México tiene poca capacidad para investigar crímenes contra periodistas

MÉXICO (AFP) – México cuenta con una débil fiscalía destinada a investigar los crímenes de periodistas, pese a ser el país más “mortífero” de América Latina para el trabajo de la prensa, donde desde 1994 han muerto 62 reporteros, de acuerdo a fuentes legislativas.

Entre persecuciones de narcotraficantes o políticos, los periodistas en México enfrentan un panorama “trágico”, pero lo peor es que la fiscalía especializada para investigar los crímenes contra ese gremio “es muy débil”, dijo a la AFP el presidente de la comisión encargada del tema en la Cámara de Diputados, Gerardo Priego.

La fiscalía, creada hace dos años, “no tiene suficientes recursos ni suficiente personal”, añadió Priego.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) registró el asesinato de 34 periodistas sólo de 2000 a octubre del 2007.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México por su parte ha contabilizado la muerte de 35 periodistas desde 2000 y la desaparición de seis más, dijo días atrás su titular José Luis Soberanes.

Los asesinatos de periodistas constituyen “un fenómeno trágico”, una “realidad que enfrenta una completa indiferencia” por parte de los gobiernos federales y locales, añadió Priego, quien ha contabilizado la muerte de 62 desde 1994 y tres en lo que va del año.

En su informe sobre el 2007, RFS señaló que México “se mantiene en el puesto de país más mortífero del continente para los periodistas, con dos muertos y tres desaparecidos” el año pasado.

“El compromiso de algunas autoridades con el crimen organizado no incita al optimismo”, pese a que “la libertad de expresión ha progresado jurídicamente con la despenalización de los delitos de prensa a nivel federal”, dijo RSF, que también contabilizó los asesinatos de “tres colaboradores de medios de comunicación (no periodistas)” en 2007.

La frontera norte de México, colindante con Estados Unidos, es la zona más peligrosa para los periodistas, de acuerdo con varias organizaciones de reporteros.

En esa área, donde los cárteles de drogas tienen sus bastiones, es usual que los medios de comunicación caigan en la autocensura en un intento por evitar el asesinato de más periodistas que se han registrado muchas veces en plena luz del día.

“No se sabe” si los autores de los homicidios provienen del “crimen organizado o de servidores públicos al ser investigados por corrupción”, declaró a la AFP Lydia Cacho, una periodista que fue detenida arbitrariamente en diciembre de 2005 en Cancún (este) y trasladada a Puebla (centro).

En Puebla reside un empresario que la denunció por difamación después de que reveló su participación en una red de pederastas, una acción que después la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró exenta de violaciones a sus derechos humanos.

“Es curioso que después de cada asesinato las autoridades anuncian que se trata del crimen organizado, cuando no se han hecho investigaciones”, añade Cacho tras asegurar que la fiscalía no ha resuelto “ningún caso” desde su creación.

Cacho, cuyo caso tuvo repercusión internacional, añadió que en 2006 la fiscalía especial interpuso una demanda después de su arresto y estaba casi lista la orden de detención de los judiciales que la detuvieron pero el caso “se congeló”.

La AFP intentó contactar sin éxito durante más de una semana al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

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