen las principales "carencias" son la seguridad pública, es decir, la policía, la fiscalía y los tribunales.

"No es un problema de uno de ellos nada más, es un problema de todos", afirma mientras se come un sandwich y un refresco que le compra su ayudante a modo de almuerzo.

El problema en Guatemala se arrastra desde el conflicto armado (1960-1996). Pese a que estaba previsto en los acuerdos de paz firmados hace una década, no se desmantelaron los cuerpos ilegales ni los aparatos clandestinos de seguridad.

"Para que nos entendamos, aquellos grupos que desde dentro del Estado y de manera clandestina desarrollaron la tarea de contrainsurgencia, que terminado el conflicto armado debieron disolverse o ser disueltos por las autoridades democráticas, y que sin embargo siguieron existiendo y en la década pasada, fueron degenerando hacia fenómenos de delincuencia común y organizada", dice.

Castresana asegura que "hoy en día, hay una delincuencia organizada muy importante que amenaza a los pilares del Estado, porque está dentro de las instituciones. No es que se haya infiltrado, es que siempre estuvo ahí".

De los 6.000 homicidios registrados el pasado año, la inmensa mayoría quedaron sin esclarecer, y hay barrios en las zonas urbanas, que están bajo el control de las maras (pandillas), donde la policía nunca entra, recuerda.

Incluso en algunos centros penitenciarios, las autoridades se han encontrado que había gente que estaba cumpliendo condena por encargo -el condenado estaba en la calle-, y las celdas servían para retener a secuestrados de los grupos del crimen organizado, mientras esperaban a que las familias pagasen el rescate, recuerda.

Por todo ello, elogia el "gesto de valentía política" de las autoridades guatemaltecas que han acudido a la comunidad internacional para pedir ayuda ante la imposibilidad por ellas mismas de poner coto a la impunidad.

"Hay un aporte muy importante que no consiste en inventar nada, sino en traer aquí lo que funciona en otros países: construir prueba científica, basar las acusaciones en investigaciones, con huellas dactilares, en la balística, en el ADN, que son pruebas mucho más objetivas y estables que no es tan fácil de desarbolar en el primer incidente procesal", dice.

Castresana espera que los dos años de mandato de la Comisión, creada en diciembre del 2006 tras un acuerdo de la ONU y el gobierno guatemalteco, aunque entró en vigor el 4 de septiembre pasado, y que contará con unas 150 personas entre juristas, policías y personal administrativo, se traduzcan en "un antes y un después en materia de impunidad".

"No es una cuestión legal, es una cuestión pol&ia

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