Comisionada de ONU termina visita a México con críticas a derechos humanos

MEXICO (AFP) – La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, finaliza este viernes una visita de cuatro días a México, donde criticó la participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico.

En su último día de una visita de cuatro días a México, la comisionada reiteró que el empleo del ejército en labores de la policía es problemático, “pues es fundamentalmente inapropiado, en cuanto a la capacitación, la filosofía y las perspectivas” de los militares.

En una conferencia de prensa, en la que hizo un balance de sus actividades en México, además se pronunció a favor de que los tribunales civiles resuelvan los casos de militares que violen los derechos humanos, mientras el ejército haga labores de seguridad pública.

“Deben estar disponibles recursos efectivos ante las violaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar”, agregó.

La funcionaria de la ONU recomendó al ejército diseñar un esquema de uso de la fuerza orientado a resolver los conflictos en los tribunales y evitar orientar su fuerza a una escalada de violencia que promueva las ejecuciones extrajudiciales.

En los últimos 13 meses el crimen organizado ha ejecutado en México a más de 2.500 personas.

La representante de la ONU urgió al gobierno mexicano a destinar recursos para profesionalizar y garantizar la integridad de las corporaciones policiales.

El presidente Felipe Calderón, del conservador partido Acción Nacional, puso en marcha al inicio de su mandato en diciembre de 2006, una guerra contra el narcotráfico, con la que recurrió a las fuerzas armadas, tradicionalmente desligada de las cuestiones internas.

Según cifras de la secretaría de la Defensa se destinaron hasta ahora 36.600 militares para esta tarea y 537 retenes se han instalado en todo el país, que incluyen carreteras, así como puertos marítimos y aéreos.

En este lapso se registraron ya incidentes en los que resultaron afectados inocentes, como el asesinato en junio pasado de una familia de cinco personas, entre ellas tres niños, en un retén militar en Sinaloa (noroeste) y la violación en mayo pasado de cuatro menores, entre otros.

Desde su primer día en México Arbour puso el tema en el ambiente político mexicano, al señalar en una entrevista en televisión que la participación del ejército en tareas de seguridad pública a largo plazo es “francamente peligroso”.

Al día siguiente, durante una reunión en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario respondió esos comentarios.

“La participación del Ejército y la Marina es una labor subsidiaria que, en la medida en que avance la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica”, dijo Calderón.

Pero aclaró que la obligación principal del Estado mexicano es garantizar la paz y la seguridad de los mexicanos y que la mayor amenaza a las garantías individuales es la que ejerce el crimen organizado.

A pesar de las críticas, el gobierno mexicano renovó el acuerdo que estableció en 2002 para que el Alto Comisionado de la ONU mantenga una oficina en el territorio nacional. Arbour y el presidente Calderón firmaron un convenio hasta el 2012.

Durante su visita, Arbour se reunió con diversas autoridades y con organizaciones sociales, así como con senadores mexicanos, entre los que también se desató un debate sobre las versiones de que en México hay presos políticos.

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