El Salvador retira acusación de terrorismo a 13 personas

San Salvador.- Autoridades salvadoreñas retiraron la acusación por actos de terrorismo contra 13 personas detenidas en julio pasado cuando protestaban por un proyecto privatizador de agua que inauguraba el presidente Antonio Saca en Suchitoto.

La medida fue tomada por el Ministerio Público luego de que no encontró ninguna prueba que determinara que los manifestantes habían cometido actos de terrorismo, por lo que el delito se redujo a acciones violentas.

Aunque los arrestados fueron dejados en libertad de manera condicional el 22 de julio pasado, tras la presión de amplios sectores, la semana próxima vencía el plazo para que la Fiscalía presentara pruebas contundentes en el caso.

El veredicto de la Fiscalía de Cojutepeque, del departamento central de Cuscatlán, a 32 kilómetros de la capital, fue emitido el viernes previo a la marcha que el próximo lunes realizarían organizaciones sociales para exigir que fuera eliminada la figura de terrorismo.

"Fue una serie de acciones violentas y eso nos ha hecho concluir que estamos frente a una acción que podemos calificar como desórdenes públicos", aseguró el fiscal del caso de Cojutepeque, Oscar Castro, en declaraciones a la prensa.

El fiscal general de la República (FGR), Félix Safie Garrid, sostenía que los disturbios generados en la ciudad de Suchitoto fueron actos de terrorismo y pusieron en peligro la vida del mandatario y los funcionarios presentes en el acto público.

La policía antimotines reprimió la protesta con gases lacrimógenos y repartió golpes a los manifestantes durante los hechos que dejaron 14 detenidos, entre ellos una periodista que ante la presión de los medios de comunicación salió en libertad días después.

Los detenidos denunciaron que los agentes que tenían la orden de arrestarlos lo hicieron bajo una serie de amenazas y tácticas psicológicas, por lo que el caso fue denunciado a nivel internacional.

Varios organismos internacionales de derechos humanos han visitado el país durante los más de siete meses de detención de los manifestantes para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos que habrían cometido los agentes con el aval del Estado.

El caso llamó la atención a nivel internacional debido a que las personas fueron detenidas bajo el delito "actos de terrorismo".

Antes de los sucesos del 2 de julio, la derecha del Congreso, a través de una solicitud del Ejecutivo, había aprobado la Polémica Ley contra el Terrorismo ante una serie de protestas sociales que se avecinaban e intentaron aplicarla a la protesta en Suchitoto.

– NOTIMEX

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