Insiste Arizona en sancionar patrones que contraten indocumentados

San Diego.- Un juez federal autorizó el viernes que Arizona ponga en vigor una ley estatal que sanciona a patrones que contraten indocumentados, pero una coalición de organizaciones nacionales dijo que apelará la anticonstitucionalidad de la decisión.

El magistrado Neil Wake determinó que la Ley de Sanciones a Patrones o Ley de Responsabilidades de Arizona, que establece la suspensión temporal de operaciones a quienes contraten indocumentados, carece de contradicción con las leyes federales de migración.

Ante esta medida, un abogado de la mayor organización legal en el país, la Unión de Libertades Civiles Estadunidenses (ACLU), Daniel Pochoda, dijo que en coalición con otras organizaciones nacionales, se apelará esa decisión del magistrado en Phoenix.

"Arizona trata de aplicar inapropiadamente sus propias leyes de migración. Es una ley anticonstitucional, porque las leyes de migración corresponden al gobierno federal, no a los estados", dijo Pochoda en entrevista con Notimex.

La ACLU, el Fondo México-americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y el Centro Nacional de Leyes de Migración (NILC) pedirán una restricción a esa ley en la Novena Corte de Apelaciones en San Francisco, con jurisdicción para todo el oeste estadundiense.

Una abogada de Maldef, Kristina Campbell, afirmó a su vez que una decisión de la Corte de Apelaciones sobre la ley estatal de Arizona serviría de antecedente para restringir también legislaciones de otros estados que buscan aplicar leyes de migración, como Oklahoma.

Sin embargo, el procurador general en Arizona, Terry Goddard, reiteró por su parte en un breve comunicado que "mi oficina continuará una defensa vigorosa de esta ley en la Novena Corte de Circuito en California".

El gobierno de Arizona ha expresado desde que la ley fue aprobada en referendo, en el verano pasado, su disposición de llevar el caso más allá de la Corte de Apelaciones, hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.

Pero el director legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Omar Jadwat, dijo que esta ley rebasa el hecho de que Arizona trate de imponer sus propias leyes de migración por encima de la Constitución, ya que comete actos de discriminación.

"La ley estatal impone discriminación a trabajadores autorizados en Arizona que pierden sus empleos por fallas en el sistema de verificación" de documentos, que cada empresa haría al compararlos con datos de un centro nacional de información de autoridades federales.

Jadwat señaló que "Arizona hace algo así como dispararse en el pié al querer imponer un sistema de sanciones drástico y sin precedentes que castiga a trabajadores inocentes, cierra empresas y discrimina a las personas por el tono de su piel".

La Cámara de Comercio de Estados Unidos también se opone a esa ley estatal que sancionaría a las empresas.

Los agroindustriales organizados de Yuma advirtieron por su parte, antes de que la ley entrara en un periodo de observación el 1 de enero pasado, que la legislación aumentaría una escasez de campesinos que podría llevar al sector a una catástrofe.

– NOTIMEX

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