Menchú insiste en acusar de genocidio a militares ante justicia española

GUATEMALA (AFP) – La Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, insiste en llevar ante la justicia española a siete ex altos cargos guatemaltecos por el delito de genocidio al accionar contra cinco magistrados que dictaminaron a favor de los supuestos implicados.

Menchú accionó ante el Centro Administrativo de Gestión Penal el jueves en contra de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial en esta nación, al considerar que el fallo impide investigar el genocidio que se cometió durante la guerra que vivió el país (1960-1996).

La denuncia de la líder indígena y ex candidata presidencial en las pasadas elecciones del 9 de setiembre se derivó del fallo de la CC del 12 de diciembre último donde resolvió que España no tiene jurisdicción para juzgar a cinco generales y dos civiles sindicados de genocidio cometido en Guatemala.

El fallo dejó sin efecto la orden de captura, con fines de extradición a España, de los ex dictadores Efraín Ríos Montt (1982-83) y Oscar Mejía (1983-1985), así como los generales Aníbal Guevara, Germán Chupina y Benedicto Lucas García.

Además, están involucrados los civiles Pedro García Arredondo y el ex ministro del Interior, Donaldo Álvarez, quien huyó de Guatemala a principios de los años 80 y supuestamente está refugiado en México.

"Hubo una resolución sospechosa y tendenciosa que se debe investigar. Ellos (los magistrados) se fundamentaron en los acuerdos de paz y tratados internacionales, pero según su conveniencia", refutó la laureada en 1992, quien en 1999 inició la demanda en España.

Los magistrados que aprobaron la resolución son Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón, Roberto Molina, Alejandro Maldonado y José Quezada.

Derivado de la resolución, el juez español Santiago Pedraz, renunció el pasado miércoles a seguir con las investigaciones en Guatemala.

Pedraz argumentó su decisión en que el Estado no colabora en las pesquisas y viola los compromisos adquiridos internacionalmente de perseguir ese delito de lesa humanidad.

No obstante, Pedraz dejó vigentes las órdenes de captura internacional, y pidió que testigos usen juzgados de países vecinos para declarar sobre el genocidio cometido en este país centroamericano.

Menchú considera que el fallo de los magistrados fue por discriminación, toda vez que los magistrados no son indígenas y favorecieron a los sindicados.

Ante ello, Menchú advirtió que denunciará esa situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales.

La líder indígena también anunció que 13 testigos de masacres declararán en la Audiencia Nacional española en febrero próximo.

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