Piden a CIDH intervenir para detener abusos contra inmigrantes

Defensores de
los derechos humanos pidieron el viernes a la CIDH su intervención para poner
fin a los abusos cometidos desde Estados Unidos contra inmigrantes en la
frontera con México, tras acusar a Washington de fracasar en sus intentos.

La petición fue
hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco
de su 131 Periodo Ordinario de Sesiones, que tiene lugar en esta capital, donde
destacaron los abusos contra inmigrantes cometidos a manos de grupos privados
de vigilantes.

Los grupos
defensores coincidieron en que la CIDH requiera al gobierno estadounidense el
establecimiento de una política de “cero tolerancia” contra grupos
como los Minuteman y nombrar un fiscal especial que revise e investigue casos
pasados de abusos.

Consideraron
además necesaria la creación de un banco de datos que permita el monitoreo y
análisis de abusos y casos de hostigamiento no sólo contra inmigrantes sino
también contra residentes de la zona fronteriza, particularmente de origen
hispano.

“En los
últimos años hemos visto un alarmante y sin precedente aumento en el número de
casos criminales cometidos por civiles contra inmigrantes en el sur de Arizona,
y funcionarios del gobierno de Estados Unidos han fracasado en tomar
acción”, dijo Seanna Howard.

La abogada del
Programa de Política Para grupos Indígenas de la Universidad de Arizona dijo
que muchas de estas organizaciones mantienen nexos con otras supremacistas y
neo-nazis, de los que en muchos casos reciben financiamiento.

Howard señaló
que al fracasar en detener la violencia contra inmigrantes a manos de estos
grupos, Estados Unidos viola la Declaración de Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, de la cual es signante.

Ante
comisionados, agregó que la responsabilidad de Estados Unidos frente a estos
casos derivaba de la omisión en que ha incurrido al no iniciar acciones legales
contra los grupos de vigilantes, que en la mayoría de los casos han violado
leyes federales y estatales.

Denunció
asimismo que las repetidas solicitudes escritas para iniciar acciones al
Departamento de Justicia, la fiscalía del Condado de Cochise y el Procurador
General de Arizona han sido mayormente ignoradas.

“(El
gobierno de) Estados Unidos esta consciente de la actividad de grupos
vigilantes y no ha cuestionado su ocurrencia. De hechos el presidente George W.
Bush ha denunciado estos grupos como vigilantes”, dijo.

Con ello, el
gobierno está negando a las víctimas de estos abusos utilizar los mecanismos
domésticos existentes para remediar esta situación, añadió.

Royce Min,
abogado del Departamento de Estado, pidió por su parte a la comisión desechar
las demandas de los peticionarios y en particular una presentada por éstos,
argumentando que no han agotado los remedios domésticos a su disposición.

Citó instancias
en que las autoridades federales y estatales han iniciado acción contra algunos
responsables como Roger Barnett, de Arizona, objeto de demandas civiles y
penales por abuso y agresiones contra inmigrantes, incluso residentes legales,
todos hispanos.

Jennifer Allen,
de la Red de Acción Fronteriza, dijo por su parte a los comisionados que los
remedios domésticos han sido insuficientes para detener la ocurrencia de estos
abusos.

“Tenemos
reportes de que nuevos grupos se están formando y eso es reflejo del fracaso de
las acciones y la ausencia de políticas para confrontarlos”, agregó la
activista, cuyo grupo presentó la demanda.

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