Asistencia a migrantes: la intención hace la diferencia.

Por Mauricio Farah Gebara

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un precedente

de la mayor importancia, relacionado con el artículo 139 de la Ley General de

Población.

El máximo tribunal del país señala que albergar o transportar extranjeros

indocumentados adquiere la figura de tráfico de personas cuando con estas

acciones se persiga la obtención de un beneficio económico y que, por lo tanto,

no incurre en delito quien lo haga con fines humanitarios.

Los ministros precisan textualmente que no cometen un delito las

“personas o agrupaciones que por cuestiones humanitarias, y siguiendo la

tradición mexicana de asistencia, apoyo y ayuda al necesitado, alberguen o den

transporte a extranjeros indocumentados, en ejercicio de un acto de buena

fe”.

De esta forma, el pronunciamiento de la Corte excluye de la comisión del

tráfico de personas a las docenas de casas de ayuda, de auxilio o de asistencia

a migrantes que existen en el país.

De igual forma a las personas que de manera recurrente o aislada ofrecen

alimento, transporte o alojamiento a los migrantes de otros países que se

internan a México de manera irregular, la mayoría de Centroamérica y la

mayoría, también, con la intención de llegar a Estados Unidos.

Estas casas son un verdadero oasis para los migrantes en México, quienes

padecen todo tipo de abusos, en detrimento de su integridad física y moral, por

parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno y por integrantes de la

delincuencia común y organizada.

En la mayoría de las casas, la estancia de los migrantes está reglamentada:

pueden quedarse una noche o dos, en algunos casos más, y en ellas reciben

alimento y la oportunidad de bañarse y descansar.

Si bien carece de una política migratoria moderna y con perspectiva de

derechos humanos, que dé rumbo a las funciones migratorias de la autoridad y

que dé acceso a los migrantes a la justicia y salvaguarde sus derechos

fundamentales, las casas de ayuda a migrantes se han constituido en auténticas

benefactoras de los migrantes, al ofrecerles descanso y comida y, al menos,

unas horas o días de tranquilidad en medio de su azaroso tránsito.

La determinación de la Suprema Corte establece un contrapunto alentador

respecto de lo que sucede en Estados Unidos, donde la ley castiga a quienes

ayudan a los migrantes, incluso si lo hacen en circunstancias en las que

peligra la vida de éstos de manera evidente.

En otros aspectos, en México se realizan, de derecho o de facto, muchas de

las prácticas en contra de los migrantes que desde aquí censuramos cuando se

trata de mexicanos en Estados Unidos.

Por ejemplo, nos oponemos a que en Estados Unidos se penalice a la

migración y a los migrantes, y en México la migración está penalizada.

Si bien la disposición aquí no se aplica, sí contribuye a crear un entorno

que hace propicio el abuso, la amenaza y la extorsión a migrantes. Aprobada la

despenalización de la migración en la Cámara de Diputados, está pendiente la

aprobación correspondiente en el Senado.

Otro ejemplo de que aquí hacemos lo que allá condenamos es que en México

nos oponemos a que en Estados Unidos policías estatales detengan a migrantes

por su condición migratoria, pero en nuestro país sigue ocurriendo.

En México, como en Estados Unidos, la ley federal determina que sólo unas

autoridades, los agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Policía

Federal Preventiva, en el caso nuestro, están facultados para realizar

verificaciones migratorias ilegales.

Pero en la realidad, muchas son las corporaciones policíacas estatales y

municipales que verifican la condición migratoria de las personas y las

detienen si no acreditan su legal estancia en el país, o bien, no las detienen

pero sí las maltratan y las extorsionan.

Un tercer ejemplo, el más evidente: protestamos cuando sabemos de casos de

migrantes mexicanos agredidos o asesinados en EU, en tanto que en México los

migrantes son víctimas de la más amplia gama de abusos, desde el insulto hasta

la agresión, desde el robo hasta la violación.

En buena hora que la Corte haya precisado la diferencia entre las

intenciones del tráfico de personas y las de la asistencia.

En efecto, era ya tiempo de que reconociéramos como Estado la diferencia que

existe, en el caso del alojamiento y ayuda a migrantes, entre el fin operis y

el operantis, es decir, la finalidad de la obra o de la acción, y la finalidad

del que la realiza.

Las casas de migrantes, instaladas y operadas en su mayoría por generosas organizaciones

y personas, han quedado a salvo ya de la siempre latente tentación, aunque en

eso ha quedado, de algunos agentes de la autoridad de intervenir en ellas sólo

por sospecha o por la sistemática intención de quienes, sin prueba alguna,

señalan culpas y argumentan faltas para tratar de impedir que la asistencia a

los migrantes continúe. (Notimex) (El autor es Quinto Visitador General de la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos)

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