Ultimátum de seis regiones a Morales agrava la crisis política boliviana

LA PAZ (AFP) – El ultimátum al presidente Evo Morales por parte de seis regiones opositoras para que resuelva antes del miércoles sus demandas -incluyendo un cambio de capital en Bolivia- dejó agonizante un posible acuerdo nacional y en cambio abrió el camino para un endurecimiento de la pugna.

“Ellos (los prefectos) están rompiendo el diálogo”, afirmó este viernes el vocero de gobierno, Alex Contreras, al comentar el ultimátum planteado el jueves por las autoridades regionales de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba y líderes civiles de Chuquisaca.

Las representantes de los seis departamentos, reunidos en la ciudad de Sucre (sureste), urgieron al gobierno de Morales a responder a sus demandas “hasta el miércoles 13 en curso, en cuyo defecto, nos veremos en la necesidad de tomar las medidas que el caso aconseje”.

La advertencia -que amenaza con desatar nuevas manifestaciones callejeras- surgió pocas horas antes de que una mesa técnica de trabajo entre el gobierno y las prefecturas se reanude este viernes, lo que puso en duda su realización.

Las conversaciones entre el gobierno y las nueve regiones -seis de ellas opositoras- fueron instalados hace un mes para discutir las controversias sobre la nueva Constitución de naturaleza indígena y estatista, los estatutos autonómicos que pretenden las regiones otorgarse a sí mismas y una ley que reduce presupuestos de las prefecturas.

Las seis regiones piden revisar el proceso de aprobación de la Carta Magna, dejar sin efecto un recorte de fondos públicos que bordea los 157 millones de dólares, y ratificaron su intención de formar gobiernos autónomos que el oficialismo considera secesionistas.

A esas demandas, las seis regiones introdujeron en el jueves un apoyo al centenario pedido de Chuquisaca (Sucre) por recuperar la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en perjuicio de La Paz que ostenta la condición de sede de gobierno desde hace un siglo, cuando ganó una guerra civil.

Pidieron entonces al gobierno -que se opone totalmente- convocar a un referendo nacional para definir si Sucre o La Paz, el bastión político del presidente indígena, se quedan con los dos poderes, además del judicial.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, calificó el ultimátum opositor como un “retroceso” a todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno para superar las diferencias en un acuerdo nacional que evite situaciones de descontento y protestas sociales.

El portavoz del gobierno Contreras afirmó que la posición de los prefectos opositores “refleja una actitud beligerante, racista (…) ellos quieren llevar a medidas de presión”.

El clima de beligerancia entre el gobierno y los poderosos prefectos del norte, este y sur de Bolivia, que concentran el 80% del PIB boliviano, surgió cuando el oficialismo impuso a fines de noviembre la aprobación de la nueva Constitución sin debate ni consenso.

Las seis regiones, donde en cuatro se impuso en julio de 2006 un primer referendo proautonómico, respondieron con apurar sus demandas de autonomía financiera y administrativa, aunque niegan afanes separatistas.

Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz tienen borradores de estatutos de gobiernos autónomos y buscan su aprobación en consultas populares, iniciativas secundadas por Chuquisaca y Cochabamba, y repudiadas por Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, que basa su poder en las provincias andinas de La Paz, Oruro y Potosí.

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