Gobierno chileno cedió a demandas de activista pro mapuche que depuso ayuno

SANTIAGO (AFP) – La huelga de hambre que tras 110 días finalizó la activista Patricia Troncoso forzó al gobierno chileno a otorgarle beneficios carcelarios a ella y a otros dos activistas presos, y a nombrar un encargado de asuntos indígenas para resolver las tensiones por tierras en el sur de Chile.

La Iglesia Católica, que ofició de mediadora entre la huelguista presa y el gobierno, anunció la tarde del lunes el fin del ayuno mientras, el palacio de La Moneda designaba a Rodrigo Egaña como comisionado presidencial para encauzar el diálogo con las comunidades indígenas.

Entre los beneficios otorgados por el gobierno, según lo pidió la propia Troncoso, figuran las salidas de fin de semana y el traslado desde la cárcel a un centro de trabajo y educación para seguir cumpliendo las condenas.

Los otros dos beneficiados son los activistas mapuches Juan Millalen y Jaime Marileo, con quienes Troncoso fue condenada en 2001 a diez años de prisión por un ataque incendiario a un predio privado en el sur de Chile, que las comunidades indígenas consideran parte de sus tierras ancestrales.

Los activistas fueron procesados bajo una draconiana ley dictada por el dictador Augusto Pinochet (1973-90) que establece altas penas a quienes sean condenados por actos "terroristas".

La extensa huelga de Troncoso -de 39 años de edad y que no pertenece a la etnia mapuche- reactivó el conflicto en el sur de Chile, donde los activistas de las comunidades indígenas han protagonizado esporádicos ataques incendiarios y tomas de predios privados o de compañías forestales.

El caso Troncoso provocó manifestaciones en algunas ciudades del país y sensibilizó a organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos o Amnistía Internacional, que pidieron al gobierno acceder a sus demandas.

Los mapuches "sumaron una creciente legitimidad internacional. Si a eso agregamos que Patricia Troncoso fue sentenciada usando una ley antiterrorista heredada de la dictadura, el gobierno tenía todas las de perder si no negociaba", explicó a la AFP el analista político Patricio Navia.

A pesar de que finalmente el gobierno negoció, Navia advierte que la solución no será fácil. "Resulta difícil imaginar cómo se encontrará una solución permanente al conflicto. Creo que ambos ganaron tiempo, pero la solución definitiva dista mucho de ser una realidad posible", dijo.

Uno de los principales objetivos del nuevo encargado de asuntos indígenas será lograr que el Congreso apruebe cuanto antes una ley para otorgar el reconocimiento constitucional a los pueblos aborígenes.

"Hay una cuestión que es muy relevante, que es cómo avanzamos en los cambios necesarios para que la sociedad chilena asuma más plenamente su carácter multicultural", agregó Egaña.

Los mapuches demandan recuperar miles de hectáreas que consideran suyas por derechos ancestrales o bien que, aseguran, fueron usurpadas a sus antepasados en transacciones irregulares amparadas por el Estado.

No existe una estimación oficial de la extensión total de tierras que reclaman los mapuches. Hasta 2006 el Estado chileno había entregado unas 504.000 hectáreas a esas comunidades.

Los mapuches o "gente de la tierra" representan el 6,6% de la población chilena de 16 millones de habitantes, la mayor etnia indígena del país.

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