Texas anula cadena perpetua a dos mexicanos tras 12 años de cárcel

Dallas.- La Corte de Apelaciones Criminales de Texas anuló el viernes las sentencias de cadena perpetua a dos mexicanos encarcelados los últimos 12 años de su vida, por falta de evidencias que los ligaran con el homicidio por el que fueron procesados.

La decisión de la Corte significa que, cuando menos, se programarían nuevos juicios para Alberto Sifuentes y Jesús Ramírez, los dos inmigrantes declarados culpable del homicidio de Evangelina "Angie" Cruz, el seis de agosto de 1996 en Littlefield, al noroeste de Texas.

"Finalmente la justicia ha llegado para Jesús y Alberto", dijo Barry McNeil, abogado del bufete Haynes and Boone, LLP, que a lo largo de seis años ha defendido a los mexicanos de manera gratuita.

"Estos dos hombres han sufrido por demasiado tiempo como víctimas de nuestro sistema legal", señalo McNeil.

"Esperamos que los procuradores que manejan este caso procedan de inmediato a eliminar las acusaciones que tan erróneamente fueron presentadas contra estos dos hombres", dijo el abogado.

"Ellos son inocentes. No hay la más mínima evidencia en su contra y ellos merecen ser liberados de inmediato", afirmó.

Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, los dos mexicanos deberán ser traslados de una cárcel estatal a una del condado de Lamb, para esperar la decisión del procurador de dicha jurisdicción.

El procurador podría decidir eliminar las acusaciones y liberar a los inmigrantes o presentar nuevamente los cargos a un jurado.

McNeil dijo que se solicitará a la Oficina del Procurador Estatal de Texas recomendar que Sifuentes sea liberado de inmediato, dado que esa instancia manejó los procedimientos en la apelación del inmigrante.

La Oficina del Procurador del Condado de Lamb controla el caso de Ramírez.

Sifuentes de 34 años, y Ramírez de 59, fueron sentenciados en juicios separados a cadena perpetua, sin que existiera evidencia física que los ligara con el asesinato de Cruz, quien trabajaba en una tienda en la pequeña comunidad de Littlefield.

Ninguna evidencia liga a los mexicanos con el homicidio de la mujer. Las autoridades no localizaron ninguna pistola, ni rastro de sangre, ni huella dactilar, ni muestra de ADN, ni ninguna otra prueba.

Toda la acusación en su contra se basó en un solo testigo, que ahora se sabe, no estuvo en el lugar del crimen cuando ocurrió.

La víctima alcanzó a reportar el crimen al número de emergencia 911 y en sus últimos momentos de vida, logró describir a sus asaltantes como dos hombres hispanos de entre 18 y 20 años de edad, que habían huido en un auto dorado.

La descripción de los homicidas no corresponde con la de Sifuentes y Ramírez.

Sus abogados defensores han sostenido siempre que ambos se encontraban a 50 kilómetros del lugar, en un bar en Lubbock, cuando ocurrieron los hechos.

La policía los detuvo siete días después del homicidio, con base en la identificación de Brenda Ayala, quien dijo haber estado en la tienda donde ocurrió el homicidio y haber visto a Sifuentes salir de ella.

Con ese único sustento, el procurador del condado de Lamb, acusó a los mexicanos y los condujo a un juicio por separado.

El primer proceso, contra Ramírez, su primer abogado defensor no investigó el caso por lo que no refutó el testimonio de Ayala ni se enteró de la existencia de otros posibles testigos que hubieran podido declarar que el acusado estaba en un bar cuando ocurrió el homicidio de Cruz.

Ramírez es sentenciado a cadena perpetua en mayo de 1998. Meses despu&

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