Ministro del Interior de México bajo la lupa por supuestas irregularidades

MEXICO (AFP) – El ministro del Interior de México, Juan Camilo Mouriño, mano derecha del presidente Felipe Calderón, está bajo la lupa como consecuencia de la acusación de la izquierda por supuesto tráfico de influencias en Petróleos Mexicanos (Pemex), en beneficio de las empresas de su familia.

La dura pelea de fondo se da entre dos pesos pesados de la política mexicana como Mouriño y el líder opositor y de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien pretende desbancar al principal operador de Calderón y de paso ampliar su ofensiva contra presuntos planes de privatización de la poderosa Pemex.

Mouriño, un joven acaudalado de 36 años, cabeza de la nueva generación de cuadros del gobernante Partido Acción Nacional (PAN, derecha), está acusado de haber favorecido a empresas de su familia en contratos directos con la estatal Pemex cuando era asesor de la secretaría de Energía en 2003, entonces a cargo de Calderón durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006).

“Los contratos son auténticos y son legales, como es todo lo demás que hice en mi vida profesional, como en mi vida pública, siempre he actuado con estricto apego a la ley”, se defendió Mouriño en una serie de visitas a medios de prensa para intentar frenar la ofensiva opositora.

López Obrador, quien considera que Calderón le ganó las elecciones de 2006 de manera fraudulenta por apenas 0,56% de los votos y lo llama presidente “espurio”, impulsa la formación de una comisión del Congreso para investigar los contratos que la empresa Ivancar, de la familia de Mouriño, suscribió con Pemex.

Según expertos, al reconocer que firmó contratos como apoderado legal de Ivancar con la petrolera cuando era funcionario público, Mouriño puede ser sometido a juicio político por violar disposiciones administrativas y penales.

Mouriño “aceptó la veracidad de los documentos y, además, quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y, como tal, está impedido. Al hacerlo, violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”, dijo Pablo Casas Lías, abogado especializado en derecho penal y administrativo, al semanario Proceso.

En similar sintonía, Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal federal, dijo que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (del Congreso) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal”.

No obstante, antes de un eventual juicio político, el influyente funcionario debería ser despojado de los fueros por parte de un juez.

Mouriño desestimó su renuncia al cargo y los expertos creen que se mantendrá en su función porque una eventual dimisión representaría un golpe al corazón del gobierno conservador.

Nacido en España en 1971, la izquierda intentó una primera estocada contra Mouriño por su presunta doble nacionalidad, apenas asumió en enero pasado, pero ahora lo tiene virtualmente acorralado con las acusaciones sobre los contratos con Pemex.

Desde la estratégica función tiene a su cargo la seguridad interior con el transfondo de la creciente violencia de los cárteles de la droga.

Más de 2.500 personas fueron asesinadas en México, la mayoría en crímenes atribuidos al narcotráfico, desde que Calderón asumió en diciembre de 2006.

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