Familias rechazan cerco militar a rehenes ordenado por Uribe en Colombia

BOGOTA (AFP) – Familiares de los rehenes de las FARC rechazaron la orden del presidente colombiano, Alvaro Uribe, a los militares de cercar las zonas donde esa guerrilla tenga a los cautivos para presionar su liberación, advirtiendo que los pone en riesgo de muerte.

“Esa declaración nos muestra que a él (Uribe) la vida de los retenidos no le importa, que no tiene ningún problema para poner en riesgo la vida de los secuestrados”, dijo a la AFP Yolanda Pulecio, madre de la política franco-colombiana Ingrid Betancourt, cautiva desde el 23 de febrero de 2002.

Pulecio evocó el caso de 11 ex diputados rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), que murieron en junio pasado en hechos confusos.

“Fue lo que pasó con los diputados, en medio de una balacera pueden morir, es ponerlos en peligro. Eso me tiene muy preocupada y triste”, añadió. La guerrilla aseguró que los políticos murieron en un ataque de un grupo militar no identificado, pero el gobierno dice que fueron ejecutados por las FARC.

El sábado, Uribe dijo que ordenó a la fuerza pública “localizar los sitios donde están los secuestrados, rodearlos, y en el momento en que lo estén convocar a la comunidad nacional e internacional para definir un procedimiento humanitario” hacia su liberación”.

Magdalena Vivas, madre del teniente de la policía Elkin Hernández, capturado hace una década, consideró “absurda e inaudita” la iniciativa, indicando que “es un rescate, lo cual significa la muerte”.

“Me preocupa que las FARC lo tomen como un intento de rescate”, señaló Lucy Artunduaga, esposa del ex senador Jorge Géchem, gravemente enfermo tras cinco años de retención, según recientes pruebas de vida.

Estela Buitrago, hermana del teniente de la policía Julio César Buitrago, comparte de ese punto y pide no olvidar el episodio de los ex diputados, muertos tras cinco años de cautiverio. “Con las FARC no se sabe qué pueda pasar”, dijo a radio Caracol.

La orden del presidente también fue rechazada por organizaciones de derechos humanos, el mayor sindicato del país y líderes opositores.

“Alertamos sobre la posibilidad de que esto conduzca a un desenlace fatal, ya hay antecedentes muy negativos en este sentido”, expresó Iván Cepeda, portavoz de un movimiento de víctimas de crímenes de Estado, a la radio RCN.

El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, afirmó que ese sindicato se opone a “cualquier acción que ponga en peligro a los secuestrados”, y pidió centrarse en el canje humanitario.

“El día que eso suceda, las FARC aniquilan” a los rehenes, advirtió a su vez el congresista Wilson Borja, del Polo Democrático (izquierda).

Por su parte, el experto en seguridad John Marulanda estimó poco viable la iniciativa, porque “implicaría inmovilizar gran cantidad de tropas en amplias zonas, lo cual llevaría a eventuales combates que justificarían la ejecución de los rehenes por parte de la guerrilla”.

Las FARC retienen a 43 personas, incluidos políticos, militares, policías y tres estadounidenses, a quienes exigen canjear por 500 de sus prisioneros tras una negociación en dos municipios del sur del país que piden desmilitarizar.

Uribe reiteró el sábado su rechazo a ese pedido, y llamó nuevamente a los guerrilleros a desertar con los rehenes a cambio de recompensas y amnistías.

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