EU critica situación de derechos humanos en Cuba y Venezuela

Estados Unidos

criticó el martes la situación de los derechos humanos en Cuba y Venezuela y

elogió los avances en Colombia, de acuerdo con el reporte anual del

Departamento de Estado para 2007.

“La

politización del sistema judicial y el hostigamiento oficial a la prensa y a la

oposición política continuaron caracterizando la situación de derechos humanos”

en Venezuela, apuntó.

Indicó que

durante 2007 se reportaron en Venezuela “asesinatos ilegales”,

tortura y abuso de detenidos, desapariciones que involucran a las fuerzas de

seguridad, duras condiciones carcelarias, arrestos arbitrarios y un sistema judicial

corrupto.

También se

denunciaron cateos sin órdenes judiciales, promoción del antisemitismo por el

gobierno, corrupción en todos los niveles del gobierno, violencia contra

mujeres, tráfico de personas y restricciones de los trabajadores al derecho de

asociación.

Señaló que el

gobierno de Hugo Chávez trató de debilitar las instituciones democráticas e

intimidar a la sociedad, pero enfrentó “una vigorosa resistencia”, al

tiempo que criticó la negativa a renovar la licencia de transmisión a Radio Caracas

Televisión.

Sobre Cuba,

indicó que el gobierno continúa negando a sus ciudadanos derechos básicos y

libertades democráticas como el derecho a cambiar de gobierno, a un juicio

justo, y a las libertades de prensa, expresión, asamblea, movimiento y asociación.

Señaló que

aunque el número de prisioneros políticos bajó en 2007 a 240, de los 283

reportados el año anterior, las condiciones carcelarias fueron severas,

incluyendo golpes, hostigamiento y amenazas de muerte contra los disidentes

fuera y dentro de prisión.

Señaló que de

los 75 activistas arrestados y condenados en 2007, 59 siguen en la cárcel.

El Departamento

de Estado dijo que la represión contra disidentes prominentes disminuyó

“en número e intensidad” en comparación con años previos, pero que

aumentaron los arrestos de corto plazo y la detención de ciudadanos comunes

disconformes con el gobierno.

El reporte citó

otros abusos en la sociedad cubana, como violencia doméstica, prostitución de

menores de edad, turismo sexual, discriminación contra afrodescendientes y

restricciones a los derechos de los trabajadores.

Con respecto a

Colombia, el gobierno estadunidense destacó los resultados demostrables de los

pasos del gobierno de Alvaro Uribe para mejorar los derechos humanos y la

situación de seguridad.

Indicó que la

ley de Justicia y Paz en ese país ayudó a la clarificación de más de tres mil

crímenes y llevó a la exhumación de fosas comunes, que facilitó la

identificación de más de mil restos.

Agregó que las

investigaciones de la Suprema Corte y el fiscal general de los vínculos entre

grupos políticos y paramilitares implicaron a varios funcionarios electos,

algunos de los cuales terminaron en la cárcel.

El reporte

citó, sin embargo, casos de abusos a los derechos humanos como asesinatos extrajudiciales,

desapariciones forzosas, colaboración militar insubordinada con grupos ilegales

y paramilitares que rehusaron desmovilizarse.

Mencionó

también casos de tortura, maltrato de detenidos, prisiones hacinadas e

inseguras, intimidación de periodistas, corrupción, hostigamiento a grupos de

derechos humanos, tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual, entre

otros.

Otros casos

incluyen malas condiciones higiénicas para los desplazados, discriminación

contra las mujeres, indígenas y minorías, y trabajo ilegal infantil.

El reporte

denunció que las guerrillas de las FARC y el ELN estuvieron involucradas en

asesinatos a políticos y miembros de las fuerzas de seguridad, desapariciones

forzadas, desplazamientos masivos, intimidación a jueces y testigos.

Asimismo,

involucró a esos grupos en el reclutamiento de niños soldados, ataques contra

activistas de derechos humanos y asesinatos de profesores y sindicalistas.

Además denunció

a grupos criminales integrados por paramilitares desmovilizados, delincuentes

comunes y narcotraficantes, entre otros, involucrados en el tráfico de drogas,

violencia y extorsión.

Sobre México,

señaló que el gobierno generalmente respeta los derechos humanos, aunque

existen problemas en algunos niveles de gobiernos estatales y locales.

Asimismo,

destacó que el país realiza esfuerzos para profesionalizar y reformar a la

policía de la que relevó en el periodo a 284 mandos, incluyendo a 34

comandantes regionales, y capacitó rigurosamente a sus reemplazos.

“Aunque

las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo de las

fuerzas de seguridad, hubo instancias frecuentes en que elementos de las

fuerzas de seguridad actuaron independientemente de la autoridad del

gobierno”, indicó.

En varios

países, como Perú, El Salvador y Brasil, el reporte citó las condiciones

pésimas en las prisiones, así como la violencia de las pandillas, la

prostitución infantil, la discriminación a personas con discapacidades,

indígenas y por su orientación sexual.

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